Los vecinos estudian llevar al juez la actuación policial en la marcha por el centro de especialidades

«Vamos a presentar una denuncia ante los juzgados por vulneración de derechos constitucionales, tanto contra la Policía Municipal como la Nacional, pero muy especialmente contra sus responsables: la subdelegada del Gobierno en Valladolid, Alicia Villar, y el alcalde de la capital, Óscar Puente, ya que la vulneración de nuestro derecho a defender la Sanidad y de impedir nuestro libre ejercicio del derecho constitucional a la manifestación se debía a que los policías acataban órdenes de sus responsables», aseguran desde el colectivo. «Vergüenza sentimos al ver a esos responsables dar esas órdenes y a esos policías ejecutarlas, coaccionando a unos centenares de personas honestas y de una elevada edad en su mayoría, en un barrio popular de esta ciudad, con mucha historia de lucha social y dignidad».

Subrayan los portavoces de la plataforma que el barrio está «harto de la actitud irresponsable de los gestores sanitarios, que mantienen cerrada una dotación sanitaria tan importante para la ciudadanía. Son muchas las personas cuya vida depende de un diagnóstico temprano o de un tratamiento adecuado, lo que no es posible con las vergonzantes listas de espera y los recortes en personal y recursos, cuestiones que se resolverían en buena medida si este centro de especialidades estuviese abierto», argumentan.

Ante lo que tildan de «ninguneo permanente con el que se nos está tratando al barrio de las Delicias», los participantes en la movilización que, subrayan, «había sido notificada a las autoridades correspondientes», decidieron no moverse de las puertas del centro «hasta que todo el mundo conociera que estas instalaciones permanecen cerradas, pese a haberse aprobado presupuestos para su reapertura. La actividad consistía en mantener una permanencia continua y pacífica en una calle peatonal ante las puertas del centro sin uso con todo el respeto a los vecinos de la zona». Pero, relatan, «los policías allí presentes, municipales y nacionales, impidieron de forma amenazadora nuestro derecho constitucional a esta legítima reivindicación. En ningún momento hubo posibilidad de dialogar con ellos, y ante la petición de que se informase a la Delegación del Gobierno sobre este hecho, y a sabiendas de que estaban vulnerando nuestros derechos fundamentales, tal como es el de reunión, respondieron con la llegada de más policías (unos 40 para 200 personas con una media de edad de 70 años).

La plataforma expresa su malestar por lo que consideran un desmedido refuerzo policial para disolver a los manifestantes, «mientras que a pocos cientos de metros, tanto en el barrio de Delicias como en el de Pajarillos, hay una actividad continuada del crimen organizado en relación con el narcotráfico, casas prostíbulo, salones de apuestas llenas de chavales menores... Pero ante estas actividades criminales que generan un grave deterioro social y parece que gozan de total impunidad, se hace la vista gorda por parte de las autoridades», critican.