Sanidad impartirá a sus profesionales una formación de «alta calidad» en paliativos

Castilla y León garantizará por ley el derecho de los enfermos terminales de la comunidad a recibir cuidados paliativos «de calidad».

Así lo recoge el Anteproyecto de Ley de Derechos y Garantías de las Personas al Final de su Vida. Es el primer proyecto de ley que tiene previsto aprobar el Gobierno de la Junta de Castilla y León y uno de los acuerdos alcanzados por el PP y Ciudadanos en el pacto de Gobierno.

El anteproyecto de ley, que pretende regular el ejercicio de los derechos de los pacientes en fase terminal y los derechos y deberes de los profesionales sanitarios que les atienden, plantea que todas las personas que se encuentren en el proceso final de su vida tienen derecho a una atención integral de calidad, incluida la sedación paliativa, «que prevenga y alivie el dolor y sus manifestaciones o cualquier otro síntoma que produzca molestias severas o sea refractario al tratamiento específico, aunque ello pudiera suponer un acortamiento de su vida».

Con este fin, los centros sanitarios y sociosanitarios de la comunidad, tanto públicos como privados, deberán disponer de medios para prestar cuidados paliativos «integrales y de calidad» a los pacientes que lo precisen, incluidos los menores de edad.

Pero además los enfermos tendrán derecho a que los cuidados paliativos integrales se les proporcionen en un centro sanitario, sociosanitario o en su domicilio, algo en lo que se tendrán en cuenta las preferencias del paciente, sus circunstancias y las contraindicaciones médicas.

El documento señala que la Consejería de Sanidad procurará una formación específica de «alta calidad» a sus profesionales en cuidados paliativos y promoverá las medidas necesarias para disponer del número y la dotación adecuada de unidades y equipos de soporte.

El texto se ha hecho público en el portal de Gobierno Abierto y se ha remitido a los colectivos interesados, desde asociaciones de pacientes a colegios profesionales, sociedades científico-médicas y sindicatos para que realicen sus aportaciones y alegaciones.

Una vez finalizado el plazo de alegaciones, se procederá a su estudio para decidir si se incorporan o no al texto propuesto. Posteriormente, será sometido a informe por parte de las consejerías y a valoración presupuestaria antes de ser remitido a los Servicios Jurídicos de la Junta.

Después, según la información facilitada desde la Consejería de Sanidad, se someterá a informe por parte del Consejo Castellano y Leonés de Salud y del Consejo Consultivo.

La propuesta volverá al Consejo de Gobierno de la Junta para su aprobación y remisión a las Cortes para su tramitación y, si procede, su aprobación parlamentaria.

Este documento de anteproyecto es la adaptación autonómica de la ley de muerte digna que se tramitó en la pasada legislatura a nivel nacional y que se aprobó en el Congreso, pero no en el Senado.

El borrador incluye entre el articulado que los centros e instituciones garantizarán a las personas en el proceso final de su vida, que requieran ser atendidas en régimen de hospitalización, una habitación individual, «con el nivel de atención, cuidado y privacidad que requiere su estado de salud».

Además, se procurará habilitar una cama para el descanso y mejor confort del acompañante.

Aborda también el hecho de que las personas que se encuentren en situación terminal o de agonía tienen derecho a preservar su vida privada e intimidad y a que el cuidado y la higiene personal se realicen sin comprometer su intimidad o sentimiento de pudor.

Otro punto hace mención a que el paciente tendrá derecho a recibir toda la información disponible sobre su estado real de salud y las medidas terapéuticas y paliativas, con información «clara y comprensible».

También podrá decidir el enfermo en qué medida son informados sus allegados o expresar su deseo de no ser informado.

Cuando la enfermedad sea irreversible y progresiva, con previsión de un desenlace fatal a corto plazo, el texto indica que el paciente tendrá derecho a que se establezca un plan terapéutico que incluya sus decisiones sobre las opciones de tratamiento.

Otro de los aspectos que reconoce es el derecho a otorgar un documento de instrucciones previas o a rechazar el tratamiento, intervención o procedimiento propuesto por los profesionales sanitarios, «sin que esto suponga menoscabo alguno en la atención sanitaria de otro tipo que se le dispense».

Entre los derechos que reconoce la futura ley se encuentra el acompañamiento del entorno familiar, afectivo y social mientras la persona permanezca en un centro sanitario o sociosanitario, así como el hecho de que se le facilitará asistencia espiritual o religiosa.

El texto dedica un título también a los deberes de los profesionales sanitarios, que «adecuarán el esfuerzo terapéutico evitando la obstinación en el tratamiento».

Sobre el apoyo a la familia de los pacientes y a las personas cuidadoras, plantea que los centros e instituciones les presten apoyo y asistencia en el proceso final de la vida y posteriormente en el duelo. Así, los centros sanitarios respetarán el momento inmediatamente posterior al fallecimiento de un paciente «concediendo a los familiares, siempre que sea posible, un tiempo suficiente de estancia en la habitación que les facilite la despedida del mismo en condiciones adecuadas».

Establece el texto la existencia de comités de ética asistencial y que será la Consejería de Sanidad la encargada de organizar la vigilancia y supervisión de su cumplimiento.

El documento también aborda las infracciones de la futura ley y un régimen sancionador que va desde los 300 euros en el caso de las infracciones leves a 600.000 de las muy graves.