La excepción se llama Carolina

Hay historias rocambolescas, cúmulos de casualidades,..., pero pocas veces se juntan tantas circunstancias fatales sobre una misma persona. Y menos cuando de quien se trata es de una niña indefensa que cumplirá los 2 años el lunes de la semana que viene. Se llama Carolina y es apátrida. Nacida en Valladolid (en el Río Hortega) e hija de padre venezolano y madre dominicana, la pequeña no tiene ninguna de las tres nacionalidades gracias a unos trámites burocráticos que resultan tan incomprensibles como corta es la vida de la niña en un supuesto país 'primermundista'.

Su abuela, Yaquelín Lockard (República Dominicana), reconoce que hizo «las cosas mal desde el principio» al no solicitar la nacionalidad para ella y su hija, la madre de la niña -llegaron a Bilbao en 1995-, a pesar de que estuvo casada con un español fallecido en 1999. Fruto de ese matrimonio nacieron otras dos niñas, hoy de 15 y 13 años, que paradójicamente sí tienen la nacionalidad española. No tienen la misma suerte ni la propia Yaquelín -pendiente de recibirla desde hace un año- ni su hija mayor, Yinnette Cabrera, de 20 años, sobre quien pesa una orden de expulsión de un país en el que reside desde que tenía 7.

Orden de expulsión

«Estamos en un callejón sin salida porque enseguida me pueden notificar la orden de expulsión y ni siquiera puedo irme con mi hija porque carece de pasaporte», lamenta la madre de la pequeña. El problema surgió al poco tiempo de quedarse embarazada. «Entonces lo dejé con el padre de mi niña e inscribí a mi hija como madre soltera en el Registro Civil», recuerda. Lo que no sabía Yinnette es que tenía un plazo de dos meses para hacer lo propio en la embajada de su país. «No lo hicimos por desconocimiento y ahora no le conceden ni la nacionalidad de aquí ni la de mi propio país», resume la joven.

Al embrollo se sumó al poco tiempo de nacer la pequeña su padre, el venezolano Johanny Pérez, quien volvió con su ex pareja y decidió hacerse cargo de la niña «para formar una familia», aclara. Surgieron nuevos problemas. Al progenitor, que sí tiene los papeles en regla y que lleva también un año esperando la nacionalidad -los trámites tardan hasta dos-, no le permitieron inscribirse como tal en el Registro Civil y tampoco le facilitaron su petición en la embajada venezolana. «Me dijeron que para meter a mi hija en mi propio libro de familia tenían que hacerme un anexo en el Registro Civil de Valladolid. Fui allí y también me denegaron esa posibilidad», recuerda un obrero de 33 años que, para colmo, permanece de baja laboral desde que el 25 de agosto se cayó por el hueco del ascensor de un edificio en construcción de Santovenia de Pisuerga.

Llegados a este punto, la situación actual es la siguiente: «A mí me pueden expulsar de España en cualquier momento y no me puedo llevar a mi hija conmigo, aparte de que no tengo adonde ir porque en la República Dominicana no me queda familia al estar todos aquí». Primera opción. La segunda: «Mi novio quiere pedir el retorno voluntario a Venezuela, pero estamos en las mismas porque no podemos sacar a nuestra hija de España». La tercera, y quizás la más viable en apariencia, resulta que es inviable: «Tampoco podemos casarnos porque Johanny está separado en su país pero todavía no tiene el divorcio cerrado», reconoce la madre.

En tierra de nadie

Y en medio de semejante berenjenal se encuentra una niña cuyo nombre, Carolina, debería figurar en el diccionario de la Real Academia de la Lengua en la definición de excepción: «Cosa que se aparta de la regla o condición general de las demás de su especie». Bastaría cambiar 'cosa' por niña en la segunda acepción del término y, de paso, enviarles el artículo modificado a cada una de las administraciones implicadas, sin excluir ninguno de los tres países, para que resuelvan este entuerto antes de que sea tarde.

Los padres de la pequeña, que ahora viven juntos en la Victoria, quieren agotar sus últimos cartuchos y confían en que la reunión que mantendrán con el Procurador del Común el próximo jueves sirva «para resolver nuestro caso». Yinnette, entre tanto, lucha por conseguir un permiso de residencia que anule la orden de expulsión, pero... «resulta que antes de mi detención -pasó una noche en los calabozos- me pidieron que buscara una oferta de trabajo para conseguir los papeles y, ahora que la tengo, no puedo pedirlos al estar vigente la orden de expulsión». La excepción a la norma tiene un nombre y se llama Carolina. Aunque sólo sea por el bien de una pequeña nacida en tierra de nadie.