Valladolid

Urbanismo tumba el segundo recurso vecinal contra los 114 pisos para jóvenes de Parquesol

La primera batalla administrativa tuvo lugar hace ya más de un año. Entonces alegaron que el futuro bloque arrojaría sombra sobre sus viviendas, lo que impediría el correcto funcionamiento de las placas solares de sus tejados, además de provocar problemas de circulación por el tráfico de vehículos que se iba a generar con los futuros vecinos. Estas reclamaciones no se atendieron. Los técnicos municipales avalaron que el inmueble, ahora en plena ejecución, cumplía con todos los requisitos legales y urbanísticos.

En esta ocasión la pelea ha ido por otro camino. El recurso presentado, y tumbado el pasado lunes por decisión del Ejecutivo local, considera que las prescripciones técnicas que se disponen en el acuerdo han sido «excesivamente resumidas y que cada una de ellas hubiera sido suficiente para imposibilitar la obtención de la licencia», además de recalcar la ausencia de documentación necesaria en el proyecto básico. Estos residentes reclamaban que la parcela siguiera estando destinada a un equipamiento público y que en ningún caso se derivara al uso residencial.

El Ayuntamiento contesta. El terreno está calificado por el PGOU 2020 como equipamiento público y además se encuentra dentro del Espacio Singular de Interés Natural Laderas de Parquesol. Este suelo tiene asignados aprovechamientos urbanísticos heredados de la ordenación aprobada por el plan parcial. Recuerda la Concejalía de Urbanismo que entre los usos que se pueden implantar dentro de esa catalogación se encuentra el de «residencia colectiva o comunitaria».

Apunta que tendrán la consideración de viviendas colaborativas protegidas las edificaciones habitables con servicios comunes que sean así calificadas por la Administración de la Comunidad de Castilla y León por destinarse al alojamiento en alquiler de personas incluidas en colectivos de especial protección, particularmente jóvenes, o bien mediante cesión en precario cuando se trate de personas en riesgo de exclusión social. Su construcción está autorizada sobre suelos dotacionales de equipamiento de cualquier clase, entre los cuales se encuentran los terrenos de la calle Julio Senador Gómez

Su superficie útil no será inferior a 15 metros cuadrados ni superior a 65, algo que se cumple en este proyecto. A partir de su calificación quedarán sometidas con carácter permanente al régimen legal de protección, quedando prohibida su descalificación. «Se concluye que el uso propuesto para la parcela de referencia es compatible con las determinaciones urbanísticas aplicables a la misma: el PGOU 2020, el plan parcial y la legislación vigente», subraya el Consistorio.

Recuerda, además, que el concepto de vivienda colaborativa de protección está regulado por la normativa autonómica en la Ley 9/2010, de 30 de agosto, del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León, en su artículo 43.2 modificado por el Decreto-Ley 2/2022, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad económica.

Los vecinos de Residencial Alameda también cuestionaban que una administración pública pueda licitar proyectos y obras en una parcela que no es de titularidad del solicitante y que ni siquiera ha sido tomada en posesión. Según sus argumentos, el suelo de propiedad municipal estaba reservado para un equipamiento y por lo tanto debería haber pasado por un periodo de exposición pública antes de su cesión a la empresa pública Somacyl, encargada de sacar el concurso de las obras.

De no ser así, afirman los recurrentes, tenía que haberse tratado como el resto de los suelos destinados a equipamiento del programa 'Constelaciones', en las que el promotor presenta una iniciativa privada en suelo público para que una vez aceptada se proceda a su adjudicación mediante concurso público.

Para el Ayuntamiento esta alegación «parte de dos premisas erróneas», ya que se afirma que la parcela ha sido cedida a Somacyl, cuando en realidad se está tramitando un procedimiento para adjudicar la concesión. Además, subraya que no se trata de un promotor privado, sino una empresa dependiente de la Junta de Castilla y León, adscrita a la Consejería de Medio Ambiente. «Cuando se trata de una empresa pública y no de una privada, la administración municipal puede adjudicar directamente la parcela sin necesidad del trámite de exposición pública», sostienen los técnicos de Urbanismo.

En el recuso también se cuestionaba las afecciones de la intervención la zona vegetal ladera norte. Y es que la obra ha obligado a realizar un espectacular desmonte para abrir la zanja donde se cimentan los bloques de pisos, así como un muro de contención para separar las edificaciones del resto de la zona verde. Según recoge la propuesta de acuerdo de la Junta de Gobierno municipal, el Servicio de Parques y Jardines avala que el proyecto cumple con la normativa aplicable, por lo que también se desestima esta alegación.

Así, la obra que lleva a cabo la empresa alicantina Media Caña seguirá adelante si no hay nuevos movimientos de estos residentes ya en los tribunales. Con una superficie de 2,7 hectáreas, este suelo fue cedido por el Ayuntamiento en 2024 al Ejecutivo regional para abordar un proyecto en el que se invierten más de 15 millones de euros.

Los bloques, que contarán con 114 plazas de aparcamiento bajo tierra en un sótano en el que se habilitarán también los trasteros, tendrán cuatro plantas distribuidas en la de calle más dos pisos y el bajocubierta. Cada vivienda contará una superficie aproximada de sesenta metros cuadrados, con salón-comedor-cocina, dos dormitorios, dos baños y terraza. El plazo de ejecución previsto ronda los 22 meses.

El proyecto incluye una remodelación del resto de la ladera para convertirla en un parque paseable. Con una superficie cercana a los 10.000 metros cuadrados, está planeado crear una serie de sendas para recorrerla, habilitar terrazas naturales con bancos a modo de mirador y también una zona de columpios.