Ciudadanos impulsa una propuesta para apoyar a las instituciones contra el referéndum

El texto expresa el apoyo al Gobierno de España, al Tribunal Constitucional, al Ministerio Fiscal y al resto de representantes del Poder Judicial, así como a las autoridades públicas y a los funcionarios del Estado para que, «no ejerciendo otra cosa que no sea la ley», se garantice, en todo caso, la seguridad, los derechos y libertades de los ciudadanos españoles y, especialmente, de los ciudadanos de Cataluña.

Además, propone el texto redactado por Ciudadanos instar al Gobierno de España a que se impida la organización y la celebración del referéndum de secesión de Cataluña mediante la utilización de recursos públicos para la promoción, preparación y ejecución del referéndum.

Explica el texto que la ciudadanía española y muy particularmente la catalana está «hastiada» de la situación de «grave crisis institucional a la cual les ha arrastrado el Govern durante los últimos años».

Destaca el 9 de noviembre de 2014 como «el de la radicalización del Gobierno catalán independentista», ya que fue este día cuando se organizó y celebró una consulta «ilegal», pese a las advertencias en contrario de los diversos poderes e instituciones del Estado, según el documento.

«En tanto que el autodenominado proceso participativo sobre el futuro político de Cataluña, consulta expresamente declarada ilegal por el Tribunal Constitucional, no logró credibilidad institucional alguna, los responsables de esta consulta decidieron ir un paso más allá», afirma la propuesta, que recoge que el Parlament aprobó un texto que declaraba el «inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente y que instaba expresamente a desobedecer al resto de instituciones del Estado».

Hace referencia también el texto que se ha presentado al resto de los grupos a que el nuevo desafío independentista pasa por asegurar la inminente independencia de Cataluña y la consiguiente proclamación de la República Catalana, para lo que el Parlament «destinó en marzo de este año una partida presupuestaria específica para el cumplimiento de los planes del referéndum, todo ello pese a las advertencias de los letrados de la Cámara».

Se refiere además a que el pasado 6 de septiembre la coalición independentista, «desoyendo todos los controles del Estado de Derecho, disponiendo de las instituciones a un servicio partidista y obviando el poder legítimo del resto de instituciones y, por tanto, del Estado», impuso, según recoge el documento, su voluntad de forma ilegal, y, «una vez más, sin ni siquiera contar con una mayoría parlamentaria realmente representativa de los ciudadanos catalanes».

En este sentido, explica el texto que se aprobó la llamada Ley del Referéndum «incumpliendo gravemente la Constitución, las leyes, los mandatos del Tribunal Constitucional e incluso las normas de la propia Cámara, y sin contar siquiera con la presencia de los grupos de la oposición durante la votación».