Reconocen el cobro del desempleo a una trabajadora de Valladolid que elevó su cotización antes de jubilarse

Sede central de la Seguridad Social en Valladolid. /L. GARCÍA
Sede central de la Seguridad Social en Valladolid. / L. GARCÍA

El TSJ revoca una resolución del Inem estatal, que consideró que hubo connivencia y fraude de ley para luego cobrar más

Jorge Moreno
JORGE MORENOVALLADOLID

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) ha reconocido el derecho de una trabajadora de Valladolid a percibir la prestación por desempleo que se le había sido concedida en el año 2013 y que, posteriormente, una inspección del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) pretendió quitársela por estimar que se había producido un fraude de ley, ya que la mujer estaba empleada en una empresa familiar de la que su esposo era el administrador, y en donde se habían incrementado las cotizaciones sociales meses antes del despido.

Un juzgado de lo Social de la capital dio la razón confirmando el acta de infracción levantada por la Administración, pero ahora el TSJ revoca la sentencia de instancia declarando el derecho a la prestación apoyándose en que «fueron meros indicios» los utilizados por el organismo estatal para retirársela.

Según la sentencia, de fecha 7 de marzo de este año, la mujer solicitó la percepción por el paro el 11 de junio de 2013, y el organismo estatal se la reconoció desde esa fecha y hasta el 30 de mayo de 2017, con una base reguladora de 87,16 euros diarios. La empleada había prestado sus servicios en una constructora, desde marzo del 2006, y fue despedida por causas objetivas el 30 de mayo de 2013.

Sin embargo, el 31 de enero de 2017 se le levantó acta e infracción en la que se sostenía que esta mujer era esposa del gerente de la empresa, en la que su hija figuraba además como la socia única de la mercantil.

La Inspección sostuvo para proponer la retirada del desempleo que «no parece creíble que la trabajadora justifique el incremento de sus bases de cotización a partir del año 2009 en negociaciones con su empresa, como si fuese un ente abstracto y lejano, cuando resulta que el encargado de la administración y gestión de la empresa es su cónyuge», señalaba el inspector.

Dudas sobre la oferta laboral

La Seguridad Social cuestionaba también que ese incremento de la cotización se realizase mediante una nueva oferta laboral a la empleada, en un ejercicio en el que el sector de la construcción estaba entrando en crisis con el descenso de viviendas vendidas y con promotoras declaradas en quiebra, o con dificultades financieras.

Según se recoge en el fallo del TSJ, esta constructora llegó a tener desde que se creó en el 2004 hasta 455 trabajadores, y todos ellos fueron dados de baja con anterioridad al 2012, a excepción de cuatro, entre ellos la empleada que cesó en mayo de 2013.

«Así, mientras la empresa se quedaba prácticamente sin trabajadores a finales del 2011, a E. se le incrementa considerablemente la base de cotización en 2009, manteniendo dicho incremento hasta el final de la relación laboral en mayo de 2013», recogía el acta de infracción, que argumentó también que no se acreditaron movimientos bancarios sobre el abono a la trabajadora del importe de la última nómina, ni del finiquito y la liquidación tras el despido por importe de 3.481 euros. Fue en junio del 2015 cuando la extrabajadora pasó a ser pensionista.

Pese a que el juez de lo Social dio la razón al Inem para que se le extinguiese la prestación por desempleo, desde el 1 de junio de 2013, y la devolución de lo cobrado en ese tiempo, el TSJ lo revoca y le reconoce el derecho al cobro.

Sostiene el Alto Tribunal, que no es concluyente para negar la prestación el vínculo familiar que mantenía la actora con la socia única (hija) y el administrador de la empresa (esposo) para que no la cesasen en su actividad, «por las razones que fuera».

En todo caso, la mujer «se situaría igualmente en situación legal de desempleo y acreditaría cotizaciones ya entonces para percibir prestación contributiva, prácticamente el periodo máximo».

Los jueces dicen, además, que consta que hubo despido objetivo de la empleada, y que éste coincidió con el cese de la actividad empresarial, el 30 de mayo de 2013.

«En suma, de los hechos o indicios que se nos ofrecen no puede deducirse la connivencia entre la trabajadora y la empresa a los efectos de obtener indebidamente el desempleo o mejorarlo fraudulentamente en su cuantía o duración. Cuestión distinta es la valoración que merezca ese incremento de bases de cotización, mantenidas durante el desempleo, y que se señala asimismo por la Inspección no tuvo correspondencia con el salario real que percibía la trabajadora, en relación con la pensión de jubilación a la que accedió posteriormente, lo que en todo caso no corresponde valorar aquí», concluye la Sala de lo Social del Tribunal regional, que no obliga a devolver cantidad alguna a la demandante.