Unos 80 policías municipales de Valladolid podrían acceder a las nuevas condiciones de la jubilación anticipada

En ese sentido, el regidor explicó que se informó de esta nueva norma que permitirá a los policías locales solicitar el adelanto de su jubilación el tiempo que resulte de aplicar un coeficiente reductor del 0,20 por ciento al número de años que hayan trabajado efectivamente como agentes municipales.

Asimismo, el Real Decreto establece que la edad ordinaria de jubilación no podrá reducirse en más de cinco años, que podrán llegar a ser seis, siempre que se se acrediten 37 años de actividad efectiva y cotización. El requisito imprescindible será haber cotizado 15 años como policía local. Los interesados deberán comunicar a la Administración municipal correspondiente su voluntad de acogerse a esta modalidad de jubilación antes del 31 de enero de cada año.

Puente avanzó que el Ayuntamiento incorporará estas plazas a la Oferta Pública de Empleo de 2018 para evitar que se vea perjudicado el servicio por la menor oferta de efectivos. No obstante, el alcalde apuntó que algunos de los agentes que podrán acogerse a esta vía son mandos, que no tienen previsto jubilarse, por lo que previsiblemente será menor el número de ceses en el servicio activo.

Los años de cotización efectiva como policía local para anticipar la edad de jubilación hasta seis años se van a exigir de manera progresiva: en 2019, serán necesarios 35 años y medio; en 2020, 2021 y 2022, 36 años; en 2023, 2024, 2025 y 2026, serán 36 años y medio; y en 2027 y posteriores, 37 años.

Con el objetivo de mantener el equilibrio financiero del Sistema de Seguridad Social, estos beneficios llevarán consigo un incremento en la cotización ya contemplado en los Presupuestos Generales del Estado de 2018. Esta cotización adicional será del 10,6 por ciento para todos los policías en activo. De esta cuota, los municipios deberán financiar el 8,86 por ciento y los propios funcionarios, el 1,76 por ciento restante.

Este Real Decreto, que cuenta con el aval del Consejo de Estado, da cumplimiento a una demanda histórica de las corporaciones locales, de los diferentes sindicatos y plataformas representantes del colectivo, y ha recibido también el apoyo de los grupos parlamentarios del Congreso.