Penas de dos y un año de prisión para los acusados de estafar a la Seguridad Social con falsas empresas agrícolas en Valladolid

Tres hombres y una mujer de origen rumano se han sentado esta mañana en el banquillo de la Audiencia de Valladolid acusados de estafar a la Seguridad Social dando de alta como empresarios en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) a temporeros agrícolas reclutados en su país de origen. Los cuatro, todos familia y residentes en la localidad de Rueda, han reconocido los hechos y han llegado a un acuerdo con la Fiscalía, lo que comporta la reducción de sus condenas casi a la mitad de las penas solicitadas inicialmente.

Según el fallo, que ha sido leído de viva voz por el magistrado presidente de la Sección Cuarta, el principal acusado, Ionel C., ha sido condenado a dos años de prisión y 116.000 euros de multa, con tres meses por cada cuota impagada. Para cada uno de los otros tres acusados (la tía, el cuñado y el marido de su prima), como cooperadores necesarios en la estafa, se les imponen penas de un año de cárcel.

Todos ellos tendrán que abonar, como responsabilidad civil, una indemnización conjunta a la Tesorería de la Seguridad Social de casi 58.000 euros más los intereses moratorios.

El principal acusado, que trabaja en la recolección agrícola para diversos agricultores urdió, al menos desde 2013 según la Fiscalía, un plan para defraudar a la Seguridad Social, pues generó una deuda « a la que no pensaba hacer frente » creando sucesivas empresas individuales con similar plantilla y actividad agraria. Ponía estas empresas a nombre de varias personas a las que daba de alta como autónomos y empresarios individuales «con lo que evitaba aparecer como deudor, pese a que era el administrador de hecho de esas empresas ». Cuando estas acumulaba deudas, las cerraba o dejaba sin actividad y creaba otras.

La acusación pública señala en su informe que para ello utilizaba a sus familiares, tanto a los que se han sentado esta mañana en el banquillo de la Audiencia como a su madre y a otra mujer, contra quienes no se ha podido formular acusación al no haber sido localizadas hasta la fecha.

Para realizar los trámites para la creación de este entramado falso de empresas se valió de un gestor administrativo que realizaba 'el papeleo' en la Seguridad Social. Este no figura como acusado al no haberse probado «que actuase con conocimiento efectivo de la finalidad defraudatoria perseguida», señala la fiscal.

Antes del acuerdo, el ministerio público solicitó para el principal encausado cinco años de prisión y 250.000 euros de multa. Para el resto solicitaba penas de tres años de prisión y multas de 120.000 euros. Además, reclamaba el pago de una indemnización solidaria de casi 58.000 euros, cuantía que sí les ha sido impuesta en su integridad en la sentencia de conformidad.