La plantilla pide a la empresa Intrum que concrete el traslado de 600 empleados al edificio del antiguo Museo Gabarrón

Edificio del antiguo Museo de Cristóbal Gabarrón, en Huerta del Rey. /FRAN JIMÉNEZ
Edificio del antiguo Museo de Cristóbal Gabarrón, en Huerta del Rey. / FRAN JIMÉNEZ

La Concejalía de Urbanismo confirma que el trámite para cambiar el uso del espacio en Huerta de Rey sigue adelante

Jorge Moreno
JORGE MORENOVALLADOLID

El comité de empresa de Intrum, la mercantil sueca dedicada al recobro de deudas de entidades financieras, que dispone de una sede en La Cistérniga, ha solicitado a la dirección en varias ocasiones a lo largo de este año que concrete cuáles son sus planes para el traslado de sus oficinas a la capital vallisoletana.

Los representantes de los trabajadores aseguran que «no disponen de más información» sobre este posible traslado de sede, que afectaría a unos 600 empleados que están en una nave del polígono de La Mora, que está alquilada.

La empresa está obligada a informar al comité del traslado con un mes de antelación, para que realice un informe que no es vinculante. La plantilla quiere conocer, además, cuáles serían las zonas para aparcamientos.

Según fuentes sindicales, el director general de Intrum España, Alejandro Zurbano, anunció en un acto de Navidad con la plantilla de Intrum que la multinacional estaba buscando un nuevo edificio para proseguir con su actividad, que se apoya en la recuperacion de deuda y la gestión y comercialización de activos inmobiliarios de entidades, como el Banco de Santander, BBVA, Sabadell, Ibercaja y Bankia.

Cambio de sede a la capital

Esta actividad con particulares y empresas se realiza ahora, principalmente, por teléfono en las dos plantas de La Cistérniga. La mercantil barajó la posibilidad de trasladar a su plantilla a la capital ante el abandono de edificios durante los últimos años, por el cese de actividades financieras.

Por esta razón, el inmueble sobre el que la mercantil sueca puso su objetivo, aunque está destinado a un uso diferente, fue el edificio de la Fundación Museo Cristóbal Gabarrón, situado en la calle Rastrojo 1, en el barrio de Huerta del Rey.

El interés partía de la oferta realizada por la empresa vallisoletana Fuentigel S. L. (Fuenteolid) que se habría hecho con la finca para posteriormente arrendársela a Intrum.

Fuentes de la multinacional sueca indicaron que la operación está pendiente de cerrarse tras el trámite de las alegaciones al Estudio de Detalle por el cambio de uso. Por su parte, desde el Ayuntamiento se añadió que «las mismas deben de ser analizadas por los técnicos de Urbanismo, y se resolverá».

A inicios de febrero, el Ayuntamiento de Valladolid dio el visto bueno inicial al mismo para dar un nuevo uso a la edificación. El objetivo aprobado en Junta de Gobierno era cambiar su calificación urbanística de equipamiento general privado para ser catalogado para un uso comercial y de oficinas.

En sus 2.803 metros cuadrados construidos se instalarían los cerca de 600 teleoperadores dedicados al recobro de deudas y gestión de activos inmobiliarios procedentes de bancos y antiguas cajas de ahorro. El sótano dispone de 1.764 metros. La parcela tiene una zona ajardinada de 3.137 metros cuadrados.

Titularidad del edificio

El inmueble era propiedad de España-Duero (ahora Unicaja Banco), y desde mediados del 2015 su estado de abandono era evidente. De hecho, el Servicio de Parques y Jardines tuvo que intervenir en abril de 2018 por motivos de insalubridad en el jardín, por la gran cantidad de maleza, que propiciaba la existencia de insectos y roedores, y potencialmente era un riesgo para incendios. Unas circunstancias que los vecinos venían denunciando.

El Museo Fundación Cristóbal Gabarrón se inauguró en febrero del 2003 por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera y el alcalde entonces, Javier León de la Riva.

El espacio acogió además de las obras del pintor y escultor murciano, las aulas de la Escuela Superior de Restauración de Bienes Culturales, así como la Escuela Superior de Protocolo y Relaciones Institucionales.

El Supremo verá este miércoles el ERE

Por otra parte, el Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo se reúne este miércoles 24 en Madrid para resolver el recurso que presentó el pasado año la CGT, por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en Intrum (antes Lindorff), y que afectó a 314 trabajadores de toda España, de los cuales 72 correspondían al centro de La Cistérniga.

Los trece magistrados del Supremo deben pronunciarse respecto al recurso que planteó la Confederación Nacional del Trabajo (CGT), que se opuso al acuerdo que suscribieron por este despido colectivo los sindicatos UGT y Comisiones Obreras con la dirección de Intrum.

El ERE pactado reducía el número de afectados en los centros españoles, que se quedaron en 314 (135 menos de los previstos) de los cuales 147 se anunciaron para Valladolid (92 se firmaron, aunque finalmente fueron unos 70 los que salieron de forma voluntaria).

Sede de la empresa sueca Intrum, en el polígono de La Mora.
Sede de la empresa sueca Intrum, en el polígono de La Mora. / EL NORTE

Respecto a las condiciones, el acuerdo contemplaba 36 días con un tope de 24 mensualidades, una cantidad superior a la que la empresa ofrecía inicialmente de 20 días y un año de indemnización, que fija la reforma laboral de 2012.

Además, Intrum se comprometió a abonar a aquellos trabajadores con indemnizaciones inferiores a 2.000 euros (alrededor del 80% de la plantilla tiene una antigüedad posterior al 2012), otros 2.000 más, así como otros 3.000 euros para los que perciban menos de 3.000.

La Audiencia Nacional dio por válido en septiembre de 2018 este pacto para el despido colectivo, aunque la CGT lo volvió a recurrir al Supremo amparándose en parte en el voto particular de la jueza Emilia Ruiz-Jarabo, que cuestionó el ERE al no haberse acreditado suficientemente las razones organizativas y económicas.

La magistrada sostuvo que las tres empresas (Lindorff, Aktua Soluciones Financieras y Aktua Soluciones Inmobiliarias) «no constituyen un grupo a efectos laborales», por lo que el trámite para estos despidos debería de haberse realizado en cada una de las mercantiles.

Además, la documentación económica aportada a los representantes de los trabajadores adolocía, según Ruiz-Jarabo, de datos sobre las cuentas provisionales del ejercicio de 2017.