Valladolid

Los sindicatos amenazan con una huelga de funcionarios en diciembre si el Gobierno no mejora sus condiciones

Benjamín Castro, el presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios en la región, ha puesto voz a esa advertencia y ha recordado que las tres organizaciones acumulan «más del 80% de la representatividad» del sector en España. De la importancia cuantitativa del colectivo da idea que solo en Valladolid rondan las 40.000 personas entre el Estado (7.275), la Junta (25.849) y las instituciones locales (6.286), cuantía que asciende hasta las 177.505 en el conjunto de Castilla y León, de acuerdo con la estadística oficial a 1 de enero de 2025.

Castro ha denunciado que «por primera vez en la historia los empleados públicos tenemos el sueldo congelado sin una crisis por el medio, sin motivarlo y sin dar explicaciones al respecto». De ahí que haya instado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a «salir de su inmovilismo y de forma inmediata comenzar a negociar un acuerdo salarial» con el fin de «amortiguar el IPC, porque para muestra un botón, han salido las cifras y otro 3,1% perdido de poder adquisitivo, sumado al 20% perdido de 2010 para acá». «No lo soportamos más, no lo vamos a permitir y convocaremos nuevas movilizaciones», ha avanzado el dirigente de CSIF.

En la misma línea se ha expresado el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores, Tomás Pérez Urueña, quien ha afeado al Gobierno que lleve «once meses sin querer sentarse en la Mesa General de los Empleados Públicos para hablar no solo de retribuciones, que también, sino para hablar de otras cuestiones». Entre ellas ha mencionado «la reclasificación de las categorías, hay que adaptar las académicas a las profesionales y sobre todo dar contenido al Grupo B, que se creó hace casi quince años y todavía no hay nadie porque no quieren dar a los técnicos su categoría».

En relación a otros derechos el responsable de UGT ha señalado que «estamos siendo marginados, por ejemplo, en la jubilación parcial», y por eso ha instado al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a corregir su posición. «Estamos en puertas de noviembre y esto tenía que haber sido hablado, dialogado y firmado antes de enero», ha sentenciado, «independientemente de que haya o no haya Presupuestos, porque no tiene nada que ver». «Se puede hacer un decreto, se puede llegar a un acuerdo como en 2021 y cumplirlo, y por tanto pedimos al Gobierno que piense que si quiere unos buenos servicios públicos tiene que tratar muy bien a los empleados públicos», ha dicho.

Una idea en la que ha incidido asimismo Henar Vaquero, en nombre del Área Pública de Comisiones Obreras, quien ha defendido que «la calidad del empleo público repercute en la calidad de los servicios públicos», es decir, «en la enseñanza, en la sanidad, en los servicios sociales, en todo lo que afecta a nuestro Estado del Bienestar». A continuación y flanqueada por sus compañeros, la representante sindical ha echado la vista atrás y ha puesto de relieve que hace tres años CCOO y UGT firmaron «un acuerdo por una Administración del siglo XXI en el que se consiguió una mejora salarial que ha sido la subida de los últimos tres años, y hoy nos concentramos para negociar un nuevo acuerdo».

Un pacto vital por cuanto de él depende lo que ocurra en la totalidad de los estamentos administrativos. «Para que las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las diputaciones o las empresas públicas hagan una subida a sus trabajadores tiene que haber una aprobación del Gobierno, que fija el tope», ha apostillado Tomás Pérez, que de nuevo ha insistido en «no centrarnos solo en el sueldo, porque hay muchísimas cosas que negociar» como la precariedad o la temporalidad. «No podemos tener unos servicios públicos como se están teniendo, a base de parches», ha esgrimido.