Una sentencia constata la división en la asociación de la Rondilla

Una de las protestas, a finales de los 90, de miembros de la asociación de vecinos de la Rondilla. /EL NORTE
Una de las protestas, a finales de los 90, de miembros de la asociación de vecinos de la Rondilla. / EL NORTE

La jueza asegura que se vulneró la elección para la Junta en 2017, un proceso convocado «para echar a cierta gente», que era crítica con el Consistorio

Jorge Moreno
JORGE MORENOVALLADOLID

Cuarenta y ocho años de historia y convergencia vecinal entre los miembros de la Asociación Familiar de la Rondilla, cuyos dos últimos años se ponen ahora en entredicho en una sentencia judicial, que constata la división interna del mayor colectivo vecinal (570 socios) que tiene la capital vallisoletana.

La magistrada de Primera Instancia número 5 de Valladolid, Elena Estrada, ha declarado nulo el acuerdo de designación de los miembros de la Junta Directiva de la Asociación de la Rondilla, un proceso cuestionado que se llevó a término a inicios del pasado 2017, y que concluyó en los tribunales.

«Nunca, en los más de 40 años de historia de la Asociación, hubo un conflicto interno entre los socios, y jamás tuvimos que recurrir a la justicia por la gestión democrática», apunta Ángel Bayón, uno de los socios históricos, que junto a Ángel Ceballos Buendía, fundador en 1970 del colectivo en la etapa franquista, Rocío Matilla, Rosario Cascajo y Manuel Prieto, demandaron amparo ante el incumplimiento de los Estatutos.

Todos ellos representan al sector crítico con la anterior directiva, que presidió Carmen Quintero, a la que se venía reprochando su falta de oposición con algunos de los proyectos del equipo municipal que preside el alcalde Óscar Puente, y que respalda el Grupo Municipal de Valladolid Toma la Palabra (VTP)-IU.

Según Ángel Bayón, «la llegada al colectivo de gente vinculada a este grupo político, hizo que la independencia de la Asociación frente al poder municipal, gobernara quien gobernara, se cuestionase. Y vinieron todos a la asamblea, y se formó un frente para que personas que llevábamos décadas no continuásemos por ser críticos. Y se nos echó de un proceso en el que la jueza nos da ahora la razón porque no fue limpio».

Argumentos

Según la sentencia, la decisión de someter a votación la forma de designar a los miembros de la Junta Directiva, y la designación de los miembros de esa Junta mediante votación, al excluir a tres voluntarios, no se hizo con las exigencias legales fijadas tanto en los Estatutos de la Rondilla, como de la ley de del Derecho de Asociación.

Para la jueza, la elección de miembros de la Junta Directiva vulneró esta norma «al haber debido a proceder a la votación de una forma de elección de miembros de la Junta Directiva diferente a la regulada en los Estatutos, porque se efectuó la votación sin censo para control, estando presente personas sin derecho a voto, por no ser asociados al no estar al corriente del pago de las cuotas, o candidato que no podía presentarse por no llevar inscrito un año en la Asociación, o actuar como presidente, de facto, el de la Junta del año anterior que a su vez se presentaba como candidata».

Así, según el fallo, se excluyó de la votación a tres voluntarios, incumpliéndose los Estatutos vecinales. La magistrada de Primera Instancia da credibilidad al testimonio de falta de garantías en la elección a la Directiva, cuando recuerda las declaraciones de dos testigos respecto a que la votación en la asamblea del 3 de marzo de 2017 sobre que «el control fue visual, no exhaustivo, ni con toma de datos», o lo declarado por otra asistente respecto a que «era una asamblea organizada para echar a cierta gente», «una votación revuelta... chapucera», como apostilló.

De este modo, según el fallo, la designación de la Junta Directiva «rompe las directrices-base de la propia ley Orgánica de Asociación», sin que se pudiera determinar «en el recuento qué abstenciones hubieron, control de socios que votaban, sin constatar que hubiera censo de socios, o contabilizando todas la papeletas tuvieran o no enmiendas».

La sentencia sitúa todo este proceso en los problemas entre miembros y exmiembros de las Juntas Directivas de la Asociación de la Rondilla, que determinaron que la votación se hiciera «sin las exigidas garantías, (...), había poca gente y desconocida», como llegó también a señalar en el juicio otra socia.

Pese a estas conclusiones judiciales, la Junta Directiva reunida este lunes para valorar el fallo, expresó «su satisfacción por el apoyo democrático que nos dio la asamblea el 5 de marzo de 2017», y que se renovó en enero de 2018.

«La sentencia después del tiempo transcurrido no modifica en nada la situación actual», recordó ayer su nuevo presidente, Miguel Ángel Niño, para quien «los demandantes habían pasado el año entero boicoteando las reuniones, creando malestar, generando tensión y profiriendo amenazas».

Pese a esta valoración, el presidente actual, Miguel Ángel Niño, recordó que los demandantes siguen siendo socios, «aunque no paguen», y calificó de «muy triste que compañeros que han trabajado por la Asociación muchos años hayan tenido que recurrir a los tribunales para resolver una cosas que se podría haber hecho con el diálogo».

La Junta Directiva de la Rondilla decidirá la semana que viene si recurren el fallo ante la Audiencia Provincial de Valladolid. De hacerlo, sería por la imposición de las costas que ha hecho la magistrada, «ya que nos supone unos 3.000 euros para un presupuesto anual de unos 22.000», dijo Niño.

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