Lindorff anuncia un ERE que afectará a una parte de los 685 teleoperadores de La Cistérniga

Protesta de trabajadores de Lindorff Valladolid, el pasado mes de septiembre. /A. MINGUEZA
Protesta de trabajadores de Lindorff Valladolid, el pasado mes de septiembre. / A. MINGUEZA

La empresa, dedicada al recobro de deudas de bancos y del sector inmobiliario, pretende recortar su plantilla tras la fusión con Aktua

Jorge Moreno
JORGE MORENOVALLADOLID

Hace dos semanas fue Made, la empresa de Medina del Campo dedicada a la fabricación de equipos para la energía eólica, y ahora toca a otra más en la provincia, pero en este caso muy cerca de la capital.

La multinacional noruega Lindorff, dedicada al recobro de deudas del sector bancario y de seguros, anunció el pasado viernes 23 a los sindicatos la presentación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que afectará a diversos centros de su organización en toda España, entre ellos el de La Cistérniga, donde trabajan 685 teleoperadores.

La medida ha sido justificada por razones organizativas fruto del «proceso de reestructuración de la plantilla, consecuencia de la integración que se ha iniciado en el último año con la empresa Aktua». Esta última se dedica a la gestión de activos inmobiliarios procedentes en su mayoría de la ‘burbuja del ladrillo’.

Shock entre el personal

«Este anuncio nos ha dejado en shock porque nadie pensaba que pudiera adoptarse una medida así. No nos han dicho cuántos trabajadores se verían inicialmente afectados por la decisión, por lo que esperamos que cuanto antes se concrete este aspecto», explicaron fuentes de los sindicatos CGT y UGT, que disponen de representación en la empresa.

El proceso de fusión-absorción entre Lindorff y Aktua Soluciones Inmobiliarias y Financieras ha desembocado en una plantilla de 1.697 trabajadores en toda España, de los cuales 1.240 pertenecen a Lindorff (685 están en la sede de La Cistérniga (53%). Su gestión principal es vía telefónica, por lo que el convenio que se les aplica a estos empleados es el del sector de Contact Center (antes de telemarketing).

En un comunicado a los empleados del director general de Lindorff, Alejandro Zurbano, se señala que la integración de ambas compañías hace «que tengamos que afrontar un plan de ajuste de la plantilla con el único objetivo de consolidar, fortalecer y garantizar el futuro de nuestro proyecto en España». Esta empresa posee también sedes en Alicante, Barcelona, Vilafranca del Penedés, Granada, Jerez, Murcia, Valencia y Tenerife.

Durante la jornada de ayer, lunes, los representantes de los trabajadores trataron de confirmar el número de afectados que inicialmente se verían inmersos en esta reestructuración, algo que la empresa no ha comunicado y se ha remitido al inicio del periodo de negociaciones que se abrirá, previsiblemente, el día 12 de marzo, según fuentes de la compañía.

Los delegados sindicales recibirán en 15 días la documentación que justifique la medida, así como las indemnizaciones previstas y posibles recolocaciones.

Por su parte, los cerca de 427 empleados de Aktua dedican su actividad, además de a recuperar también deudas de préstamos de activos inmobiliarios, a comercializar inmuebles con el objetivo de optimizar el tiempo de venta y ahorrar recursos.

Con este ERE, la empresa pretendería «racionalizar la organización con decisiones complejas, pero necesarias», un planteamiento que ha generado temor en la plantilla, que ayer, lunes, regresó a la actividad diaria. Ante estas circunstancias, los sindicatos han convocado una asamblea informativa para este miércoles, de 14:30 a 15:30, coincidiendo con el relevo de los dos turnos.

Con anterioridad a este anuncio de ERE, l empresa Lindorff España se encontraba inmersa en otra fusión, en este caso mundial, con la suiza Intrum Justicia, un proceso que fue autorizado el verano pasado por la Comisión Europea.

Para ello exigió a ambas que llevasen a cabo una desinversión de las operaciones de Lindorff en Dinamarca, Estonia, Finlandia y Suecia. Con esta fusión ambas mercantiles estarían presentes en 23 países con cerca de 8.000 empleados.

Precisamente, esta circunstancia provocó en septiembre pasado la preocupación entre el personal de Valladolid, que temía que esto proceso diera lugar a la deslocalización de la actividad fuera de la provincia.

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