Récord de quejas al Procurador del Común, la mayoría, de Zamora

Unidad de radioterapia del complejo asistencial de Zamora. /El Norte
Unidad de radioterapia del complejo asistencial de Zamora. / El Norte

La sanidad concentra las reclamaciones de 2018 tramitadas en la oficina del defensor de los castellanos y leoneses

El Norte
EL NORTEValladolid

Por tercer año consecutivo Zamora es la provincia que más quejas ha presentado en el departamento del Procurador del Común, aunque esta vez las reclamaciones de los zamoranos suman más de la mitad de todas las recibidas durante el año 2018. Así, Zamora lidera la última estadística, con un total de 3.739 reclamaciones, lo que representa el 58% del total. Desde la oficina del Procurador se explica este dato en que se presentó una queja masiva en la que se denunciaba la situación del Servicio de Oncología de la capital zamorana. El pasado mes de octubre, la marcha de dos de los seis profesionales del servicio de Oncología de Zamora ocasionó la suspensión de 55 consultas programadas a las que inicialmente no se dio nueva fecha y que en todos los casos se trataba de revisiones y casos que no requerían una atención urgente, según indicaron fuentes de la dirección del servicio en su día y del complejo asistencial zamorano, pero que causaron un gran malestar y mucha incertidumbre entre unos doscientos pacientes afectados, como denunció en su día la Asociación Contra el Cáncer.

La segunda provincia con mayor número de quejas presentadas al Procurador el pasado año fue León, con 619 reclamaciones, seguida de Valladolid, con 424. Le siguen Palencia con 368, Burgos con 266, Salamanca con 277, Ávila con 116, Segovia con 102 y finalmente, la provincia de Soria, con 87. Completan las estadísticas las reclamaciones de ciudadanos residentes en otras provincias de fuera de la Comunidad, que fueron un total de 199. Del extranjero llegaron 3 quejas. Además, se registraron 300 quejas cuyos autores están identificados pero que no incluyen el domicilio, ni la provincia, precisa la oficina.

Según indicaron desde el departamento de Tomás Quintana López, una de las novedades de este año es que existe una tendencia a que una sola queja sea refrendada por colectivos de varios firmantes.

En total, el Procurador del Común de Castilla y León ha tramitado durante el año pasado 6.579 expedientes. De ellos, 6.500 corresponden a quejas formuladas por los ciudadanos y 79 a las actuaciones realizadas de oficio por la oficina. Suponen el 68,3% más que en el año anterior, periodo en el que se tramitaron 3.909 expedientes. De esta forma, 2018 es el año donde se han acumulado un mayor número de quejas desde que se creó esta institución propia. En los últimos dos meses, coincidiendo con el cambio de Procurador, se ha recibido el mayor número de quejas.

De oficio

Por áreas, las de sanidad y función pública se llevan la palma en cuanto a número de quejas de los castellanos y leoneses. Las reclamaciones relacionadas con el sistema sanitario fueron la más numerosas (4.191), con el 64% del total. No solo por la falta de oncólogos en Zamora, sino por la falta de pediatras en municipios y cierres de consultorios rurales. La función pública también ha estado al rojo vivo este año y se han tramitado quejas por opositores con las pruebas aprobadas y sin destino. Estas reclamaciones del área de función pública sumaron 813 (el 12%); bienes y servicios municipales, con 406, el 6%; medio ambiente, educación y fomento, más de 170 respectivamente (el 3%); hacienda, familia e igualdad de oportunidades; industria, comercio y seguridad Social con un 2% cada una y con un 1%, agricultura, ganadería, justicia, cultura y patrimonio. Además fueron más de un centenar las consultas que no terminaron en queja.

Entre las 79 actuaciones de oficio iniciadas por el Procurador destacan las referentes a los bienes y servicios municipales. 68 de estas actuaciones fueron para conocer por qué las entidades locales menores se estaban dando de baja en el control sanitario de agua de consumo humano, «con el consiguiente riesgo para quienes bebieran en las fuentes públicas donde no se hubieran realizado dichas pruebas de potabilidad del agua», explicaron desde el Procurador del Común.

De oficio se ha investigado la utilización de nuevas tecnologías por parte de menores en las bibliotecas sin supervisión, los problemas de los niños con dislexia, menores con altas cualificaciones o los escolares con disfemia (tartamudez). Continúan abiertas actuaciones sobre la escolarización de menores de 0 a 3 años, el uso de patinetes eléctricos, las inspecciones en las residencias de la tercera edad y las quejas sobre las macrogranjas.

 

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