La ley permite a 1.727 vallisoletanos con discapacidad intelectual votar por primera vez el 28-A

Son 1.727 vallisoletanos con discapacidad intelectual, según los últimos datos que maneja Plena Inclusión, la federación que engloba a las entidades del sector, y que ayer celebró en Valladolid un encuentro regional para informar a los nuevos votantes de cuáles son a partir de ahora sus derechos.

Los partidos políticos, por unanimidad, acordaron la modificación de una ley restrictiva. «De entrada, se les negaba el derecho a votar. Si lo querían ejercer, debían solicitarlo y era un juez quien determinaba si podían ejercer el voto o si, por el contrario, se les declaraba incapacitados», explica Juan Pablo Torres, presidente de Plena Inclusión Castilla y León.

De los 9.935 castellanos y leoneses con discapacidad intelectual, solo 450 habían obtenido el reconocimiento de voto. Para este 28 de abril (generales) y después en mayo –en las municipales, autonómicas y europeas–, la ley lo deja claro: «Toda persona podrá ejercer su derecho de sufragio activo, consciente, libre y voluntariamente, cualquiera que sea su forma de comunicarlo y con los medios de apoyo que requiera». El texto elimina el artículo que hacía referencia a la incapacitación judicial. De este modo, España se asemeja, aunque sea con retraso, a lo que ocurre«en la mayor parte de países europeos».

«La personas con discapacidad intelectual tenemos dificultades para participar en la vida pública y política», admite María del Mar Cano, quien recibe con entusiasmo este nuevo derecho reconocido. Yapela a la colaboración de los partidos: «Sus programas no son fáciles de entender, no solo para las personas con discapacidad, sino para todos los ciudadanos, como inmigrantes, mayores o con bajo nivel de alfabetización». Por eso, reclaman a las fuerzas políticas que redacten sus programas con sistemas de lectura fácil, una herramienta adaptada que facilita que se entiendan y sean más accesibles determinados documentos, al emplear palabras sencillas, frases cortas...

«Votar es un derecho. Sirve para conseguir el respeto para todos. Yo pediría a los políticos que hubiera más limpieza y que nos dieran más apoyo«, asegura Rodrigo Fernández. A su lado, Juan Rafael Orúe recuerda que «es importante que se reconozcan nuestros derechos. El del voto y los demás. Votar ayuda a que tengamos una vida digna. Nos interesa sobre todo el trabajo, la salud y los apoyos sociales, como pisos tutelados y residencias».

«No hay que poner ningún tipo de trabas», añade Mario Hernando, integrante del foro de personas con discapacidad intelectual de Castilla y León.Por eso, Plena Inclusión se manifestó en contra del acuerdo de la Junta Electoral Central (han trasladado la queja al Defensor del Pueblo) que faculta a los interventores y apoderados de los partidos a pedir la identificación y apuntar en una lista a aquellas personas «sospechosas de no ejercer el voto de forma consciente, libre y voluntaria», explicó Torres, quien preguntó: «¿Y qué pasa con los que votan por correo?El voto es un derecho ahora reconocido para este colectivo y lo que hay que hacer es dar facilidades por parte de los partidos y la sociedad para que se pueda ejercer con normalidad».

Tras las críticas del sector y de algunos partidos políticos, la Junta Electoral matizó su instrucción y eliminó los términos relacionados con la discapacidad para no señalar directamente a este colectivo e indicó que se podrá hacer constar la sospecha ante cualquier voto que consideren que no ha sido ejercido de forma «consciente, libre y voluntaria».

«La rectificación se ha hecho parcialmente y nos parece insuficiente», ha señalado a Efe el vicepresidente de Plena Inclusión España, Juan Pérez, que ha considerado «muy sospechoso» que esta indicación se haga «precisamente en estos comicios» en los que votarán por primera vez las personas con discapacidad.

«Esa posibilidad de voto dirigido se ha producido siempre y no solo ahora», ha advertido Pérez, que ha explicado que acudirán al Defensor del Pueblo -al que ya han enviado una carta oficial- para denunciar esta discriminación.

Plena Inclusión España también ha remitido una carta a la Junta Electoral Central para pedirle que elimine sus dos instrucciones ante las próximas elecciones del 28-A y solicitar una reunión «inmediata» para valorar «cualquier medida que se considere necesaria para realizar una interpretación adecuada de la nueva redacción» de la Ley Electoral.