La Plataforma por el Soterramiento presentó una solicitud BIC que podría haber frenado la nueva estación
El expediente y la declaración no depende de la Junta, sino del Ministerio de Cultura, al ser propiedad de la Administración General del Estado
Cuando se inicia el expediente para declarar un edificio como Bien de Interés Cultural, inmediatamente se paralizan las obras, proyectos o modificaciones que estén en ... marcha. El artículo 11 de la ley de patrimonio indica que «la incoación de expediente para la declaración de un Bien de Interés Cultural determinará, en relación al bien afectado, la aplicación provisional del mismo régimen de protección previsto para los bienes declarados de interés cultural». Es decir, que la protección comienza a funcionar desde el primer momento. Es un «por si acaso» preventivo.
La Plataforma por el Soterramiento registró antes del verano, según ha confirmado uno de sus portavoces, Cecilio Vadillo, a El Norte, un escrito ante la Junta de Castilla y León para pedir que se considerara Bien de Interés Cultural el conjunto de la estación actual de trenes de Valladolid, incluidas las naves del aparcamiento. En esas naves, precisamente, se ubica buena parte de lo que será la nueva estación y la pasarela peatonal y ciclista anexa que unirá ambos lados de las vías. Esa solicitud habría podido impedir que el proyecto de la nueva estación siguiera adelante hasta que se resolviera. Hay que consultar el artículo 37 de la misma ley,por si fuera poco: «La Administración competente podrá impedir un derribo y suspender cualquier clase de obra o intervención en un bien declarado de interés cultural». Y ya se ha mencionado que desde la incoación del expediente rige la misma protección que si ya hubiera sido declarado BIC.
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Y eso implica un retraso muy importante. Desde la incoación de un expediente, dice la ley, «este deberá resolverse en el plazo máximo de veinte meses a partir de la fecha en que hubiere sido incoado».
Ocurre, sin embargo, que hay dos administraciones competentes para estas declaraciones. Una es la autonómica y otra la estatal. Y en este caso la estación de trenes depende de la Administración General del Estado. Es decir, que es el Ministerio de Cultura, y no la Junta de Castilla y León, la que debe decidir si incoa o no el expediente. Ello al margen del valor que puedan tener, por ejemplo, las naves del aparcamiento. El trozo en el que se ubicaba Estación Gourmet, con sus 1.500 metros de superficie, es uno de los que quedarán devorados por la nueva terminal. Allí, antaño, se ubicaban las instalaciones de Paquexpress y antes fue muelle de carga y descarga. Esas naves que hoy acogen los aparcamientos se construyeron a mediados del siglo pasado.
No tienen protección, pero sí otros elementos de la actual estación, como el edificio histórico, la marquesina, la pasarela hacia los viejos talleres de Renfe y el edificio de ladrillo que 'pisa' la acera de Recondo y que fue sede de la antigua unidad de ferrocarriles. De hecho, está en marcha la adjudicación de la redacción del anteproyecto, proyecto básico y de ejecución de la rehabilitación del edificio histórico. En octubre se abrieron los sobres con los criterios evaluables y en breve debería conocerse el adjudicatario de los trabajos, que se han tasado en 1,64 millones de euros y deberían terminarse en 36 meses. La idea es que la rehabilitación se acometa prácticamente después de tener en marcha la nueva terminal.
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