La Diputación de Valladolid prestará asistencia judicial directa y gratuita a 170 ayuntamientos de la provincia

El pleno de la Diputación de Valladolid aprobará mañana, 21 de mayo, el reglamento para la puesta en marcha de un nuevo Servicio de Asistencia Judicial a las entidades locales de la provincia. El presidente de la institución provincial, Conrado Íscar, explicó hoy que este servicio será gratuito a través de los letrados de la Diputación, y las entidades solo deberán asumir las costas judiciales si se las imponen y posibles gastos procesales como los derivados de peritajes o procuradores. No obstante, si el pleito se gana en costas, el importe los ingresará la institución.

Conrado íscar comentó que hasta ahora este servicio se prestaba a través de un convenio con el Colegio de Abogados, pero a partir de ahora lo prestará la institución directamente, a través de su Asesoría Jurídica. El dirigente provincial aclaró que así dan «un paso más en la interacción habitual» que mantienen con las entidades locales de la provincia, que pasan del asesoramiento a contar con un servicio «integral».

El presidente de la Diputación constató que el servicio está dirigido a municipios de menos de 20.000 habitantes, entidades menores y mancomunidades, no vinculadas a la capital, y se iniciará de forma efectiva en septiembre, pero se implantará de forma progresiva ante el gran número de entidades.

Así, concretó que la programación prevista indica que primero darán asistencia a los 170 municipios de menos de 500 habitantes de Valladolid y a sus cuatro entidades locales hasta el 31 de diciembre. Atenderán, dijo, asuntos judiciales en relación al plan de gestión de ruinas y los derivados de cualquier otra encomienda de gestión a la Diputación.

Asimismo, el primer semestre, incorporarán a municipios con hasta 1.500 habitantes y sus entidades menos; y el segundo semestre a los de menos de 5.000 y sus mancomunidades, para incluir a los de más de 5.000 y sus dos entidades locales menores a partir del 1 de enero de 2023.

Conrado Íscar precisó que atenderán materias vinculadas a procesos ordinarios del contencioso- administrativo, social, civil o mercantil y otros especializados como del Tribunal Constitucional, el de Cuentas o los tribunales económico administrativos.

Asimismo, aclaró que los procesos del ámbito penal estarán limitados a procesos iniciales por denuncia de entidades locales en caso de robo o actuación que menoscabe o inutilice sus bienes, y si por la parte denunciada sean las autoridades o empleado públicos. Aseveró que se excluyen algunos casos, como los procedimientos penales por injurias o calumnias de los litigios entre entidades locales y la Diputación; la impugnación de acuerdos municipales o las mociones de censura.

El presidente de la Diputación manifestó que con esta decisión de crear nuevos servicios, que ya manifestaron durante la aprobación en noviembre del presupuesto de la institución provincial, avanzan «un paso más» en la función de asistencia a los municipios que la ley de bases de régimen local les atribuye. Íscar afirmó que era el momento de tomar esta decisión ante la realidad de los pueblos apoyándose en la cercanía de la institución con las entidades locales, y ensalzó el papel «clave» de la Diputación para prestar servicios a los ciudadanos del mundo rural.

Por último, argumentó que algunos especialistas afirman que este es un momento «histórico» para la refundación de las diputación y defendió que su vocación es «modernizar nuestras estructuras para cumplir con la asistencia a los municipios y garantizar la mejora permanente de los servicios que prestamos».