El PP recurre el archivo de la denuncia a Puente por el contrato de la cuñada de un edil

Bermejo y Puente conversan tras un pleno. /G. VILLAMIL
Bermejo y Puente conversan tras un pleno. / G. VILLAMIL

Solicita que se revoque el auto del Juzgado de Instrucción 4, que no apreció los hechos como constitutivos de una infracción penal

J. Asua
J. ASUAVALLADOLID

El Partido Popular ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial tras el archivo, por parte del Juzgado de Instrucción número 4, de la denuncia que esta formación presentó contra el alcalde de Valladolid por la presunta comisión de un delito de prevaricación por omisión al considerar que debería haber abierto un expediente sancionador al concejal de Hacienda, Antonio Gato, por firmar el contrato de su cuñada para realizar un estudio sobre la remunicipalización del servicio de agua en el Ayuntamiento.

El pasado mes de julio, en primera instancia, el juez decidió no admitir la denuncia «por no ser los hechos constitutivos de infracción penal». El PP no está de acuerdo con esta resolución y solicita a la Audiencia que revoque el auto y el caso se vuelva a analizar. En el recurso, con abundante jurisprudencia, lo populares lamentan que el titular de Instrucción 4 no haya entrado a estudiar a fondo la causa. El escrito recuerda que la negativa de Óscar Puente, en su condición de alcalde, a abrir un proceso sancionador a un concejal, que debió abstenerse en la firma de este acto, fue «reiterada y contumaz» durante dos años y por eso debe investigarse en el ámbito penal.

Recuerdan que la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público regula la abstención como el deber de las autoridades de no intervenir en un procedimiento en el que concurra un conflicto de intereses, como es el caso del parentesco. Subrayan, además, que la norma de Buen Gobierno y Transparencia apunta en el mismo sentido y determina que el que conculque este precepto debe ser sancionado.

Para el PP la decisión de Puente «podría ir dirigida notoriamente a evitar la reprobación y descrédito político de su compañero de gobierno y de partido político, así como el cese como concejal delegado del área». Esa decisión, añade el recurso, «no es inocua» porque «es partidista y subjetiva y ha generado costes a la Hacienda municipal y percepciones que podrían haber devenido como indebidas, generando un enriquecimiento injusto». El escrito considera que el alcalde debería haber iniciado de oficio el procedimiento disciplinario, un deber que se origina en un mandato legal de obligado cumplimiento.

«¿Podría un alcalde no iniciar un procedimiento disciplinario a un trabajador que presuntamente haya cometido una infracción?, ¿podría un alcalde no iniciar un procedimiento sancionador contra alguien que haya circulado a más velocidad de la permitida o arrojando basuras en un lugar prohibido? Estas actuaciones serían consideradas arbitrarias y contrarias a derecho sin lugar a dudas», argumentan para asimilar estos supuestos con los de la «firma incompatible» del concejal de Hacienda, además de recalcar que el propio Procurador del Común consideró que la rúbrica del contrato es un un acto fundamental para que este se materializara y señaló que debía haberse abstenido.

El pasado mes de agosto, el alcalde de Valladolid firmó un decreto en el que descartaba iniciar un expediente sancionador a su concejal. Basado en tres informes, Puente argumentaba que de la investigación realizada se acreditaba que Antonio Gato «no tuvo intervención alguna en el procedimiento que tuviera incidencia sustantiva en el resultado ni en la limpieza de proceso selectivo, ni que pusiera en riesgo la objetividad e independencia con la que debe actuar la Administración Pública». La decisión queda ahora en manos de la Audiencia.