Medina prevé llevar a la Fiscalía las irregularidades en una obra de la N-VI

Las conclusiones, que serán debatidas y presentadas ese día, tendrán que pasar también por el pleno xtraordinario del 15 de octubre, y será el último paso de esta comisión, ya que la intención del equipo de Gobierno es la de presentarlas ante la Fiscalía.

Según el expediente judicial, hasta la celebración de la Junta de Gobierno Local en la que se adjudicaron de manera correcta las obras, todos los trámites se ajustaban a la legalidad vigente, hasta que llegó la reclamación de la adjudicataria por más de 440.000 euros.

Las obras de urbanización de la primera fase tuvieron un importe de 934.728,60 euros. Con motivo de la ejecución de esas obras se emitieron un total de nueve certificaciones, entre 2007 y 2008, por un total de 858.298,38 euros. Además, el expediente también relata que en el transcurso de las labores de acondicionamiento de esta arteria medinense y «desconociendo el momento exacto» se propone «sin saber a petición de quien» (la demandante dice que es por parte de las autoridades municipales) un modificado de obra que se registra el 29 de mayo.

Una vez escuchados los testimonios, la portavoz del PP, Olga Mohíno, aseguró que a la vista de todas las comparecencias, «lo que vemos es que no hay indicios de responsabilidad penal de ninguna de las personas que pasaron por la comisión de investigación», aunque cree que puede haber «algunas irregularidades administrativas con las certificaciones y con los modificados del proyecto».

Para finalizar, la portavoz popular propone como medida «reforzar los servicios de Urbanismo y de Intervención del Ayuntamiento para que todos estos procedimientos tengan un mayor control, «y más ahora que tenemos obras de gran envergadura».

Mohíno, que volvió a recordar la demora a la hora de presentar las conclusiones», expresó su deseo de zanjar ya el asunto, mientras califica de «tontería» seguir manteniendo abierta la comisión de investigación.

Por su parte el equipo de Gobierno tiene claro que «existe una total vulneración en todas las normas que rigen la Ley de Contratación Pública», y aseguran que «el descontrol y la falta de diligencia en la gestión de las obras ha dado lugar a una deficiente gestión del dinero público».

En este sentido apuntan que «el comportamiento de todos los responsables políticos en su ejecución, se traduce en una falta de control, desidia, dejación de funciones, falta de vigilancia y apatía, que dio como resultado una nefasta gestión del dinero público, una ejecución absolutamente deficiente que podría ser susceptible de la comisión de un delito de malversación de caudales públicos».

El problema de la urbanización de la antigua travesía de la N-VI colea desde hace tiempo, cuando la constructora decidió reclamar al Ayuntamiento el montante de las dos primeras fases de las obras ejecutadas bajo el mandado de Crescencio Martín Pascual.

El actual equipo de Gobierno, que arrebató la Alcaldía a los 'populares' se metió de lleno en el asunto creando una comisión de investigación, en noviembre de 2016, que fue apoyada por el PP y el resto de formaciones políticas. Tras varias sesiones, se acordó solicitar la comparecencia de Martín Pascual, aunque nunca acudió.

En octubre de 2015, el exalcalde 'popular' acordó con la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León aceptar una condena de un año de cárcel y ocho de inhabilitación de cargo público por un delito de prevaricación administrativa y fraude a la administración pública por la adjudicación a dedo en 2008 del proyecto denominado «rotonda de acceso a la zona industrial», por importe de 324.531 euros.

Y así, tras varias sesiones, comparecencias, ausencias y parones, ahora se espera dar por zanjado un polémico asunto que podría afectar a las arcas municipales medinenses en el caso de que la Justicia diera la razón a la empresa reclamante.