Denuncian al exgerente de Simancas Ediciones por revelación de secretos

La empresa de artes gráficas Simancas Ediciones, con sede en el polígono de Dueñas, presentó en noviembre de 2015 un concurso de acreedores ante la imposibilidad de hacer frente a deudas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. La deuda de la empresa rondaba los 6 millones de euros y entre los acreedores estaban también los 81 empleados afectados por un expediente de regulación de empleo que conllevaba su despido. Una pésima noticia para el ámbito empresarial palentino el hundimiento de esta empresa, que el presidente del consejo de administración de la editorial, Fernando Mata, achaca en buena parte al exgerente de la misma, Ricardo Sáinz. Hasta el punto de que el primero presentó una denuncia contra el segundo por un presunto delito de revelación de secretos de empresa, denuncia que recayó en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 7 de Palencia. En esa denuncia, Fernando Mata señalaba que Ricardo Sáinz se había llevado la cartera de clientes cuando se marchó de la empresa (a Ediciones Deusto, cuyas acciones había adquirido en su totalidad a la empresa italiana Lediberg S. P. A., junto con el equipo directivo de la sociedad), y que, por esta razón, empezaron a bajar los pedidos y hubo que despedir a los trabajadores.

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 7 de Palencia tomó declaración a esos clientes que presuntamente se había llevado Ricardo Sáinz para investigar si el exgerente de Ediciones Simancas conocía los productos que les gustaban y se los ponía a mejor precio. Por su parte, Ricardo Sáinz insistió en su declaración en que Simancas Ediciones iba mal y que le echaban la culpa de ello. Al final, el juez decidió sobreseer las actuaciones, si bien la Audiencia Provincial de Palencia decidió después que se continuase adelante con ellas, pero el procedimiento está abocado ahora al archivo definitivo al haber fallecido el denunciado Ricardo Sáinz, el exgerente de la empresa.

Simancas Ediciones, una de las pocas fábricas que elaboraba durante todo el año millones de agendas en todas sus fases, también sufrió en su día los embates de la crisis económica y la dirección planteó ya en enero de 2009 un expediente de regulación de empleo (ERE) durante 24 días para el 95% de la plantilla, de aproximadamente 120 trabajadores, para garantizar con esta medida «la supervivencia de la empresa», según afirmó en aquel momento el propio Ricardo Sáinz.

La Dirección General de Trabajo de Madrid aprobó el expediente de regulación de empleo solicitado por la empresa de artes gráficas, con centros de trabajo en Dueñas –el de mayor número de plantilla y el más afectado por la regulación–, Cádiz y Madrid, ante el descenso de las ventas y de la carga de trabajo. En el centro laboral de Dueñas, el expediente de regulación de empleo afectó a 94 de los 123 trabajadores de la plantilla durante un mes. Además, la empresa rescindió la relación laboral con trece empleados, para los que no existía la posibilidad de negociar la permanencia, ya que fue una imposición de la empresa para poder continuar la actividad de edición, venta y distribución de libros, folletos, calendarios y agendas. El expediente de regulación de empleo afectó también a nueve de los once empleados de Cádiz y a dos de los cinco de Madrid, por un periodo de seis meses en ambos casos.

En 2010, la empresa Ediciones Simancas aplicó un nuevo expediente de regulación de empleo como consecuencia del descenso de ventas del material que elabora (agendas, libros, folletos y calendarios), que afectó a aproximadamente 40 empleados del centenar que componían la plantilla, durante un periodo de tres meses. El expediente afectó en mayor medida a los operarios de Dueñas, al tratarse del centro de trabajo más numeroso del grupo. Pero además otras medidas de suspensión de la actividad laboral también afectó a otros 70 trabajadores, que tuvieron que acogerse a un mes de baja voluntaria durante el año, una medida que, al igual que el expediente de regulación de empleo, también fue pactada entre la empresa y los representantes sindicales como consecuencia del descenso de la carga de trabajo.

En febrero de 2014, responsables de la empresa Simancas Ediciones y representantes sindicales se reunieron para negociar el expediente de regulación de empleo planteado por la empresa. La dirección de la empresa editora proponía la suspensión temporal de la actividad durante tres meses para 75 trabajadores, además del despido de otros diez empleados.

Días después, la empresa aplicó las primeras suspensiones de empleo, en aplicación de la regulación planteada por la empresa y que suponía la suspensión temporal durante tres meses para 75 trabajadores del centenar que integraban la plantilla. Además, la empresa de artes gráficas comunicó el despido a los otros diez trabajadores que entraban en la regulación, de forma que la extinción de contratos se hizo efectiva la semana siguiente.

La empresa Ediciones Simancas solicitó finalmente su entrada en concurso de acreedores en el mes de noviembre de 2014 debido a la mala situación económica por la que atravesaba. La editora se personó en el Juzgado de lo Mercantil de Palencia presentando el escrito en que reconocía que, debido al resultado infructuoso de las negociaciones con los acreedores y ante la grave situación financiera de la empresa, la dirección se veía abocada a solicitar la declaración de concurso de acreedores.

En febrero de 2015, Simancas Ediciones comunicó a los trabajadores la liquidación de la industria y el despido de toda la plantilla. La empresa de artes gráficas presentó el pasado martes un expediente de regulación de empleo (ERE) que conlleva la extinción de contratos de los 81 trabajadores que quedaban en la industria. La Inspección de Trabajo citó en el mes de abril de ese año al comité de empresa de Simancas Ediciones, dentro del procedimiento seguido por el concurso de acreedores presentado por la empresa y del expediente de regulación de empleo para toda la plantilla.

La empresa solicitó la declaración de concurso de acreedores ante la imposibilidad de hacer frente a deudas, entre otros, con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. La deuda de la empresa rondaría los 6 millones de euros. Entre los acreedores estaban también los empleados, a la espera en aquel momento de la resolución de los trámites para poder acceder al cobro de los salarios pendientes y de la indemnización por despido del Fondo de Garantía Salarial.