El dueño de la constructora Mahía tilda de «fabulación» su imputación por el juez

El abogado del constructor Ramón López Casal, principal accionista del Grupo Mahía, define el auto por el que el juez de Instrucción número 1 le imputa varios delitos contra la administración pública, como «una suerte de fantasía» que «adolece de todo rigor probatorio».

En su recurso de apelación ante la Audiencia de Valladolid, el constructor rechaza uno a una las imputaciones respecto a presuntos pagos a políticos para que favorecieran el desarrollo de su promotora en Arroyo de la Encomienda, entre los años 1999 hasta el 2006.

Respecto a la venta de un chalé que realizó a Jesús García Galván, presidente de la Comisión Territorial de Urbanismo (CTU) entre los años 2001 al 2007 y hoy diputado provincial del PP, López Casal reconoce que Galván «es cliente de Mahía Inmobiliaria» y «en su día (2004) pagó convenientemente en efectivo» dicho chalé, cuya cantidad fue ingresada por caja tal y como consta en la contabilidad de la empresa. «Todo lo demás es una fabulación carente de medio probatorio alguno», dice.

El juez Crespo sostiene en su auto del pasado 27 de enero que la compra por 148.000 euros «aparece como indicaría, entregada de modo gratuito por gestiones de Galván a favor de Mahía».

A este respecto el recurso por la imputación del portavoz del PP en la Diputación de Valladolid señala que García Galván votó con la mayoría de la CTU y «era un voto más dentro de la Comisión que no puede suponer un hecho punible». El portavoz popular sostiene que pese a que Caja Duero le concedió un préstamo, fue luego un amigo el que le entregó parte del dinero en metálico.

En este sentido, su abogado recuerda que de existir alguna irregularidad en esta compra ésta se trataría de una cuestión civil para nada vinculada a un ilícito penal. El juez tacha el dinero metálico «cuyo hipotético origen no está justificado salvo fruto de dinero 'B', de origen desconocido».

Las defensas de siete imputados en el caso Arroyo han recurrido el auto judicial, entre ellas el regidor, José Manuel Méndez, el arquitecto municipal, la apoderada de Mahía, y el socio del alcalde en la empresa Recreativos Dema.

En este sentido, López Casal reconoce que prestó 180.000 euros a Méndez en el 2001, cuando era ya concejal, pero rechaza que fuera para favorecer las edificaciones en Vega Mahía o la recalificación del SAU 9, solar de uso industrial de la promotora y en donde Méndez firmó un convenio para 2.984 pisos.