«Levantábamos la mano cuando el informe era favorable, y nada más»

A la reunión del consejo celebrado el día 8 de enero de 2009 en el edificio Botines de la capital acudieron un total de 14 consejeros de Caja España, además de su presidente, el constructor Santos Llamas.

Durante el desarrollo de la reunión, celebrada en el salón principal de la última planta, se procedió a la aprobación de una renovación de pólizas al constructor y presidente de la entidad.

Aquella aprobación ha servido ahora para que la titular del juzgado de instrucción número 5 de León, Rocío González, haya determinado la toma de declaración de los presentes con el fin de aclarar si -tal y como se ha advertido por los peritos del Banco de España- en la toma de decisiones se obraba en contra de los intereses de la entidad.

Dos ex consejeros de Caja España, que han solicitado que se preservara el secreto de su identidad, han relatado lo sucedido entonces.

«Todo era rápido»

"En la reunión, como en otras tantas, las cosas se hacían rápido, muy rápido. Realmente de todos los que estábamos allí dudo que nadie tuviera los conocimientos económicos necesarios como para evaluar cualquier operación que fuera de interés para la entidad", se ha asegurado a leonoticias.

De ahí que, según uno de estos consejeros, "se optara siempre por la línea de prudencia. En mi caso lo dije el primer día y así lo mantuve mientras estuve en la Caja. Si la operación tenía el visto bueno del comité ejecutivo, del comité de dirección y había una evaluación de riesgos positiva, aprobaba la operación. Si había reparos, no daba mi aprobación".

En el caso de las renovaciones de pólizas de crédito en favor de las empresas de Santos Llamas "los informes eran positivos y por lo tanto se aprobaron. Era en beneficio de la Caja ya que se trataba de dar una segunda oportunidad de pago al empresario".

La norma

Otro de los consejeros asegura que "la norma" era la apuntada por su compañero: "Informe positivo, voto favorable; informe negativo, voto desfavorable". Además "era imposible analizar todas las operaciones porque eran decenas y no había forma de que se pudieran estudiar en cinco minutos pólizas que llegaban a la mesa con un estudio previo de meses".

La única excepción era, según advierten ambos, la ex presidenta del PP y de la Diputación de León, Isabel Carrasco: "Ella había determinadas operaciones en las que votaba por afinidad personal y daba igual lo que pudiera decir el informe".

Ambos coinciden que las operaciones tenían "la aprobación de los comités y el informe favorable de riesgos, pero es que además la operación era aprobada por la Junta de Castilla y León. Era impensable que los que estábamos allí pudiéramos hacer algo a nivel personal o pudiéramos tomar una decisión económica en operaciones como las que se ponían en la mesa. Junto a cada operación había un informe técnico, y a ese informe nos remitíamos".

Ahora los ex consejeros aseguran sentirse "preocupados" porque, según advierten, "Estas cosas se sabe como empiezan y no cómo terminan".