El Ayuntamiento de Valladolid cobrará a las operadoras de telefonía por extender sus redes

Operarios de telefonía colocan cable para fibra en Valladolid. /HENAR SASTRE
Operarios de telefonía colocan cable para fibra en Valladolid. / HENAR SASTRE

El consistorio espera recaudar más de un millón de euros con esta nueva tasa

Jorge Moreno
JORGE MORENOVALLADOLID

El Ayuntamiento de Valladolid volverá a recuperar para el año que viene los ingresos de varias de las compañías de telecomunicaciones que habían dejado de ingresar, entre los años 2012 y 2018, como consecuencia de tres sentencias (europea y nacionales) que cuestionaban aspectos del cobro de esta tasa por la utilización que hacen las operadoras del suelo, subsuelo y vuelo en las vías públicas a la hora de extender sus redes, tanto de telefonía fija como móvil.

Se trata de una fuente de ingresos para las arcas municipales que si bien no es muy cuantiosa, sí que había dejado de percibirse por la anterior Corporación municipal después de los recursos que presentaron las operadoras. Ahora, tras aclararse el nuevo marco tributario, las Ordenanzas Fiscales Reguladoras del Ayuntamiento de Valladolid, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2019, fijan un nuevo sistema por el que estas empresas (Telefónica, Vodafone, Orange, Jazztel, MasMóvil, etc.) deberán pagar al municipio por el aprovechamiento del dominio público, de igual modo que se fija para los hosteleros que ubican las terrazas de los bares en calles o plazas de la ciudad.

Una utilización que también realizan las compañías de gas y electricidad, que tuvieron que pagar en 2017 al Ayuntamiento 3,7 millones. La estimación futura para las 'telecos' es de más de un millón.

El criterio que marca este cobro es la prestación de un servicio de suministro mediante redes o instalaciones que ocupen el suelo, el subsuelo o el vuelo, esto es, paredes, fachadas o crucen las vías. La percepción de esta tasa será además compatible con otras que el Ayuntamiento de Valladolid pueda establecer en el futuro.

Luxemburgo, TSJ y Supremo

La anterior Corporación de gobierno del PP ingresó 1,5 millones de euros en el año 2009, y otros 989.328 euros en el 2010. Al año siguiente (2011), el Consistorio de la capital no percibió nada como consecuencia del recurso que presentaron las operadoras ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León. En julio de 2012, el Tribunal Europeo de Luxemburgo anuló este canon por considerar que «no puede admitirse la percepción de estos cánones por los derechos de instalación en una propiedad pública o privada, o por encima o debajo de ella, puesto que se aplican a los operadores que sin ser propietarios de dichos recursos (...) los utilizan para telefonía móvil».

Posteriormente, el Tribunal Supremo español consideró excesivo el porcentaje del 1,5% a pagar de los ingresos que tienen las operadoras en los municipios donde están sus clientes. Tras este debate, el Ayuntamiento tuvo que devolver en 2013 alrededor de 2,7 millones por esta tasa percibida en tres años.

Trabajos de cableado para telefonía.
Trabajos de cableado para telefonía. / H. SASTRE

Ahora, la nueva Ordenanza Fiscal del Consistorio, que se encuentra actualmente en periodo de exposición pública, destierra ese 1,5% de los ingresos brutos facturados en el término municipal para la telefonía fija, así como la anterior fórmula de cálculo sobre la base imponible, para comenzar a aplicar desde enero de 2019 otro sistema en función de los recursos que son útiles para las telecomunicaciones (fijas y móviles), así como del valor de referencia del suelo municipal.

La cuota tributaria que recoge la Ordenanza se fija en función de 14,57 euros metro cuadrado, multiplicado por un coeficiente de ponderación para cada operador, en función del número de líneas fijas sobre el total de líneas y de móviles que tienen activas en la ciudad. Todo ello a fecha del devengo de la tasa. La fórmula también recoge los metros lineales de calas o canalizaciones, así como el tiempo de duración de la utilización privativa, expresada en año o fracción trimestral.

La normativa, que establece que «no se concederán más exenciones o bonificaciones que las previstas en las leyes o tratados internacionales», obliga a las compañías a presentar antes del 31 de enero de cada año una declaración del número de lineas de telefonía móvil, prepago y pospago activas en el municipio de Valladolid.

La Concejalía de Hacienda liquidará cada trimestre por el 25% de la cuota que corresponda al año, y las mismas serán provisionales y no prescribirán hasta los cuatro años.

Hacienda solicita un informe a Urbanismo

Antonio Gato, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Valladolid, ha solicitado un informe a su compañero de Urbanismo, Manuel Saravia, para poder disponer de datos sobre los metros de las redes de las operadoras, a partir de los permisos de obras e instalación. «La nueva filosofía de la tasa establece que deben pagar no en función de la facturación que obtienen, sino por el beneficio que les supone utilizar el espacio público calculando éste a partir del criterio de referencia del suelo, esto es, del valor catastral», explica Gato.

Otra novedad es que estos importes solamente los podrá liquidar el propietario de la red, no los arrendatarios de las mismas, y serán los primeros los que tendrán que hacer las autoliquidaciones. «Está claro que luego nosotros las supervisaremos», apostilla. Aunque las compañías no se han 'acercado' al Ayuntamiento, el edil no descarta convocarlas.