Los jueces de Valladolid, a un paso de la huelga
«Al ministerio le sale barato: cada juez hace el trabajo de dos»Administración de Justicia ·
El magistrado de lo Penal 3, Miguel Ángel Martín, y el juez decano, Emilio Vega, ponen cara al «hartazgo» del colectivo, con las retribuciones congeladas desde 2003
«Nos vamos a septiembre sin haber hecho gran cosa», señala el magistrado Miguel Ángel Martín Maestro en alusión a un año que está resultando ... especialmente conflictivo en la Administración de Justicia y que en Valladolid se traduce a día de hoy, como primer efecto, en un retraso mínimo de tres meses para poder celebrar los juicios suspendidos, aunque la mayoría de los juzgados de instrucción están reseñalando ya para el próximo octubre. «El retraso es importante, pero lo peor es que haces venir a la gente para tenerles luego que decir que se marchen», se lamenta. Solo en los juzgados de lo penal se celebran una media de cincuenta juicios al mes, unos 15 por semana. Con la huelga de funcionarios, prácticamente todos se han tenido que aplazar. También en los juzgados de instrucción y en la Audiencia Provincial. En los juzgados de lo social es peor: están ya señalando vistas para febrero y marzo del año que viene. Ello sin contar con los procedimientos y demandas que se apilan para ser tramitadas. Otro gran atasco en ciernes cuando apenas se acababa de normalizar la actividad tras la pandemia.
Primero fue, a finales de enero, la huelga de los letrados de la Administración de Justicia. Tres meses después, la protesta intermitente de funcionarios, que están parando justo los días en que se celebran más juicios en Valladolid, los martes, miércoles y jueves, y que amenazan con un paro indefinido desde el 22 de mayo porque el Ministerio ni se ha sentado a negociar con ellos. Y ahora están también con un pie en la huelga los jueces y fiscales, si este jueves no se llega a un acuerdo sobre la propuesta retributiva que ha puesto el Gobierno sobre la mesa.
En la sede judicial de Angustias, con las salas de vistas a medio gas y las entradas a los despachos judiciales empapeladas de planfletos aludiendo a la protesta, la sensación es de «hastío», reconocen los jueces consultados, que expresan también su desconcierto por el hecho de que las propias asociaciones a las que algunos pertenecen, ni siquiera les mantienen informados del contenido de las negociaciones abiertas desde hace un mes y, dicen, se enteran de lo que está ocurriendo en Madrid «por la prensa».
Por la semana de guardia, los jueces cobran unos trescientos euros brutos. La hora les sale a treinta céntimos
Martín Maestro, titular del Juzgado de lo Penal 3 de Valladolid, explica que jueces y fiscales tienen su sistema retributivo establecido «por Ley», que establece que cada cinco años una comisión tiene que reunirse abordar la actualización de sus nóminas. «Pero en veinte años eso no se ha producido y si no es por la demanda planteada en la Audiencia Nacional, no sé yo si se habría realizado esa reunión». Un juez cobra de media unos 4.000 euros netos al mes. Lo que reivindican es que «se actualice esa retribución que lleva congelada desde 2003, que se reponga lo perdido y se actualice el IPC, no por encima de eso«. Como a muchos de sus compañeros de carrera (la mayoría no están adscritos a alguna de las cuatro asociaciones profesionales de jueces) no le salen las cuentas con la propuesta de destinar 46,5 millones de euros y la promesa del Ministerio de Justicia de que en los próximos dos años subirán el sueldo un 8,3% a toda la función pública. Ni que propongan abonar con tres años de retraso el IPC en tres anualidades, el 8,5% de subida en 2023, 2024 y 2025, »cuando el IPC en 2022 ha subido el 8%. Vamos, que te devuelven lo perdido con retraso«.
Especialmente lacerante, indican, es el capítulo de las guardias. En ese turno, en el que están de servicio las 24 horas del día, todo el mundo cobra lo mismo, «independientemente de la responsabilidad o las consecuencias de su trabajo», subraya este magistrado. Así, por la semana de guardia (entran en martes hasta el lunes siguiente por la mañana) cobran unos trescientos euros brutos. La hora les sale a treinta céntimos de euro.
La mitad de los 5.000 jueces españoles se jubilan en esta década y solo se reponen cien por año
Aunque desde el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ya ha trasladado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que en Valladolid es «imprescindible» que se creen nuevas unidades judiciales de primera instancia, familia y de lo social para dar salida a la creciente litigiosidad, el juez decano se muestra escéptico en que el Ministerio de Justicia vaya a ampliar el número juzgados unipersonales cuando está preparando una Ley de Eficiencia basada en los tribunales de instancia. La actual plantilla, por el contrario, integrada por muchos jueces 'boomers' (la mayoría, nacidos en la década de los sesenta del pasado siglo) se enfrenta ya a jubilaciones, mientras que la tasa de reposición por oposición libre es muy pequeña, de 100 jueces cada año. En diez años, subraya Emilio Vega, van a jubilarse 2.600 jueces españoles de los aproximadamente 5.000 que están en ejercicio. Subraya, además, que en los últimos tiempos se están produciendo más jubilaciones voluntarias, una tendencia que asocia a la sobrecarga de trabajo y la falta de reconocimiento salarial y a la deriva de la Justicia. «Es porque la gente está harta; si no tienen cargas familiares y están en lo mejor de la vida, 60-61 años, muchos se están jubilando en la carrera judicial y fiscal, y esto ya lo sabe el Consejo».
Pero lo que subyace bajo esta protesta por las retribuciones es el cansancio «estructural» del día a día, reconocen: una carga de trabajo que desde hace muchos años duplica el cálculo de «carga apropiada» elaborado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Porque, indica Martín Maestro, «cada vez hay más litigios, los asuntos son más complejos y somos los mismos para resolverlos». En Valladolid, sostiene, «cada uno de los jueces hace el trabajo de dos y eso le sale muy barato al Ministerio. Tendría que haber el doble de jueces». Recuerda la ratio de jueces de España, 12 por cada 100.000 habitantes, mientras que la media en otros países del entorno está en 19,5 y en Alemania son 24 por cada 100.000 habitantes, el doble. De todas formas, ironiza, aunque los hubiera, tampoco hay salas suficientes donde celebrar las vistas.
Incidencias tecnológicas
A la falta de jueces se añade el hándicap de que las tecnologías aplicadas a su actividad «no hay semana en que no fallen» y «ello puede suponer paralizar por completo el trabajo hasta que se arregla al día siguiente porque no hay una alternativa a la digitalización. Es inimaginable que un banco se tire varias horas sin poder atender a sus clientes por un problema digital, pero aquí se para todo».
«No somos partidarios de hacer huelga, pero a veces la única forma es esta. Llevan veinte años incumpliendo la Ley que ellos mismos aprobaron», afirma el juez decano de Valladolid, Emilio Vega, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer. «Estamos con el salario congelado y en 15 años hemos perdido el 20% de poder adquisitivo; por los servicios de guardia ocho días dedicando las 24 horas cobramos menos de 300 euros. Esto es indigno y no proporcional a las responsabilidades que asumimos», resume el magistrado. «Si un celador de hospital no cobra lo mismo que un cirujano y todo el mundo lo entiende, en Justicia debería ser igual. Un auxilio judicial no tiene las mismas responsabilidades que un juez. Con esto no quiero decir que un auxilio no cobre lo que tenga que cobrar ni que esté en su derecho de reivindicarlo», puntualiza.
En este sentido, Vega resalta el hecho de que a los funcionarios judiciales ni siquiera se les haya llamado a negociar por parte del Ministerio de Justicia. «Desde hace casi un mes, tres días a la semana, están haciendo paros y no les llaman, lo justifican con que primero tienen que arreglar lo nuestro, es increíble. Es un fracaso que desde el Gobierno no intenten parar esta situación».
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Las asociaciones de jueces y fiscales desvelarán este jueves si aceptan la propuesta de los Ministerios de Justicia y de Hacienda y desconvocan la huelga, pero la Asociación Profesional de la Magistratura, que es la de mayor representación entre los jueces, ya ha adelantado que considera insuficientes los 450 euros al mes de subida, según refiere Europa Press.
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