El obispo que desafió a Franco

Antonio Palenzuela Velázquez, obispo de Segovia desde 1969, era conceptuado por el Régimen de Franco como un hombre peligroso. Convencido de la necesidad de materializar en España los postulados más aperturistas del Concilio Vaticano II, especialmente los que propugnaban la libertad religiosa y la democracia, con su proceder alentaba los posicionamientos más antifranquistas de la Iglesia progresista. Documentación de la época, procedente de los Ministerios de Información, Asuntos Exteriores y Gobernación, pero también de los Gobiernos Civiles de Segovia y Valladolid, así lo acredita.

El momento más tenso en las relaciones entre Palenzuela y las autoridades franquistas tuvo lugar en el otoño de 1973, a raíz de una carta publicada junto a los obispos de San Sebastián (titular y auxiliar) y Bilbao en protesta por la situación de los sacerdotes confinados en la mal llamada «cárcel concordataria» de Zamora, presidio en el que eran recluidos los religiosos contrarios a la dictadura. Como consecuencia de dicho escrito, el 16 de noviembre de 1973, El Norte de Castilla publicaba una entrevista en la que el obispo de Segovia denunciaba el tratamiento que el Régimen dispensaba a los sacerdotes contestatarios. El titular ya lo decía todo: «Los sacerdotes recluidos en Zamora están sometidos a un régimen penitenciario de especial dureza».

Firmada por «Hervás», la entrevista contenía un párrafo que las autoridades consideraban especialmente intolerable: «Yo no he estado en las celdas, pero sí puedo decir que encontré al Padre García Salve [sacerdote encausado en el Proceso 1001 contra Comisiones Obreras] en peores condiciones de salud que en otra visita anterior que le hice. Según él y su abogado, el señor Gil Robles, me han contado, falta espacio para una mínima actividad física, indispensable para la salud; convivencia forzosa en celdas comunes que no permiten el aislamiento que con frecuencia exige el espíritu, máxime en momentos de tribulación; falta de higiene suficiente, vigilancia innecesaria, vejatoria y hasta cruel, que interrumpe el sueño de los reclusos hasta ocho, diez y más veces cada noche; limitaciones inadmisibles a fuentes de lectura y conocimiento más dolorosas para quienes tienes una especial formación intelectual; abusos en la aplicación de medidas disciplinarias en celdas de castigo por motivos nimios, que son más bien pretextos o provocaciones determinantes de inevitables reacciones de rebeldía Resumiendo, los sacerdotes recluidos en la prisión de Zamora están sometidos a un régimen de una especial dureza, que no estaría nunca justificado desde un punto de vista meramente humano».

Al gobernador civil de Valladolid, José Estévez Méndez, le faltó tiempo para enviar la entrevista por telex al director general de Política Interior. Las órdenes de la Dirección General de Prensa a sus delegados fueron inmediatas: «Señalar y prevenir a los directores de periódicos de información general de su respectiva demarcación que la fiscalía del Tribunal Supremo ha estimado que la información publicada en El Norte de Castilla reviste caracteres delictivos y, en consecuencia, se ejercitarán las acciones penales procedentes (). La administración deberá proceder con carácter forzoso a intervenir los ejemplares de las publicaciones periódicas que recojan o transcriban la información publicada en El Norte de Castilla».

La circular aclaraba el carácter delictivo de la entrevista y la obligación de perseguir e incautar todas las publicaciones periódicas no solo diarias que la reprodujesen, recordando que el «secuestro de la publicación no sería ya una medida cautelar de la Administración, sino una exigencia imperativa derivada de su planteamiento penal».

Por si fuera poco, estas declaraciones motivaron que el Régimen franquista preparara un auto para procesar al obispo, como acredita la documentación del Ministerio de Asuntos Exteriores publicada por el profesor Pablo Martín de Santa Olalla: «El 12 de diciembre de 1973 la subsecretaría del Ministerio de Justicia, José del Campo Llarena, enviaba a Laureano López Rodó, Ministro de Asuntos Exteriores, el Auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, solicitando la autorización a la Santa Sede para que pudiera ser enjuiciado de posible conducta delictiva el entonces Obispo de Segovia, Antonio Palenzuela». Sin embargo, el atentado contra Carrero Blanco, el 20 de diciembre de 1973, y el nombramiento de Pedro Cortina como nuevo ministro de Asuntos Exteriores paralizaron dicha decisión.