El mismo procedimiento se utilizó para aforar al rey Juan Carlos

El rey Juan Carlos, durante un acto. /Reuters
El rey Juan Carlos, durante un acto. / Reuters

El PP también empleó en el pasado de la argucia usada por Sánchez y el PSOE lo llevó al Constitucional

Paula De las Heras
PAULA DE LAS HERASMadrid

La estratagema que ha encontrado el PSOE para acelerar la reforma de la ley de estabilidad presupuestaria e intentar allanar así la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado no es novedosa. El PP, que ahora amenaza con todo tipo de recursos, también se ha servido de ella en el pasado para aprobar con premura iniciativas legislativas de calado. Entre las más sonadas, estarían la introducción en el Código Penal del delito de convocatoria ilegal de elecciones o de consultas populares vía referéndum en 2003 y el aforamiento del rey Juan Carlos tras su abdicación y la Familia Real en 2014.

En el primer caso, el Gobierno de José María Aznar aprovechó una enmienda en el Senado a la Ley de Arbitraje para introducir en el Código Penal a toda prisa un nuevo artículo, el 506bis, con el objetivo de disuadir al entonces lehendakari Juan José Ibarretxe de que siguiera adelante con su plan separatista. En 2011, es decir, ocho años después, el Tribunal Constitucional, al que había recurrido el grupo socialista en la Cámara alta, anuló ese punto por una cuestión de procedimiento, aunque para entonces el polémico artículo ya había sido derogado, en 2005, tras la llegada al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

El fallo del máximo intérprete de la Carta Magna, que consideró que se había producido una «infracción de la legalidad parlamentaria» al existir una «absoluta desconexión» entre la ley en tramitación y la reforma del Código Penal incorporada en el último momento, no impidió, sin embargo, que en el Congreso los populares siguieran utilizando este tipo de atajos.

«Despropósito»

En 2014, tras la abdicación del rey Juan Carlos, por ejemplo, urgía buscar al exjefe del Estado algún tipo de protección jurídica especial, hasta entonces no prevista en la legislación. Entre otras cosas, don Juan Carlos se enfrentaba a una demanda de paternidad que, sin aforamiento, habría sido dirimida por tribunales ordinarios y no por el Tribunal Supremo. En su afán por ahorrarse tiempo y trámites, el PP aprovechó el dictamen de la Ley de Racionalización del Sector Público, que regulaba las condiciones laborales de jueces y fiscales, para introducir un nuevo artículo, el 55bis, en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Los socialistas no sólo tildaron la operación de chapuza sino que, pese a estar de acuerdo con aforar al antiguo monarca, se abstuvieron porque no querían ser cómplices de ese «despropósito».

En aquel debate, la hoy ministra de Política Territoral, Meritxell Batet, apeló, de hecho, como ahora hace el PP, a las diversas sentencias del Constitucional que exigen congruencia entre las enmiendas y la ley en la que se introducen. Pero ese capítulo tampoco fue un hecho aislado. El PSOE asegura que el PP introdujo hasta catorce enmiendas 'extrañas' en la legislatura 2011-2015. Entre otras, cita una modificación de la ley sobre técnicas de reproducción asistida que se colgó de la ley sobre reutilización de la información del sector público.

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