Multa de 10.000 euros por contratar ilegalmente a un jardinero en Pedrajas de San Esteban

Un juzgado de lo Social de Valladolid ha confirmado la sanción impuesta a un empresario de Pedrajas de San Esteban y, solidariamente, a su Consistorio, por la contratación irregular de un jardinero, que estaba prestando su trabajo en las piscinas municipales y no fue dado de alta en la Seguridad Social mientras se encontraba cobrando una prestación por el paro.

La sanción por una infracción muy grave a la normativa laboral tiene un importe de 10.001 euros, y ha sido hecha efectiva por el proveedor local con el que había contratado la anterior Corporación.

Según se recoge en la sentencia judicial, la Inspección de Trabajo realizó una visita el 12 de junio del 2013 a las instalaciones de la piscina municipal de Pedrajas de San Esteban, en donde un trabajador estaba en ese momento cortando el césped.

El funcionario constató que este jardinero trabajaba por encargo de una empresario local, y era a la vez perceptor de una prestación de desempleo desde el 27 de octubre de 2010.

Los trabajos de reposición, reparación, escarificación y acondicionamiento de la piscina fueron adjudicados por Ayuntamiento, que hasta junio de 2015 presidía Sergio Ledo (PSOE).

En el expediente administrativo elaborado por los inspectores se propuso la sanción de 10.001 euros, «por no cursar la preceptiva alta previa en la Seguridad Social del trabajador», empleado para las labores en los jardines de la piscina.

Al mismo, además, se le ha reclamado la devolución de las cantidades percibidas indebidamente como desempleado, fijando «como responsable solidario al ayuntamiento demandante».

Tras la tramitación del expediente, la Seguridad Social de Valladolid confirmó la sanción impuesta en el acta por los inspectores, así como la devolución de las cantidades percibidas por el trabajador, y la sanción accesoria de pérdida de ayudas, bonificaciones y beneficios derivados de los programas de empleo con efectos desde 12 de junio de 2013. Una responsabilidad que recae tanto en el contratista como en el Ayuntamiento de Pedrajas.

Aunque ambos recurrieron la sanción impuesta por la Dirección General de Empleo, el magistrado de lo Social ha ratificado la misma, y desestimado la demanda interpuesta por el Consistorio pedrajero.

El juez de lo Social, que da por ciertos los hechos recogidos en el acta de la Inspección, recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Supremo, desde el año 1995, sostiene que la contratación de las empresas públicas (en este caso el Ayuntamiento se equipara a ellas) debe de someterse a la legalidad laboral, tanto si la actividad es propia, contratada como externalizada.

En la sentencia se recuerda que la ley de Bases del Régimen Local fija cuáles son las competencias y de gestión de los municipios españoles, entre las que se incluyen las medioambientales, parques y jardines, promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre.

Sostiene el magistrado para establecer la corresponsabilidad municipal, que «la adjudicación del servicio, total o parcial, a una entidad privada a través de cualquiera de los mecanismos jurídicos contemplados normativamente al efecto, no desnaturaliza la prestación» del servicio.

La sentencia recuerda también que en el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores se equipara la responsabilidad laboral de los ayuntamientos con la de los empresarios, cuando se produzcan contrataciones con terceras mercantiles.

Para confirmar la sanción, y la responsabilidad en la contratación irregular, el magistrado señala que la prestación del servicio de piscina o de parques y jardines, es de titularidad municipal y encardinable en el concepto de propia actividad, «siendo así que las tareas de acondicionamiento del césped de la piscina necesariamente están integradas en la prestación del servicio de piscina municipal».

Entiende el juez de lo Social, citando otras sentencias similares en ayuntamientos de La Coruña o Tordesillas, que la responsabilidad de la contratación es del Consistorio de Pedrajas de San Esteban, al ser la prestación de ese servicio público de su competencia. Por cuantía de la sanción, el Ayuntamiento no pudo presentar recurso por lo que la multa ha sido declarada firme.

El alcalde de Pedrajas, Alfonso Romo (PP), explicó ayer que la sanción fue abonada por el contratista, «porque era suya la responsabilidad de no tener dado de alta al trabajador. Nosotros le exigimos que pagase la multa y nos diera el justificante del ingreso de los 10.000 euros, si quería seguir contratando con el Ayuntamiento».

Sin embargo, esta circunstancia no ha tenido lugar porque el empresario se ha jubilado hace unos meses.

Romo, que no fue miembro en la anterior Corporación como concejal, ya que entró en junio de 2015, sí que defendió que el Ayuntamiento de Pedrajas recurriera en los tribunales para tratar de eximir a su municipio de cualquier responsabilidad futura.

«Y hemos estado reclamando durante estos años que no teníamos por qué ser subsidiarios por una ilegalidad cometida por esta empresa».

El regidor de Pedrajas de San Esteban fue crítico con los controles que desde los últimos años se ejercen hacia los pequeños municipios, requisitos laborales que se piden por el Estado u otras administraciones para poder recibir ayudas.

«No tenemos personal para controlar si todos los contratos que hacen los proveedores están bien o no», apostilló Romo.