El padre del bebé fallecido en el Clínico ratifica ante el juez que no dio permiso para incinerarlo

Hospital Clínico. /G. VILLAMIL
Hospital Clínico. / G. VILLAMIL

El Juzgado de Instrucción 2 cita a la madre para declarar el próximo lunes

VALLADOLID

El Juzgado de Instrucción número 2, que investiga la incineración sin el consentimiento de los progenitores de un bebé que nació muerto el pasado 10 de enero en el Hospital Clínico de Valladolid, tomó el lunes declaración al padre de la niña. Fuentes del caso confirmaron que Diego Orlando Picón ratificó ante el magistrado César Gil Margareto que ni él ni su expareja dieron permiso al centro sanitario para que procedieran a la cremación de los restos del feto y que su intención siempre fue llevarse el cadáver para realizar una despedida en el ámbito familiar.

En su declaración, el padre explicó los detalles del doloroso proceso que vivieron a principios de año y que les llevó a presentar una denuncia ante la Fiscalía, que ahora está siendo analizada por el juez. La Asociación del Defensor del Paciente se hizo cargo de este caso al apreciar irregularidades y posibles indicios de delito por una actuación que consideran negligente. El próximo lunes será el turno para la declaración de la madre, que se ha desvinculado del abogado de la entidad y ha contratado un letrado propio, según confirmó ayer.

Los responsables del hospital han argumentado en su defensa hasta el momento que la madre nunca expresó ningún deseo de quedarse con el cuerpo y, por lo tanto, se siguió el protocolo habitual con los «restos abortivos» tras mantenerlos en el depósito durante cinco días. Además, han señalado que las desavenencias entre la pareja provocaron confusión en el hospital sobre qué querían hacer con el cadáver.

Esta versión contrasta con la que ha defendido la familia. Aseguran que desde el primer momento los hijos de la paciente comunicaron que querían llevarse los restos para celebrar un funeral con cremación, al tiempo que destacaron que Ana Luisa Veizaga estuvo ingresada en la UCI al empeorar su estado de salud después de salir del paritorio, lo que le impedía tomar decisiones ni firmar documentos. Como pruebas aportaron la licencia de enterramiento, que se solicitó en el Registro Civil el 15 de enero, así como la documentación firmada con la empresa Nevasa para contratar los servicios funerarios de la compañía municipal de decesos.

De momento, no ha trascendido si el juez ha fijado testificales de los responsables del Hospital Clínico y del personal sanitario que intervino en el proceso. Fuentes del centro sanitario evitan pronunciarse al tratarse de un asunto que ahora está en los tribunales.

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