Vecinos afectados por los recortes de ayudas a VPO crean una plataforma en Valladolid

Representantes de asociaciones vecinales de Valladolid han constituido una Plataforma con la que pretenden oponerse a la supresión de las ayudas de subsidiación de préstamos hipotecarios para las viviendas de protección oficial (VPO).

La respuesta vecinal se produce después de que las entidades financieras (cajas de ahorro y bancos) hayan empezado a comunicar a los propietarios de las casas el aumento de las cuotas mensuales de los créditos, a los que se ha retirado la aportación que realizaba el Ministerio de Fomento para aquellos titulares con escasos recursos económicos.

En la provincia vallisoletana se estima que puede haber unos 7.000 afectados de los cuales 2.000 residen en el barrio Villa del Prado, 1.140 Santos-Pilarica, 140 en el Poblado de la Esperanza, 100 en Pinar del Jalón y otras 80 en Campo de Tiro. Localidades como Olmedo, Tordesillas o Arroyo también cuentan con VPO.

El decreto del Gobierno de 13 de julio del 2012 estableció, en pleno contexto de recortes por la situación financiera que pasa el país, la cancelación de este tipo de ayudas que en algunos casos alcanzaban unos 3.000 euros al año por beneficiario.

La normativa hasta entonces establecía el derecho de los prestatarios a recibir el fondo, siempre y cuando los ingresos familiares no fueran superiores a 2,5 veces el salario mínimo interprofesional, y a 3,5 veces dicho salario. Además se exige no disponer de otra vivienda en propiedad.

Hasta ahora, la subsidiación se concedía por un periodo de cinco años, y puede ser revisada por la Administración por otro periodo de misma duración, con el objetivo de conocer si alguien ha mejorado su situación económica.

Precisamente ha sido en los últimos ocho meses cuando muchos de los afectados han solicitado la ampliación del tiempo de las ayudas por otro lustro, cuando han recibido cartas de las entidades y de la Junta (encargada de la tramitación) denegando los fondos.

Desde hace décadas, las viviendas protegidas tienen algún tipo de aportación oficial, de tal modo que la Consejería de Fomento es la encargada de firmar convenios con bancos y cajas para que aplique la subsidiación de los préstamos con fondos que aporta la administración.

De este modo, para un piso de VPO que haya costado unos 132.000 euros (80% con crédito hipotecario), el propietario viene pagando una cuota de unos 450 euros, de los cuales alrededor de 160 se aportaban por el Gobierno. Estas condiciones figuran incluso en las escrituras firmadas.

En las cartas para denegar la subsidiación, la Consejería de Fomento se ampara en el decreto de Estabilidad Presupuestaria de julio del 2012, que dice que «quedan suprimidas las ayudas de los préstamos contenidas en el Plan Estatal de la Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. Así mismo no se reconocerán aquellas que estén en tramitación y que no hayan sido objeto de concesión por parte de la Comunidad Autónoma».

Esta situación ha creado un fuerte malestar entre los afectados que han decidido poner en marcha una Plataforma para defender sus derechos que consideran consolidados siempre y cuando cumplan con las condiciones que se fijaron cuando compraron las viviendas.

«Pero la Consejería de Fomento no solo está anulando las ayudas del decreto del 2012, sino que también se rechazan las prórrogas de las subsidiaciones que comprende el Plan de la Vivienda 2005-2009, es decir, que tiene un carácter retroactivo que no se recoge en el decreto», explica Jesús Revenga, presidente de la Asociación de Vecinos Villa de Prado.

La iniciativa de constituir una Plataforma en Valladolid coincide con las constituidas ya en otras creadas en autonomías como Galicia, Madrid o Extremadura.

Los propietarios estudian cómo presentar un recurso Contencioso-administrativo, bien individualmente o como colectivo afectado por estos recortes.