
A. SANTIAGO
Martes, 29 de septiembre 2009, 12:32
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El primer día de venta de la píldora del día después sin receta médica apenas tuvo consumidores y, de las numerosas farmacias visitadas en Valladolid, todas disponían de la medicación y sólo una había vendido, eso sí en dos ocasiones, este anticonceptivo de urgencia a dos chicas de 17 y 18 años. Entre 18 y 19 euros cuestan las dos marcas que han llegado al mercado, ambas con el mismo principio activo y de diferentes laboratorios. El Ministerio de Sanidad y Política Social ha puesto en marcha esta medida dentro de una estrategia de salud sexual más amplia y pendiente de una futura ley que la incluya como método excepcional para evitar un embarazo «por haber fallado algún otro sistema convencional o por tratarse de una relación no planificada».
La Consejería de Sanidad mantendrá no obstante su criterio sanitario implantado en el 2007 y que facilita la prescripción facultativa de esta píldora en el propio centro de salud, de forma gratuita, bajo control médico y sin necesidad de adquirirla en farmacia con la receta de Sacyl porque el propio ambulatorio facilita, en el momento de la consulta, la pastilla.
La adquisición sin receta llega a las farmacias pero en ningún caso, y en ello insiste la Junta, sustituye por lo tanto al sistema de atención médica establecido en esta comunidad. Es así además como entienden los médicos de familia que debería controlarse el uso de este anticonceptivo. «Creemos que tendrá poca incidencia en Castilla y León porque los adolescentes ya acceden a la píldora del día después, gratuitamente, en su centro de salud y con toda confidencialidad». «Los facultativos siempre indicamos a los jóvenes de estas edades, no sólo con este tema sino con cualquiera que afecte a sus hábitos y a su salud, que tienen todas las garantías de reserva y que nadie que ellos no quieran será informado sobre su consulta», explica el doctor Miguel Ángel Díez, presidente de la Sociedad Castellano y Leonesa de Médicos de Familia. «Son una población más difícil de asistir porque tienen menos conciencia de la enfermedad y de las consecuencias de sus actos y requieren mucha información sobre educación sexual y métodos anticonceptivos», añade.
Es la píldora postcoital, añade, «un método anticonceptivo chapucero» y, «desde luego, debería tener control médico, nuestro consejo es que vayan a un centro de salud donde la única limitación puede ser la objeción de conciencia de un médico, pero siempre habrá otro que la prescriba».
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Esta píldora, destaca este facultativo, «no es muy frecuente que nos la pidan, es algo más habitual en zonas rurales y en épocas de fiestas donde la juerga da más lugar al descontrol».
El año pasado, único ejercicio cerrado del registro del tratamiento con levonorgestrel, principio activo de este medicamento hormonal, los centros de salud de Valladolid dispensaron 3.714 píldoras del día después (18.107 en toda la comunidad), casi el doble en la zona Oeste que tiene mucha más población joven, según datos facilitados por Sacyl.
La píldora se puede adquirir gratis también en otras comunidades como Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Galicia, Navarra y el País Vasco.
La píldora postcoital llega a demás a la oficina de farmacia con problemas de inseguridad jurídica. Ésta es la mayor preocupación del sector.
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Inseguridad jurídica
Explica el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valladolid, Juan de Dios Jódar, que «hay importantes dudas sobre la edad, el Ministerio no ha establecido un protocolo que concrete este detalle, la Ley de Autonomía del Paciente del 2002 establece los 16 años como edad para tomar decisiones sobre la propia salud y todas las actuaciones que la afecten, pero no está claro, y además no podemos pedir el carné de identidad para conocer la edad, lo que sí se establece con los estupefacientes». Para este representante de los farmacéuticos, «estamos desprotegidos, ¿qué pasa si le vendes una píldora a una niña de trece años y le ocurre algo? Lo deseable sería tener un protocolo de actuación pero el Ministerio rechazó la propuesta al respecto del Consejo General de Farmacéuticos».
«Nos hace asumir una responsabilidad que siempre es mayor, dispensar un anticonceptivo sin receta que, además, no protege contra enfermedades de transmisión sexual ni el sida».
En cuanto a la posible objeción de conciencia del farmacéutico, «es un derecho individual, no se ejerce como colectivo, y el colegio oficial no es competente para conceder la objeción, lo hacen las leyes o los jueces».
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«Nosotros -añade- tenemos como colegio la obligación de velar porque los medicamentos estén al alcance de la población y esto está por encima del derecho de objeción», añade Juan de Dios.
Los farmacéuticos también muestran su preocupación por la falta de un registro que permita controlar si una misma paciente toma la píldora anticonceptiva de forma inadecuada por su frecuencia, «ni aunque la comprara siempre en la misma oficina porque ningún protocolo se lo impide», añade el presidente de este sector.
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