Las nuevas tarifas del vertedero obligarán a los pueblos de Valladolid a pagar el triple si no reciclan

«La directiva europea es clara y nos obliga a todos a alcanzar el objetivo de reciclar el 50% de los residuos urbanos (de todos) antes de 2020», aclara la concejala de Medio Ambiente, María Sánchez, antes de explicar que «debemos dejar atrás el modelo actual del coste de las basuras que llegan al Centro de Tratamiento de Residuos (CTR), que penaliza desde hace años a los municipios que, como Valladolid, separamos los residuos en origen». Los pueblos de la provincia, sin embargo, aún no han implantado este sistema de recogida selectiva para separar residuos orgánicos e inorgánicos (solo separan los envases) y el nuevo modelo de gestión de la planta de la carretera de León, aún en fase de alegaciones, pero que será aprobado en unos días, incluye un incremento más que notable de las tarifas que obligará a las mancomunidades que llevan sus desperdicios al CTR a pagar casi el triple. Eso, claro, salvo que implanten a tiempo el modelo de recogida selectiva.

El coste por tonelada de los residuos sólidos urbanos, que así se llaman los que introducen los vecinos de los pueblos de la provincia en los contenedores verdes, pasará de los 28,22 euros actuales a 77,99. Un pellizco que se traducirá en que las mancomunidades pasarán de pagar los 2,1 millones de euros anuales de la actualidad a 5,8. Eso a pesar de la rebaja que se aplicará a la recogida de envases ligeros (el contenedor amarillo), que pasará a recibirse sin coste alguno, frente a los 49,76 euros que se pagan ahora por tonelada.

El problema, en el caso de los pueblos, es que el año pasado generaron 74.328 toneladas de residuos sólidos urbanos y tan solo 2.370 de envases ligeros, de ahí el futuro incremento del precio que tendrán que pagar si no reciclan sus basuras a la hora de llevarlas a la planta municipal que da servicio al conjunto de la provincia.

La capital, sin embargo, sí cuenta con un sistema de recogida selectiva que discrimina entre residuos orgánicos (alimentos) e inorgánicos (todo lo demás) desde hace más de quince años y sus vecinos generaron el año pasado 29.662 toneladas de residuos orgánicos y 54.307 de inorgánicos. El coste actual del tratamiento de los orgánicos es 49,07 euros por tonelada, que pasará a rebajarse hasta los 31,08; mientras que por los inorgánicos se abona 51,64 euros y se pagará en el futuro 64,87. La rebaja del primero tipo de desperdicio y la ligera subida del segundo se traducirá en un incremento casi imperceptible del canon anual que el Ayuntamiento paga a la planta, que rondará un sobrecoste de 191.000 euros anuales en bruto, ya que un porcentaje del importe que el propio centro recibe por la posterior venta de los envases (se separan en la propia planta) revierte en las arcas municipales, según explicaron fuentes del Servicio Municipal de Limpieza.

De manera que el Ayuntamiento de la capital pasaría de pagar 2,8 a 3,5 millones de euros por el tratamiento de los residuos inorgánicos y apenas 900.000 por los orgánicos, frente a los 1,4 millones actuales.

La nuevas tarifas están incluidas en el anteproyecto de contratación del Centro de Tratamiento de Residuos, cuya concesión está a punto de expirar, y la propia Diputación, en representación de las mancomunidades, ha pedido al Ayuntamiento que «habilite un periodo de adaptación progresiva de la subida de las tarifas de cuatro años» para intentar implantar precisamente la recogida selectiva en los pueblos o, al menos, minimizar el impacto del coste que van a suponer los precios de la gestión de los residuos sólidos urbanos, según explicó ayer el diputado de Medio Ambiente, Alberto Magdaleno.

Tanto la Institución provincial como la municipal, eso sí, coinciden en apuntar a la futura gestión conjunta del centro. Y también apuntan hacia es modelo cuatro entidades ciudadanas (Federación de Vecinos Antonio Machada, Ecologistas, Ciudad Sostenible y Facua), aunque en su caso solicitan que la gestión sea directamente pública.

La concejala María Sánchez aclara que «a día de hoy resultaría imposible asumir la gestión pública del centro de tratamiento al precisar de una inversión de 40 millones de euros para renovar sus instalaciones y al dar servicio al conjunto de la provincia, y no solo a la capital». Lo que sí anticipa la edil es que el Consistorio «será sensible a las alegaciones de colectivos y administraciones».