La Universidad de Valladolid deniega el permiso a un acto político a favor de los acusados de Alsasua

Cartel difundido este miércoles./
Cartel difundido este miércoles.

Una plataforma había reservado un aula para el día 8 de junio, anulada «porque no es un debate jurídico»

Antonio G. Encinas
ANTONIO G. ENCINASValladolid

El decano de Derecho, Juan María Bilbao, se puso en contacto con la asociación Plataforma Ciudadana en Defensa de las Libertades. Quería saber si el acto para el que habían solicitado la prerreserva del aula 10 de la facultad tenía un contenido de debate jurídico o simplemente de reivindicación política. El título había alarmado a un sector de la comunidad universitaria desde primera hora de la mañana: 'La verdad sobre el caso Alsasua'.

Estaba previsto, según el cartel que estaban difundiendo por las redes sociales –en la Facultad de Derecho no había cartelería–, que acudieran al acto familiares de «las y los encausados [sic]» por la presunta agresión a varios guardias civiles en la localidad de Alsasua. La respuesta del colectivo fue que se trataba de un acto reivindicativo, por lo que Juan María Bilbao procedió a denegar la reserva del espacio de la universidad para este acto, que ahora deberá buscar un nuevo emplazamiento.

El procedimiento establecido por la Universidad de Valladolid para poder utilizar sus espacios incluye algunas normas de obligado cumplimiento, según explicaron ayer fuentes de la institución académica. En primer lugar, se debe comunicar con antelación que se quiere usar un espacio y el motivo para el que se solicita. A continuación, debe contarse con el aval de alguna asociación ligada a la propia Universidad de Valladolid, o bien docentes, permisos del Rectorado, etcétera. Y tampoco se autorizan, explicaron, en el caso de que se trate de un acto, como parece el caso, de reivindicación o propaganda política.

Según la UVA, si se tratara de un debate jurídico sobre el caso, por ejemplo, podría haberse autorizado. En este caso se contaba con la presencia de familiares de los presuntos agresores de Alsasua, que se encuentran en prisión preventiva. Una de las ponentes, Igone Goikoetxea, estuvo presente en el Parlamento Europeo días atrás para reclamar «justicia» para los acusados. «Ya estamos de vuelta en casa.Del Parlamento Europeo volvemos con compromisos concretos y una mochila que rebosa solidaridad. Cansadas pero satisfechas,mañana nos levantaremos dispuestas a continuar luchando por conseguir que se haga justicia con nuestros hijos e hija», explicaba Goikoetxea en Twitter el pasado lunes.

La propia Igone Gpikoetxea, junto con otro de los ponentes previstos, Antxon Ramírez, también padre de uno de los acusados, estuvo presente en un acto de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) para dar visibilidad a su caso.

Ocho personas están acusadas de agredir a dos guardias civiles y sus parejas a finales de 2016. La Fiscalía ha solicitado penas de entre 12 y 62 años de cárcel, pero aún no ha salido la sentencia del caso. La Fiscalía consideró la agresión una acción «premeditada» con el fin de infundir «terror», ya que a su juicio se encontraban vinculadas a organizaciones radicales que persiguen la expulsión de las Fuerzas yCuerpos de Seguridad del Estado del País Vasco y Navarra.

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