La Guardia Civil localiza 92 pozos ilegales en la provincia de Valladolid en tan solo cinco meses
Con 267, encabeza el ranking de infracciones detectadas en todo el país
Al pequeño Julen Roselló, de tan solo dos años, se le tragó la tierra hace poco más de un año en una finca de Totalán, ... en Málaga. El menor cayó a un pozo ilegal y falleció ese mismo día. Su muerte sentó precedentes. Marcó un antes y un después. No solo por la «movilización sin antecedentes», como lo calificó en su día el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en referencia al dispositivo que se activó para encontrar al niño, sino porque desde entonces la ciudadanía está «más concienciada» con respecto a la existencia de pozos ilegales y la extracción ilícita de agua. Al menos en Valladolid. Pues desde entonces, según confirman fuentes de la Guardia Civil en la provincia, las llamadas advirtiendo de la presencia de perforaciones sin sellar o mal señalizados se han «multiplicado».
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Pero aún queda camino por recorrer. La meta está lejos. Las frías estadísticas demuestran que la lección no ha terminado de calar. El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Benemérita, en el marco de la operación Mizu, que ha contado con la colaboración de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) y la Delegación Territorial de la Junta en Valladolid, ha localizado 94 instalaciones ilegales en la provincia, de las que 92 son pozos–sondeos que extraen irregularmente agua de acuíferos subterráneos y las dos restantes, balsas desde donde se distribuía luego ese recurso. En total, en los cinco meses de duración de la operación, ha detectado infracciones en 36 municipios, aunque fuentes consultadas explican que estas supervisiones se han llevado a cabo en la gran mayoría de los pueblos vallisoletanos.
Valdestillas, por su parte, ha sido la zona donde más intervenciones realizaron, seguido de Mota del Marqués. En este sentido, también han actuado en grandes núcleos como Laguna de Duero (22.645 habitantes en 2018, según el INE), Medina del Campo (20.583), Tudela de Duero (8.547) o Zaratán (6.212), entre otros.
Aprovechamientos
Durante el periodo en el que se ha prolongado la operación –comenzó en septiembre y concluyó a mediados de este mes de enero–, los agentes del cuerpo han realizado un total de 141 inspecciones, si bien se han formulado hasta casi el doble de infracciones: 267, la mayoría por quebrantar la normativa sobre aguas. Esto se debe, según explican fuentes de la Guardia Civil, a que en una misma perforación se pueden localizar hasta cuatro incumplimientos diferentes (agua, minas, urbanismo y ordenación del territorio).
Pero hay más. Esta cifra sitúa a Valladolid como la provincia donde más infracciones se han interceptado, seguida de Málaga (175), Murcia (131) y Badajoz (122). Cada año, la Benemérita realiza una operación similar para identificar pozos ilegales, aunque fuentes oficiales confirman que el suceso de Totalán marcó un punto de inflexión y, desde entonces, se ha intensificado el control de estas infraestructuras.
Otra de las razones que ha acrecentado esta búsqueda es la «reciente aceleración del cambio climático», así como el «exponencial cambio de cultivos» que en los últimos meses se han producido en todo el país. Tal y como informan fuentes de la Guardia Civil, estos factores, acompañados de una subida generalizada de las temperaturas, ha traído consigo una sobreexplotación de un recurso hídrico «fundamental» como es el agua. Es precisamente en este excesivo aprovechamiento donde entra en juego la perforación de pozos para captar agua subterránea.
Pero, ¿cuántos aprovechamientos subterráneos existen en la provincia de Valladolid? Según los datos proporcionados por la CHD en base al Registro de Aguas y Catálogo de Aguas Privadas, en enero del año pasado (por el momento no disponen de cifras actualizadas) había un total de 9.589, únicamente superada en la región por Salamanca (15.060), Zamora (13.853) y León (11.892). Soria, con 1.553 explotaciones, y Palencia, con 3.054, representan la otra cara de la moneda.
La Guardia Civil localiza las perforaciones y sondeos ilegales, pero son tanto la Delegación Territorial como la CHD los que interponen las pertinentes sanciones por denuncias de pozos. En el caso del organismo de cuenca, la mayoría de multas que imponen son de carácter leve y pueden llegar hasta los 10.000 euros, aunque la media se sitúa en torno a los 3.000 euros.
Fosa séptima
Lo cierto es que la cifra de expedientes incoados en los últimos cinco años se ha multiplicado en la provincia, pasando, por ejemplo, de los once informes tramitados en 2014 a los 109 de 2017. Sin embargo, en 2018 –último ejercicio del que se tienen datos–, esta cifra se desplomó. La cuenca hidrográfica recibió tan solo 49 denuncias, sesenta menos que en el año anterior. De media, entre 2014 y 2018 se incoaron 1.242 expedientes de este tipo en todo el país.
Por otro lado, cabe destacar que en Valladolid, en la actualidad, existen 251 vertidos cuyo tratamiento, según el inventario de vertidos, es una fosa séptica o similar. Si bien la propiedad, el mantenimiento y los daños ocasionados a terceros son responsabilidad de los titulares de las autorizaciones de vertido, la CHD controla el vertido de esas fosas y realiza las pertinentes sanciones.
Munipios donde se han registrado infracciones
Alcazarén, Almenara de Adaja, Bobadilla del Campo, Cabezón, Canillas de Esgueva, Cigales, Cogeces de Íscar, Cogeces del Monte, Corrales de Duero, Esguevillas de Esgueva, Fombellida, La Parrilla, Laguna de Duero, Langayo, Matapozuelos, Medina del Campo, Montemayor de Pililla, Mota del Marqués, Mucientes, Nava del Rey, Peñafiel, Pesquera de Duero, Quintanilla de Arriba, La Seca, Serrada, Tamariz de Campos, Torrecilla de la Orden, Torrelobatón, Traspinedo, Tudela de Duero, Valdearcos de la Vega, Valdestillas, Villalba de los Alcores, Villanueva de Duero, Villaverde de Medina y Zaratán.
Valdestillas es la localidad donde más intervenciones realizó el Seprona
De los 36 pueblos vallisoletanos donde actuó el Seprona con motivo de la operación Mizu, Valdestillas es el municipio donde más intervenciones se llevaron a cabo. No obstante, según confirman diversas fuentes consultadas, esta circunstancia no implica que sea la zona donde más perforaciones ilegales se localizaron, sino que también pudo haber pozos autorizados pero que incumplían algún aspecto de la normativa vigente.
En cualquier caso, esta localidad encabeza el ranking de actuaciones en Valladolid. Ante ello, el alcalde, Alberto Sanz, hace un «llamamiento a la calma» y asegura que «todas» las perforaciones de propiedad municipal –contabiliza «unas cuatro o cinco»– son «seguras, completamente legales». «La gran mayoría están selladas, tapadas, y las que no, cuentan con las oportunas medidas de seguridad», afirma.
Además, dice que estas infraestructuras están «alejadas» de los ciudadanos, por lo que no implica ningún peligro. «La gente ni tan siquiera tiene acceso a ellos;hay una captación en el mismo depósito de agua, otro en el antiguo depósito... Están dentro de instalaciones y además están cubiertos, a excepción de uno que está bien tapado», continúa.
Asimismo, Sanz asevera que en los últimos meses el Ayuntamiento ha intensificado la búsqueda de perforaciones para, en caso de localizar alguna que no cumpla con la normativa, dar conocimiento a la Guardia Civil. «Cuando hemos tenido conocimiento de que había alguno mal señalizado les hemos avisado para que vinieran a solucionarlo, y más después del año pasado (el suceso de Totalán), que se evidenció más si cabe el peligro que supone tener un pozo mal señalizado», apostilla.
Por otra parte, el alcalde confirma que trasladaron a los agentes que se desplazaron a Valdestillas «todas las dudas que teníamos». Por ejemplo, que había «alguna» perforación cuya legalidad podría estar en el limbo. «Hemos tenido varias reuniones informales con ellos en las que les hemos comentado precisamente esto; nosotros somos los primeros interesados en que todo esté en perfecto estado y dentro de la legalidad, por lo que por nuestra parte les ofreceremos siempre nuestra colaboración», insistió.
Alberto Sanz «aprovechó» la 'visita' del Seprona, que según comenta también realizó un «control de legalidad urbanística», para «pedirles» que revisaran las escombreras que hay en el pueblo. «Si hay una instalación peligrosa, es mejor que ellos lo vean para poder solucionarlo, ya sean pozos, escombreras o de otra índole», concluye el regidor.
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