Laguna tendrá que devolver dos millones a varias constructoras
El Supremo considera que el voto del actual alcalde, que en aquel momento era edil, es incompatible por su relación con el promotor
j. nieto
Jueves, 25 de febrero 2016, 10:57
El Ayuntamiento de Laguna de Duero deberá devolver a empresas constructoras al menos dos millones de euros tras rechazar el Tribunal Supremo el recurso de casación que interpuso la institución local tras suspender el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado en 2011 con el voto favorable del entonces concejal y actual alcalde de Laguna de Duero, Román Rodríguez, concuñado de uno de los promotores con intereses en el nuevo PGOU. «Voté amparado por informes técnicos y jurídicos del Ayuntamiento y por interés del pueblo, no para favorecer a nadie, ya que llevaba ocho o diez años sin relación familiar con mi concuñado», declaró Román Rodríguez.
Este hecho, que se produjo siendo alcalde Jesús Viejo y teniente de alcalde Luis Minguela, llevó al portavoz socialista y hoy teniente de alcalde, Juan José Tomás-Biosca, a impugnar la votación ante el Tribunal Superior de Justicia argumentando la incompatibilidad del voto de Román Rodríguez por intereses familiares. El TSJCL le dio la razón y reconoció que existía por tanto un defecto de forma, sentencia contra la que el anterior alcalde Luis Minguela decidió presentar recurso de casación ante el Supremo.
Defecto de forma
«El plan estaba bien hecho y el único inconveniente que encontró el Tribunal Superior de Justicia fue el defecto de forma por haber votado Román Rodríguez, cuando no debía haberlo hecho porque tenía una relación familiar con una persona con intereses en el nuevo plan», se defiende el anterior alcalde (PP) y hoy líder de la oposición, Luis Minguela. Por esta razón, Minguela propuso al nuevo equipo de gobierno aprobar el mismo plan sin el voto del actual alcalde, Román Rodríguez, «lo que habría ahorrado a las arcas municipales mucho dinero».
Sin embargo, el portavoz socialista Juan José Tomás-Biosca asegura que de cualquier forma habría que redactar un nuevo plan de urbanismo porque el aprobado en 2011 no se ajustaba a la nueva normativa de la Junta, ya que no estaba justificado el crecimiento residencial y contemplaba la creación de núcleos urbanísticos alejados del casco urbano.
«Sentencias recientes del TSJ dicen que los crecimientos demográficos hay que demostrarlos. Se había hecho un plan general para convertir Laguna en un municipio con 65.000 habitantes y evidentemente eso no está justificado en el de 2011, por lo que hay que revisarlo. Del anterior plan de 1999 quedaban por construir cerca de 5.400 viviendas, lo que supondría un crecimiento de unas 15.000 personas, cerca de un 60%. No estaba justificado ese crecimiento brutal que recogía el PGOU de 2011», señaló en su momento el portavoz socialista.
El documento aprobado en 2011 recogía la recalificación de terrenos rústicos a urbanos, por la que promotoras inmobiliarias habían aportado más de dos millones de euros a las arcas municipales, entre otras cosas, para la construcción de un colector, dinero que ahora habrá que devolver al haber anulado el Supremo la forma en la que se aprobaron dichas recalificaciones, concretamente por el desarrollo de los sectores 17 a 23.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.