Valladolid

El PSOE llevará ante el juez a Carnero por «vetar» el debate sobre el «alcalde B»

No será por estos enfrentamientos, cada vez más habituales en las tensas sesiones, sino por no respetar los derechos fundamentales «al impedir reiteradamente que esta formación pueda ejercer su derecho a presentar mociones para su debate en el Pleno, reconocido en el artículo 23 de la Constitución Española». ¿El asunto que pretendían llevar a la cita del pasado lunes?: las funciones de Indalecio Escudero, denominado por el PSOE como «el alcalde B».

Es la segunda vez que el principal partido de la oposición lleva a los tribunales este puesto, que el primer edil ha defendido desde el primer momento al considerar que su labor es importante como órgano de coordinación entre las concejalías. El PSOE quería, de nuevo, conocer los detalles del trabajo de Escudero, porque considera que ejerce la labor del regidor cuando este acude al Senado. «Vetar las mociones que presenta el Grupo Municipal Socialista es un inadmisible recorte del control democrático y la transparencia; los ciudadanos tienen derecho a saber en qué se gasta su dinero y a que el Pleno pueda debatir libremente las propuestas de los grupos», censura Herrero.

Carnero ha mostrado su respeto por todas la iniciativas que lleven a cabo los partidos o personas «desde un punto de vista jurisdiccional», pero ha subrayado que artículo 23 de la Constitución, el de el derecho a la participación, es un precepto claro que establece que tiene que haber un objeto y en este caso es «inexistente».

«Aquí no hay alcalde B. Aquí hay un coordinador de políticas públicas; si quieren, como les he dicho en las dos juntas de portavoces, que hablemos del coordinador de políticas públicas no tenemos ningún problema y así viene recogido en las correspondientes actas, pero de lo que no existe no se puede hablar», recalcaba. El regidor ha puesto como ejemplo el caso de que se presentara «una propuesta para hablar de los astronautas vallisoletanos». «Miren ustedes, aquí podremos hablar de cómo entendemos los vallisoletanos la astronomía, pero astronautas vallisoletanos no existen, por tanto no podemos debatir de ello», dijo.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Castilla y León resolvió en diciembre de 2024 que el Ayuntamiento de Valladolid debía modificar el Reglamento Orgánico del Consistorio antes de crear el cargo. La sentencia estimaba el recurso de apelación interpuesto por el PSOE y consideraba que este órgano directivo no era «conforme a derecho». Así que el equipo de Gobierno de Carnero modificó la norma para incluirlo de forma oficial.

«Los vallisoletanos no se merecen un alcalde que se dedique a vetar las mociones que no le gustan; necesitan un alcalde que asuma las consecuencias de sus actos, que no vulnere los derechos de los grupos políticos en el Ayuntamiento y que respete la Constitución», afirma el portavoz Herrero.

EL PSOE fundamenta su denuncia en la vulneración del artículo 23 de la Constitución Española y en la consolidada doctrina constitucional que protege el núcleo esencial del cargo representativo -'ius in officium'-, que comprende, entre otras facultades, la de presentar iniciativas y someterlas a debate y votación.

«El alcalde ha sustituido las reglas por la censura previa, impidiendo por dos veces el debate de mociones del PSOE referidas al 'alcalde B', y, con ello, ha lesionado un derecho fundamental que no admite recortes por razones de conveniencia política», argumenta el principal partido de la oposición, quien cifra el coste de este puesto en 156.000 euros al año, «sin resultados tangibles, como acreditan los propios documentos remitidos tarde y a regañadientes por el equipo de Gobierno».

«El proceso de selección fue una mascarada con un resultado conocido de antemano y la figura terminó ocupada por un dirigente de su máxima confianza, pese a no haber sido elegido por los ciudadanos», sostiene Herrero, quien subraya que Escudero es un funcionario de la máxima confianza del regidor, que le ha acompañado en toda su trayectoria política.

Para el portavoz, el veto del alcalde a dos las mociones socialistas que fiscalizan esta figura -la primera para exigir explicaciones públicas sobre su utilidad y otra para que el propio alcalde o un concejal asumiera sus funciones- es la culminación de «su deriva antidemocrática». «Estamos ante una cacicada; Carnero ha decidido que cuando no le conviene, las normas se ignoran y la oposición se calla. Pues no, vamos a defender la ley y el derecho de la gente a ser representada», insiste Herrero.