Juicio contra un empresario de Valladolid acusado de quedarse con el salario embargado de un trabajador

Oficinas de la Seguridad Social en Valladolid. /EL NORTE
Oficinas de la Seguridad Social en Valladolid. / EL NORTE

La Audiencia le juzgará la semana que viene por malversación impropia, y pide para el acusado 2,5 años de prisión

Jorge Moreno
JORGE MORENO

Una conducta delictiva que ha tardado dos años en descubrirse, y que ha terminado con el dueño de una empresa vallisoletana procesado judicialmente. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valladolid juzgará la semana que viene a un hombre, A. M. C. C., sin antecedentes penales, al que la Fiscalía acusa de ser autor de un delito de malversación impropia por el que solicita una condena de dos años y seis meses de prisión, y otros siete de inhabilitación.

Los hechos por los que el Juzgado de Instrucción número 3 de Valladolid le investigó arrancan del año 2016, cuando la Tesorería de la Seguridad Social puso en conocimiento de la Fiscalía que el acusado, responsable una mercantil dedicada a las reformas de construcción, recibió la orden por parte de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social, para que procediese a embargar el salario de uno de sus empleados.

El importe del embargo ejecutivo era de 22.084 euros. Pese a esta instrucción, A. M. C. procedió desde el mes de agosto de 2014 y hasta agosto de 2016 a descontar y retener en las nóminas del trabajador embargado las cantidades que legalmente correspondían.

Sin embargo, según la acusación del Ministerio Público, no las puso a disposición de la Unidad de Recaudación de la Tesorería de la Seguridad Social y las destinó a otro fin.

Tras detectar los hechos, el Juzgado de Instrucción abrió diligencias, y tomó declaración tanto al investigado como al trabajador afectado del embargo de su nómina.

Tipo penal del 435

La vista oral por este caso está prevista que se celebre en la Audiencia de Valladolid, el próximo 19 de octubre. La Fiscalía solicitó como medio de prueba el histórico de las nóminas para demostrar los descuentos mensuales que se hicieron.

La defensa del acusado ha pedido la absolución, salvo en lo que respecta a la responsabilidad civil.

El Código Penal establece en su artículo 435 el delito de malversación impropia en el que se asimila al depositario de una cantidad con un funcionario público. En este caso, el responsable de la empresa de construcción se convirtió en representante de la Tesorería de la Seguridad Social para proceder a descontar el dinero, cuyo destino era un embargo en vía ejecutiva de la Dirección Provincial de Valladolid.

Así, es el Estado el que asimila al empresario con las funciones y deberes de un funcionario público, en lo relativo a la custodia legal de los bienes embargados, que se convierten en públicos desde el momento en el que se procede a descontar de la nómina.

Se responsabiliza del delito a los que incumplen este encargo de custodia por cualquier concepto de fondos, rentas o efectos de las Administraciones públicas.

A este respecto, la jurisprudencia sostiene que la malversación impropia se configura como un delito que tiene elementos de la administración desleal, pero también del delito de apropiación indebida, en este caso de patrimonio público.

Para calificarlo penalmente, se tienen en cuenta otras circunstancias, como es el perjuicio generado al servicio público, el valor de las cantidades, las razones que lo motivaron y el ánimo de devolución. El tipo penal se puede aplicar también a los administradores concursales, con relación a la masa concursal o los intereses económicos.

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