El conflicto por 18 chóferes de Auvasa amenaza con diez días de paros en hora punta
El concejal Luis Vélez subraya que legalmente es inviable mantener a estos empleados si no superan las pruebas y subraya que se valorarán sus méritos
Tensión máxima en Auvasa, con órdago de la plantilla. El comité de empresa de la compañía de transportes ha convocado paros parciales en el servicio ... las semanas del 14 al 18 de junio y del 21 al 25 del mismo mes entre las 13:30 y las 15:30 horas –franja punta de viajeros– por lo que consideran el «despido injustificado» de 18 conductores, que ahora realizan sustituciones por bajas de larga duración. Además, el 18 de junio, a las nueve de la mañana, se celebrará una manifestación desde las cocheras de la empresa, en el polígono de Argales, hasta el Ayuntamiento contra la decisión de la dirección. Este programa de movilizaciones, que podrían continuar en septiembre si no se llega a un acuerdo, está condicionado a una negociación que ni la parte social ni el Ayuntamiento dan por cerrada. Comienza el tira y afloja.
El presidente del comité, Arturo Barrull, lamentó la «cabezonería» de la gerencia, ya que, a su juicio, no está dispuesta a buscar una solución para estos empleados. «Queremos que sigan estando en las mismas condiciones, ni las asesorías jurídicas de los sindicatos ni los abogados de los afectados ven ningún impedimento legal para que convivan dos listas de espera: la de 2015 y la que se convoca ahora».
Esta versión es completamente contraria a la ofrecida por el concejal de Movilidad, Luis Vélez, quien subrayó que legalmente es inviable mantener a estos conductores como interinos. Se tendrán que presentar a la convocatoria de las 116 plazas que acaba de sacar la empresa pública, pero contarán con ventajas sobre el resto de aspirantes –ahora 51– si aprueban el examen, ya que se les ponderará la experiencia en el servicio, se les eximirá de la prueba de conducción, se les reservará plaza en los primeros puestos de la lista, además de ofrecerles formación personalizada para afrontar la prueba. De esta manera, justificó el edil, se concilia la valoración de su experiencia «con el obligado derecho constitucional al acceso al empleo en el sector público del resto de profesionales».
El concejal recordó que un informe jurídico realizado por el despacho de abogados Garrigues ya advertía, a finales de 2015, que la futura convocatoria de una bolsa de empleo debería estar ajustada a derecho, tendría que garantizar unas pruebas adecuadas y respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Ese documento apuntaba, además, que determinadas prácticas recogidas en el convenio, como la preferencia por los familiares de empleados a la hora de acceder a la empresa o la realización de convocatorias exclusivamente internas eran nulas de pleno derecho.
Según explicó el concejal y presidente del consejo de administración de Auvasa, desde junio del 2020, el absentismo del personal de conducción ha aumentado hasta alcanzar valores cercanos al 20%, «lo que supone un grave riesgo para la prestación del servicio con calidad y oferta suficiente, lo que conlleva la necesidad de una contratación extraordinaria de, al menos, cuarenta conductores».
Esta situación, argumentó, se ve agravada en verano, coincidiendo con el periodo vacacional de los chóferes, lo que requiere realizar más fichajes. «Este nivel de absentismo tan elevado y sostenido en el tiempo, que duplica la media de los últimos diez años, compromete el servicio de Auvasa», advirtió Vélez.
La nueva bolsa de empleo, a la que no se oponen los sindicatos siempre que se respeten los puestos de los 18 afectados, es pues fundamental para recuperar las líneas búho, garantizar los refuerzos que se realizan con motivo de la covid y para poner en marcha los servicios especiales de la compañía.
La postura de la 'patronal' parece firme. Vélez emplazó a los sindicatos a que ofrezcan una solución «dentro la legalidad», al tiempo que defendió la urgente necesidad de contar con una lista de reserva amplia para afrontar jubilaciones y bajas. «Si no tenemos conductores para sacar los autobuses a la calle, la responsabilidad será nuestra, no de los sindicatos», dijo Vélez.
Así, recomendó evitar las movilizaciones de protesta, porque supondrían «un grave perjuicio para la ciudadanía y para el personal de la empresa en particular», cuando se está logrando recuperar la confianza de los viajeros tras la brutal caída de usuarios a causa de la pandemia.
El concejal del PP, Alberto Gutiérrez Alberca calificó las palabras de Vélez como «una declaración de guerra» del edil y de su «lugarteniente», Álvaro Fernández Heredia, gerente de la mercantil, porque «rompen la paz social» en una empresa con más de cinco millones de déficit. A su juicio, los criterios de igualdad, mérito y capacidad tendrían que haberse aplicado también para la contratación del gerente, que, por el contrario, fue directa. «No se puede exigir para plazas de menor retribución salarial lo que no se ha exigido para las de mayor retribución», criticó.
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