Una vallisoletana vence a Hacienda tras ocho años de pleitos por el IRPF

El recurso contencioso administratrativo lo interpuso la contribuyente vallisoletana contra una resolución del 27 de mayo de 2021 del Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León que la penalizaba por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio de 2014. La liquidación de la AEAT le reclamaba una cuantía de 48.050 euros más una sanción de 22.523 euros por entender la administración tributaria que la declarante no había acreditado con documentos y facturas determinados gastos fiscalmente deducibles de su actividad en la empresa que tenía entonces.

Maribel Fernández alegó que Hacienda no solo aceptó ingresos a cuenta por una cuantía de más de 40.000 euros más las cantidades embargadas, de forma que «no se podía sostener la interpretación de la Agencia Tributaria de culpabilidad por acción u omisión ante su demostrada buena fe, pues no ha habido intento de ocultación o falta de cooperación con la Administración tributaria». Además, exponía la contribuyente en sus alegaciones, «se han ingresado las cantidades por las que hemos sido requeridos como adeudadas, a lo que hay que añadir los embargos y retenciones y no devolución de lo que nos correspondía de las pertinentes declaraciones».

La Abogacía del Estado concluyó que en la actuación de la recurrente existió negligencia «en el sentido de descuido o laxitud en la apreciación de los deberes impuestos por la norma tributaria». Finalmente, en octubre de 2019 la Administración tributaria, en su resolución de liquidación provisional estableció que Maribel Fernández dedujo gastos que no eran deducibles según la Ley del Impuesto y que, «a pesar de ser requerida para que aportara los libros de ingresos y gastos y las facturas emitidas y recibidas no lo atendió, por lo que no se pudo verificar el derecho a la deducibilidad de los gastos».

El TSJ considera que se tiene que anular la liquidación provisional de la Agencia Tributaria porque «no cabe la comprobación aislada de los gastos deducibles sin regularizar coetáneamente los ingresos» de la mercantil de la demandante, una asesoría. «En definitiva, la ausencia de regularización íntegra (ingresos y gastos) del impuesto comprobado conlleva la anulación de la liquidación y, consiguientemente, del acuerdo sancionador».

Con esta sentencia en la mano, Maribel Fernández ya ha registrado una reclamación patrimonial por daños materiales y morales que calcula en cinco millones de euros contra la Agencia Tributaria, como responsable directo, y contra el Ministerio de Hacienda, como responsable subsidiario. Es una indemnización, justifica, «por el sufrimiento causado por toda la tramitación, además de la pérdida de solvencia económica y financiera, el cierre técnico de la empresa y la ruina económica personal, el desprestigio reputacional, el endeudamiento continuado», además de pérdidas patrimoniales, pues tuvo que vender el coche, las joyas «y otras piezas valiosas», detalla en la reclamación.

Además, considera que «la vulneración de derechos fundamentales de la Agencia Tributaria ha hecho que ocho años de vida de la reclamante no se puedan recuperar, no se puedan volver a vivir, unos años determinantes para su vida por su edad».

Al mismo tiempo, la demandante ha presentado en la AEAT una reclamación de devolución de ingresos indebidos para que se le reintegren 40.389 euros más los intereses anuales (7.573 euros) que fueron ingresados en su día a la Agencia como pago a cuenta por las reclamaciones administrativas.

Mientras recibe respuesta a estas reclamaciones económicas, Maribel se aferra a la decisión judicial que le abre la puerta a una segunda vida cuando va a cumplir 67 años. «Esta sentencia me ha reintegrado el honor y la dignidad», subraya agradecida. Y, apostilla, «aunque no hay dinero en el mundo que me devuelva los ocho años perdidos, quiero transmitir el mensaje de que de todo se sale, incluido Hacienda».