Borrar
Puente y el concejal de Hacienda, Antonio Gato, tras una rueda de prensa. R. O.
Puente rechaza sancionar al edil Gato por firmar el contrato de su cuñada

Puente rechaza sancionar al edil Gato por firmar el contrato de su cuñada

El decreto de Alcaldía subraya que la rúbrica del concejal «no tuvo incidencia en el resultado ni en la limpieza del proceso»

J. Asua

VALLADOLID

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Jueves, 2 de agosto 2018, 21:49

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

. El Ayuntamiento de Valladolid no abrirá finalmente un procedimiento sancionador al edil de Hacienda, Antonio Gato, por haber firmado el contrato de su cuñada para que esta participara en la realización de un estudio previo al proceso de remunicipalización del servicio del agua de la capital. El alcalde, Óscar Puente, firmó el pasado viernes el decreto 2018/4948 en el que resuelve no incoar expediente disciplinario al concejal de su equipo de gobierno «por no apreciarse en su conducta indicios de infracción administrativa previstos en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno».

Fue el Procurador del Común, tras una reclamación del PP, quien instó al regidor a dictar una resolución motivada sobre el particular al considerar que Gato debió abstenerse en la rúbrica por ser familiar de la afectada, cuya relación con el Consistorio quedó extinguida hace más de un año tras la elaboración de trabajo, que concluyó con la creación de la nueva empresa municipal Aquavall, gestora del servicio desde el 1 de julio de 2017. El principal partido de la oposición ha presentado una denuncia contra Puente, que analiza el Juzgado de Instrucción número 4, por un presunto delito de prevaricación por omisión, ya que entienden que debería haber tomado medidas contra el responsable de la Hacienda municipal.

En el decreto, de fecha 27 de julio, el alcalde recuerda que se han realizado tres informes complementarios al expediente que acreditan que Antonio Gato «no tuvo intervención alguna en el procedimiento que tuviera incidencia sustantiva en el resultado ni en la limpieza de proceso selectivo, ni que pusiera en riesgo la objetividad e independencia con la que debe actuar la Administración Pública».

En el primero de ellos, del pasado 6 de julio y firmado por la directora del área de Medio Ambiente del Ayuntamiento, ésta constata que la única participación del concejal fue suscribir mediante decreto el nombramiento de los miembros del órgano de selección que le elevó el subdirector del departamento de Gestión de Personal, para más tarde, y con la misma fórmula, firmar la propuesta formal realizada por el mismo cargo municipal para la contratación de los tres aspirantes seleccionados por el órgano en diciembre de 2015. La directora del área subraya que fueron los miembros de este tribunal los únicos que participaron en el proceso y que la decisión se adaptó por unanimidad.

En el informe del director del departamento de Gestión de Recursos Humanos se destaca que las resoluciones de los tribunales o comisiones de selección vinculan a la Administración, por lo que el nombramiento o contratación «tiene la naturaleza de acto debido». En el mismo sentido se pronuncia el secretario general del Ayuntamiento, Valentín Merino. El funcionario de más alto rango del Consistorio subraya que Gato «no tenía opción» pues estaba vinculado por el órgano de selección. Merino insiste que el edil se limitó a suscribir la propuesta de este tribunal. «Ni él como persona, ni su área tuvieron ninguna intervención en la fijación o determinación de las personas que llegaron a formar dicho órgano; por lo tanto no pudo influir en su conducta y en sus decisiones, y no influyó, según ellos mismos acreditan», argumenta el secretario. A su juicio, Antonio Gato pudo haberse abstenido formalmente y que firmara otro –de hecho en la prórroga del contrato para la finalización del estudio se delegó esta competencia en la edil de Educación, Victoria Soto–, pero, continúa Valentín Merino, «el resultado habría sido el mismo».

En opinión del secretario, se trata de averiguar si el edil intervino en el proceso y no si firmó los decretos, «algo que no se discute». «La mera firma de los decretos, sin decir nada ni intervenir en el proceso, pudo constituir una incorrección formal, pero no ponía en riesgo la objetividad, no afectó ni podía afectar a la limpieza del proceso selectivo», concluye este tercer informe.

Con estos argumentos, Puente busca poner fin a la polémica que ha enfrentado al PPy al PSOE en los últimos meses, aunque aún cabe la posibilidad de interponer recurso de reposición ante el alcalde.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios