Defensa da marcha atrás en su idea de que Valladolid asuma el Juzgado Militar de Burgos
El nuevo Código Penal Militar debería aprobarse antes de que concluya esta legislatura
Jorge Moreno
Martes, 21 de julio 2015, 19:46
El Gobierno ha decidido retirar del futuro mapa de la jurisdicción castrense, que debería de estar aprobado por el Congreso de los Diputados antes de que concluya la presente legislatura en octubre, la desaparición del Juzgado Togado Militar número 43, con sede en Burgos, parte de cuyas competencias serían asumidas por el Juzgado Togado 42 de Valladolid, a cuyo frente se encuentra una comandante del Cuerpo Jurídico Militar.
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Este órgano se encarga de instruir todos aquellos procedimientos judiciales por hechos que hayan sido cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, que están destinados en unidades de siete provincias de Castilla y León (Ávila, Segovia, Palencia, León, Salamanca, Zamora y Valladolid), más los de la Comunidad de Asturias.
Precisamente, este era uno de los objetivos de esta reorganización que persiguía el Ministerio de Defensa, de tal modo que se produzca no sólo una reducción del número de órganos que hay actualmente en esta jurisdicción, sino que se adecuen en la medida de lo posible con el actual mapa autonómico. La supresión del Juzgado Togado burgalés que se había planteado por el Grupo del PP afectaba también a otros juzgados castrenses, como el del número 14 de Cartagena (Murcia), 22 de San Fernando (Cádiz), el de Málaga (24), y el de Palma de Mallorca (33).
En el caso del Juzgado Togado Territorial de Burgos, el juez y fiscal allí destinados entienden de aquellas infracciones que constituyen delitos militares cometidos en destinos de Burgos provincia, Soria, Cantabria, La Rioja, Vizcaya, Álava y Guipúzcoa.
Descenso de procedimientos
Por otra parte, fuentes castrenses recuerdan que durante los últimos cinco años el número de procedimientos que se han instruido por los jueces togados han descendido de forma importante. Las razón es que muchos de los asuntos correspondían a conductas de guardias civiles que ahora se sancionan en el ámbito disciplinario interno de la Benemérita, y en otros casos por la profesionalización de la tropa.
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Un ejemplo de ello lo constituye el delito de abandono de destino, cometido, principalmente, por soldados. Hace un lustro, el Juzgado Togado de Valladolid, con sede en la calle Fray Luis de León, llegaba a tramitar unas 40 denuncias en todo su ámbito territorial de las ocho provincias. Sin embargo, el pasado 2014 este delito sólo tuvo el caso de un soldado.
«La explicación estaría en que durante el proceso de profesionalización de la tropa, desde el año 2001, muchos de los jóvenes que entraron desconocían las limitaciones de la vida militar y no regresaban a las unidades sin dar una causa justificada, por lo que las denuncias de los mandos eran más frecuentes», explica un oficial.
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El ausentarse de la unidad, destino o lugar de residencia por más de tres días, o no presentarse, está castigado actualmente con una pena de tres meses a un año de prisión.
Aunque los asuntos contra los deberes del servicio de los militares han descendido, los Juzgados Togados sí que conocen más de los de abuso de autoridad, maltrato y desobediencia, todos ellos de carácter disciplinario, y al igual que suceden en el ámbito civil dentro de la jurisdicción de lo Social.
También se instruyen nuevos delitos de acoso sexual o vejaciones, que han coincidido con la incorporación de la mujer al Ejército y la Guardia Civil a partir de 1992.
Más unidades y personal
El volumen de trabajo del Juzgado Militar 43 burgalés ha estado relacionado los años pasados con los efectivos que la Benemérita tenía en el País Vasco. Además conocía sobre los hechos cometidos por militares que prestan su servicio en las unidades de Ingenieros, Transmisiones, Artillería y Logística de la base burgalesa de Castrillo del Val, y los del Cuartel General de las Fuerzas Pesadas (antiguas unidades acorazadas o mecanizadas) del Ejército de Tierra.
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Por su parte, el juzgado vallisoletano tiene a su vez competencia sobre asuntos de las tres bases que el Ejército del Aire tiene en Castilla y León (Matacán, Virgen del Camino y Villanubla), donde trabajan alrededor del millar de militares.
Sin embargo, la instrucción de estos procedimientos tiene una limitación: el empleo del denunciado o procesado. La comandante jueza togada de Valladolid, una de las primeras mujeres que en 1992 accedió a esta jurisdicción en España, no puede conocer de investigaciones que tengan que ver con mandos cuyo empleo sea superior al de capitán.
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De ahí para abajo (tenientes, alférez, subtenientes, brigadas, sargentos, cabos y soldados) la investigación corresponden a un Juzgado de la calle Fray Luis de León 7.
En el supuesto de que la denuncia fuera contra un mando con empleo de comandante, teniente coronel o coronel, este órgano territorial no podría investigarlo y lo pasaría al Juzgado Togado Militar Central que, con sede en Madrid, tiene al frente coroneles auditores. En cualquiera de los supuestos denunciados contra oficiales, suboficiales y tropa la vista oral debe de celebrarse en el Tribunal de La Coruña.
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