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Concentración de padres para protestar por la Ley Celaá frente al Centro de Educación Especial Nº 1 de Valladolid. Henar Sastre

La LOMLOE, la puntilla para la educación especial

Las familias de alumnos con discapacidad, se concentran frente al Centro de Educación Especial Nº 1 de Valladolid para protestar por la Ley Celaá, que sentencia de muerte a los centros específicos

Laura Negro

Valladolid

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Jueves, 19 de noviembre 2020, 17:52

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«¡Qué más quisiera yo, que mi hija fuera a un colegio ordinario como los demás niños!». La que así habla es Marta del Valle. Ella es mamá de una niña de 14 años, alumna del colegio de educación especial Número 1 de Valladolid desde que tenía 3 años. Padece Síndrome 5p menos (5P-), con una discapacidad del 94%. «No quiero que mi hija y el resto de niños con discapacidad, sirvan de cobayas para experimentar la inclusión en otros centros. Mi hija cursaría 3º de la ESO, pero no lee, no escribe y apenas habla. En un colegio ordinario, estaría completamente apartada», añade esta preocupada madre. Es una de las decenas de familiares que hoy se han concentrado frente al Colegio de Educación Especial Nº1, con el apoyo de la plataforma nacional 'Educación Inclusiva Sí, Especial También'. Enarbolaban globos naranjas y verdes y grandes pancartas con el lema «la educación especial es una herramienta para la inclusión social».

Las familias, los propios alumnos y también los profesionales de la educación especial llevan meses intentando dar voz a esa minoría más vulnerable de la sociedad. Han mantenido infinidad de reuniones y se han manifestado pidiendo que se les tenga en cuenta. Sienten que la LOMLOE, que se aprobó en una ajustada y bronca votación en el Pleno del Congreso, les está dejando atrás, pero las familias afirman que «no piensan rendirse». La denominada «Ley Celaá», que ya ha pasado al Senado para su aprobación inicial, está marcada por la polémica. Y es que, propone la supresión del castellano como lengua vehicular, da la posibilidad de promocionar de curso con asignaturas suspensas, acorrala a la educación concertada y ha puesto fecha de caducidad a la educación especial al pretender integrarla en la educación ordinaria.

Esta ley ha supuesto un varapalo para las familias y profesionales, ya que establece que, en el plazo de 10 años, los centros ordinarios contarán con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Con ella, se abre la posibilidad a que las Comunidades Autónomas puedan ir vaciando los centros de educación especial y transformándolos en centros de recursos, sin apenas alumnado.

Al frente de una de las pancartas estaba Yolanda de la Viuda, presidenta de la Asociación Ayuda a la Dependencia y Enfermedades Raras de Castilla y León y representante en la región de la plataforma 'Educación Inclusiva Sí, Especial También'. «Pretenden ir vaciando estos colegios especiales. Ahora mismo, la educación especial es la que está dando respuesta a las necesidades vitales de nuestros niños. Lo que nosotros defendemos es el derecho a que las familias puedan elegir lo mejor para sus hijos. Nadie mejor que un padre o una madre para saber lo que necesitan», declaró a El Norte.

Jairo Aguado, representante de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), también estaba allí para mostrar su oposición a la Lomloe y al trasvase de alumnos a la educación ordinaria. «Algunos no saben leer ni escribir. Otros no controlan esfínteres. Otros necesitan fisioterapia, logopedas, hidroterapia o apoyo en audición y lenguaje. En los centros ordinarios la ratio es de un profesor para 25 alumnos, mientras que en la educación especial la ratio es de 1 profesional por cada 5 niños. Protestar es lo único que nos queda hacer para luchar contra esta ley que se ha tramitado en un estado de alarma, cuando las familias no pueden movilizarse», expone.

Las familias son conscientes de que la mayoría de estos niños con necesidades especiales, sólo alcanzan un desarrollo básico de comunicación, lectura y movilidad. Unos pocos logran desarrollar hábitos rutinarios para desenvolverse en el ámbito doméstico y escolar. Y otros, ni eso. Por eso quieren tener, al menos, la libertad para poder elegir dónde educar a sus hijos. «No entiendo nada. Es un despropósito», decía Jesús Fernández. «Este gobierno, que presume de ser progresista, con la «Ley Celaá», lo único que va a conseguir es que regresemos a los años 60 y 70, cuando los niños con discapacidad estaban escondidos en casa, porque no había un sitio donde llevarles». Su hijo Joaquín, de 16 años, tiene el 100% de discapacidad. «Si cierran estos colegios, yo tendré que dejarle en casa. En un centro ordinario estaría en una esquina, como si fuera un mueble. Mi hijo no habla, no ve y le pueden dar hasta 3 crisis epilépticas durante una jornada lectiva. ¿Quién le atendería allí? Aquí, en cambio, tiene enfermeras y fisioterapeutas. ¿Van a hacer dos modelos educativos dentro del mismo aula?, porque está claro que mi hijo no va a aprender matemáticas, ni naturales. Tampoco latín. La ministra Celaá no sabe lo que realmente es la educación especial y la quiere eliminar. Eso es muy grave», remata este padre.

Como profesional del sector, Natalia Sanz, secretaria del Colegio de Educación Especial Nº1, que cuenta aproximadamente con 100 alumnos, se muestra partidaria de la integración, pero que no lo que pretende la Lomloe, no lo ve «ni viable ni conveniente». «Los centros ordinarios no disponen de los medios que tenemos la enseñanza especial, por no hablar de que nuestros edificios están adaptados, tenemos salas multisensoriales o poza terapéutica, por ejemplo. La experiencia nos dice que muchos niños con discapacidad que vienen de colegios ordinarios, no han tenido amigos hasta que no han llegado aquí. Y en cuanto a los contenidos, hay alumnos de 20 años, que están en una fase de desarrollo de 3 años. Por mucha adaptación curricular que se tenga, esos niños no podrán seguir el currículo», asegura esta profesional.

El próximo martes 24 de noviembre, a las 18:00 horas, se ha convocado, frente a la sede de la Delegación del Gobierno en Castilla y León, en Valladolid, una concentración de protesta para defender un «un sistema educativo de calidad y más plural».

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