Borrar
Reparación de una tubería en la calle Gabriel y Galán. R. OTAZO
El Procurador del Común rechaza que los vecinos de Valladolid abonen las averías en las acometidas al saneamiento

El Procurador del Común rechaza que los vecinos de Valladolid abonen las averías en las acometidas al saneamiento

El Ayuntamiento de Valladolid reformará el reglamento de 2006 y asumirá la reparación en unas viviendas en San Pedro Regalado

J. Asua

VALLADOLID

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Miércoles, 7 de noviembre 2018, 21:51

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

El Procurador del Común ha instado al Ayuntamiento de Valladolid a que reforme el Reglamento de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento (artículos 67 y 84) al considerar desproporcionado que la norma obligue a los vecinos que sufren una avería en su conexión a la red de residuales a costearla de su bolsillo cuando las causas de esta no sean imputables a un mal uso doméstico. En la resolución, que contesta a la queja a una vecina de San Pedro Regalado, el defensor del pueblo regional considera que regulaciones como la de la capital, que data del año 2006, «trasladan a los ciudadanos unas obligaciones que no les corresponden, extendiendo su obligación de cuidado y vigilancia mucho más allá (cientos de metros en algunos casos) del inmueble de su titularidad y en espacios públicos en los que convergen muchos otros servicios, tanto públicos como privados». El dictamen destaca que estas circunstancias «no pueden ser controladas por el afectado», que «en la mayoría de las ocasiones ignora el lugar por donde está trazada la acometida y cuál es su extensión».

La institución analiza el caso de una vivienda ubicada en la avenida de Santander, que en agosto de 2006 sufrió un atasco importante en la red de saneamiento, que sigue generando humedades tanto en esta vivienda como en las dos contiguas. La tubería en cuestión tiene unos quince metros de longitud hasta el colector de aguas residuales. Cuando la propietaria se dirigió al Consistorio, le confirmaron que ella era la responsable de la reparación, según establece la norma. «Detectamos que el atasco no estaba producido por un mal uso nuestro, sino por la rotura de la conducción en mitad de una calle por donde circulan vehículos y donde se han hecho varias obras, tanto por parte del Ayuntamiento como por la anterior empresa concesionaria», explica.

Acera, aparcamiento y carril-bici

La afectada contrató a una empresa que, mediante una cámara, detectó el punto exacto. Sin embargo, en la Concejalía de Urbanismo no dieron validez a la grabación. La única forma de estudiar las causas, le dijeron, era descubrir la tubería con una retroexcavadora. El técnico municipal estaría presente y juzgaría si el origen era imputable a la vivienda o no. La propietaria no se explica que un particular tenga que abrir una zanja de tres metros de profundidad en una calle asfaltada, con acera, zona de aparcamiento y un carril-bici.

El Procurador del Común comparte este asombro. Llama la atención sobre que el atasco se encuentra en la intersección de la avenida de Santander con la calle Astorga, «prácticamente en el centro del bulevar y a una distancia muy considerable de las viviendas a las que da servicio». Añade que no se trata, además, de una acometida individual realizada frente a la vivienda, sino de un ramal que da salida a las aguas residuales de tres inmuebles. Así, la resolución recuerda que el artículo 79.5 del mismo reglamento contempla que cuando estos ramales discurran bajo un vial público será obligatoria la cesión a la Administración para formar parte de la red general y su conservación será por cuenta del Ayuntamiento.

El pasado septiembre, la institución que entonces gestionaba Javier Amoedo comunicó a la afectada que el Ayuntamiento le había trasladado que estudiaría una modificación reglamentaria, pero rechazaba asumir los costes de la reparación en este caso concreto. Ayer, el concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, confirmó que el Consistorio sí se encargará de la reparación –no concretó cuándo– y cambiará el reglamento para recoger las excepciones de estos «casos singulares». El Procurador sostiene que se trata de «servicios básicos, que tienen una evidente incidencia en la salubridad pública y cuyo control no puede quedar encomendado a los usuarios», siempre que exista «una utilización adecuada por parte del abonado».

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios