El número de empleadas de hogar afiliadas cae en Valladolid a mínimos de siete años

Una empleada del hogar limpia los cristales de una vivienda. /FERNANDO GÓMEZ
Una empleada del hogar limpia los cristales de una vivienda. / FERNANDO GÓMEZ

La subida de las cotizaciones y el salario mínimo devuelve al colectivo a cifras similares a las que había tras la reforma de 2011

Ángel Blanco Escalona
ÁNGEL BLANCO ESCALONA

De diciembre a enero, el salario mínimo subió 165 euros al mes y la base de cotización mínima del colectivo, otros 17. Quizá no solo por esto, pero sin duda debido en parte a ello, desde enero hasta el pasado mes de agosto el número de empleadas de hogar afiliadas al régimen especial de la Seguridad Social se ha reducido en Valladolid cerca del 4%, hasta las 4.164 personas. La cifra es la más baja desde agosto de 2012, cuando era –en lo más duro de la crisis– prácticamente la misma que ahora (4.134). Con respecto al máximo registrado (las 4.554 cotizantes de diciembre de 2012), la reducción asciende a casi el 9%.

El sistema de cotización de las empleadas del hogar no se basa en el salario real, sino que depende de una serie de tramos, según se fijó en la reforma de 2011. Fue entonces cuando entró el vigor la obligación de integrar en el Régimen General a todo el personal doméstico desde la primera hora de trabajo (antes solo había que hacerlo cuando la contratación superaba las 20 horas semanales).

Pese a la obligación, la Organización Internacional del Trabajo estima que, a nivel nacional, en torno a un tercio de quienes se dedican a estas labores lo hace sin contrato, es decir en la economía sumergida.

Cuando arrancó la medida, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero situó la base mínima de cotización en 90,2 euros para las retribuciones de menos de 74,8 euros al mes. En 2018, el último Ejecutivo de Mariano Rajoy la fijó en 167,7 euros para ingresos mensuales de hasta 196 euros. Un año después, ya con Pedro Sánchez en la Moncloa, la base mínima da un salto hasta 206 euros para aquellos sueldos inferiores a 240 euros. En definitiva, una subida de nada menos que el 129% en siete años.

La afiliación en el sistema de empleadas de hogar ha caído en lo que va de año el 4%, mientras en el Régimen General ha subido casi el 2%

En 2019, el empleador abona a la Seguridad Social una cuota de al menos 51 euros, mientras que el máximo son 309 euros. En el caso de una empleada de hogar con el salario mínimo legal para una jornada completa, 900 euros en 14 pagas, la cuota que abona el empleador es de 210 euros al mes (una vez descontado el 20% de bonificación que se aplican nueve de cada diez hogares). Si prorrateamos las dos pagas extras, el coste total es de 1.260 euros al mes, 239 más que el año pasado.

El incremento anual es de 2.868 euros y quizá detrás de él se encuentre la explicación de por qué en Valladolid la afiliación en el sistema de empleadas de hogar ha caído en lo que va de año el 4%, mientras en el régimen general ha subido casi el 2%.

Valladolid se sitúa, asimismo, por debajo de la media nacional en cuanto a utilización del recurso del servicio doméstico, o al menos por debajo del legalizado, a la vista de los registros de la Seguridad Social. Mientras las 396.159 personas afiliadas en el conjunto de España suponen el 2,05% del total de afiliaciones, las 4.164 vallisoletanas representan el 1,92%.

Hace unos meses, diferentes plataformas de empleadas de hogar salieron a la calle en varias ciudades españolas para demandar la equiparación de sus derechos laborales con los del régimen general. En especial, las protestas iban dirigidas contra el sistema especial de cotización del colectivo, que no otorga derecho a cobrar prestación de paro, ya que solo se cotiza por contingencias comunes, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, pero no por desempleo.

Por otra parte, la normativa permite la extinción del contrato «por desestimiento», una figura que solamente se aplica a las empleadas de hogar y a los altos directivos, «un auténtico despido sin causa prohibido por la OIT, que establece la obligación de alegar un motivo válido para el despido y la oportunidad de cuestionar la terminación de la relación laboral», según señala Arantxa Zaguirre, de la FundaciónAlternativas. La indemnización por despido equivale a doce días naturales por cada año de servicio, con el límite de seis mensualidades.

Discriminación y propuestas

La precarización de estas trabajadores queda de manifiesto en un informe elaborado por Oxfam Intermon, que apunta que sus salarios se limitan al 44% del sueldo medio, lo que explica que una tercera parte del colectivo viva por debajo del umbral de la pobreza. Llegadas a la edad de jubilación, las pensiones medias rondan los 520 euros al mes, la mitad que la del conjunto del sistema, por lo que el 65% necesita complemento para llegar a la prestación mínima.

«No disponen de acceso a la prestación por desempleo, cotizan muy poco lo que generará pensiones muy precarias, pueden ser despedidas sin una causa y no existe una protección especial para embarazadas; todo esto contradice la Constitución Española ya que discrimina a las trabajadoras por razón de su sexo, raza y nacimiento», sostiene Zaguirre, para quien el 'cheque-servicio' francés debería el modelo a imitar.

«Constituye un ejemplo de éxito ya que además de aflorar el empleo sumergido en el sector, garantiza el sueldo y las cotizaciones correspondientes e introduce deducciones fiscales para los empleadores», señala.