El Tribunal Central saca a concurso tras 20 meses la vacante del Juzgado Togado en Valladolid

El Tribunal Militar Central (TMC), con sede en Madrid, ha dictado una resolución por la que saca a concurso la plaza vacante de titular del Juzgado Togado Militar número 42 de Valladolid, un puesto que se encontraba sin cubrir desde mayo del 2017, tras la marcha por ascenso de la anterior jurídica militar, la teniente coronel Pilar Prieto de las Heras. Prieto, que estuvo adscrita a este órgano durante 14 años, fue destinada a la Asesoría Jurídica de la Armada, en la Bahía de Cádiz.

El órgano vallisoletano adscrito a la jurisdicción castrense se encarga de las denuncias e investigaciones que tienen su origen en los acuartelamientos y unidades de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, que operan en siete provincias de Castilla y León (Ávila, Salamanca, Segovia, León, Palencia, Valladolid y Zamora), a las que se suma la del Principado de Asturias.

En estos casi dos años, en ausencia del titular del órgano vallisoletano, las declaraciones eran tomadas por el juez Togado Militar 43, con sede en Burgos, Esteban José Hernando, cuya plaza también se encuentra vacante. Hernando se encargaba de los procedimientos de las provincias del País Vasco, Cantabria, La Rioja y Navarra. Es por ello, que la carga de asuntos de ambas demarcaciones territoriales tuvieron que ser asumidas por la jurídico militar 41 de La Coruña, comandante Dolores Vázquez Rodríguez. Esta falta de titulares ha obligado a realizar las declaraciones por vídeoconferencias.

Según la Ley Procesal Militar, corresponde a la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central solicitar la provisión de las vacantes que se produzcan en los órganos judiciales castrenses. Por ello, el pasado 15 de enero el Tribunal Militar Central, que preside el general Togado Carlos Melón Muñoz, acordó sacar la plaza del Juzgado Togado Territorial 42 Valladolid después de 20 meses sin titular.

Al puesto podrán optar los jurídicos militares que tenga el empleo de comandante o capitán auditor, y que sean miembros de las Fuerzas Armadas. Los asuntos de los que pueden hacerse cargo estos instructores militares territoriales tienen que haberse cometido por personal de tropa, suboficiales y oficiales hasta el empleo de capitán. A partir de comandante, este órgano tiene que inhibirse en favor de un tribunal superior. La plantilla castrense en Castilla y León y Asturias que comprende esta jurisdicción supera más de 10.000 personas, incluidos los miembros de la Guardia Civil a los que se considera también miembros de la institución militar.

La convocatoria del órgano vallisoletano se ha hecho coincidir con las de los Togados Territoriales de Zaragoza (Juzgado 32) y la del Almería (Juzgado 23). El Tribunal Central debe decidir si convoca o no la vacante para titular de Burgos, cuya continuidad se había puesto en cuestión, según fuentes del Ministerio de Defensa. El anuncio de esta convocatoria ha sido comunicado ya al Consejo General del Poder Judicial, y se publicará en breve en el BOE.