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La aplicación de la doctrina europea, respecto a las indemnizaciones por despido para trabajadores con contrato temporal, ha llegado a la Universidad de Valladolid (UVA). La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, integrada por siete magistrados, ha estimado la demanda de una docente ayudante que desde 1986 ha venido manteniendo relación laboral con la universidad, y condena a la institución académica a indemnizarla con 20 días de salario por año de servicio.
La decisión supone de facto el reconocimiento de igualdad para esta categoría de docentes, respecto al marco legislativo europeo, sin que quepa la aplicación de convenios o normas nacionales en las que se aplican criterios diferenciados por ser empleado temporal.
La indemnización reconocida asciende a 32.218 euros (88 euros por día, incluidas las pagas extraordinarias). El TSJ, en su sentencia del pasado 18 de septiembre, le reconoce además la antigüedad desde 1986.
En los hechos probados se recoge que la demandante había trabajado con diferentes tipos de contratos, desde el de colaboración temporal en Escuelas Universitarias, hasta como profesora asociada a tiempo completo, régimen que se reconoce para un docente en las universidades públicas. Durante más de una década, éstos se habían encadenado mediante prórrogas.
En septiembre de 2016, la Universidad de Valladolid le comunicó el despido por haber excedido los ocho años máximos de temporalidad para profesores, que marca la Ley de Universidades. La decisión fue recurrido por improcedente, aunque en este aspecto el TSJ da la razón a la institución.
Sin embargo, los siete jueces regionales hacen suya la doctrina del 14 de septiembre del 2015 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TSJUE) que ordena al Estado español a asumir en su normativa laboral «el derecho de un trabajador que finaliza su contrato temporal a percibir una indemnización semejante a la establecida en el artículo 53 del Estatuto de los Trabajadores para el despido objetivo. Su no reconocimiento puede supone un ilegítimo supuesto de discriminación entre contratos temporales y contratos fijos o indefinidos».
La sentencia del TSJ aplica el principio jurídico de ‘eficacia vertical’ que obligaría a todos los empleadores, incluidas las administraciones públicas, a asumir los acuerdos europeos en esta materia.
«La diferencia de trato alegada, relativa a la concesión de una indemnización por finalización del contrato, sería contraria a la cláusula 4 del Acuerdo Marco de la CES, salvo el supuesto de que las funciones desempeñadas por el trabajador de los diferentes contratos de duración determinada no se correspondieran a las de los trabajadores fijos», recuerda el fallo del TSJ.
La Universidad de Valladolid recurrirá el fallo en casación ante el Tribunal Supremo.
