Los juzgados de Valladolid gastan una media de 20.778 folios diarios al tercer año del 'papel cero'

Aunque, según se constata por los datos de los contratos de suministro, hubo un repunte en los primeros meses de implantarse la medida, es cierto que se ha reducido el consumo en 200 paquetes al mes respecto de los 15 meses anteriores a junio de 2017, pero todavía en febrero del año pasado el gasto en papel fue considerable y evidencia que se compaginan los formatos digitales con las copias impresas de documentos, e incluso, escaneadas.

Los contratos de abastecimiento de papel están centralizados para el territorio Ministerio (Castilla y León forma parte del conjunto de comunidades que no tienen transferidas las competencias en materia de Justicia) y el pasado abril hubo problemas de suministro cuando subió el precio y la empresa suministradora, una firma portuguesa, había presentado un presupuesto tan ajustado que no pudo asumir el encargo y quebró, ya que su principal cliente era el Ministerio de Justicia de España. «Fue un verdadero quebradero de cabeza», confesó el gerente de Valladolid, Arturo López Sacristán. A partir de esa fecha las adjudicaciones para el abastecimiento de papel se las reparten otras empresas.

Desde los operadores jurídicos se reconoce que, con el cambio de gobierno y la nueva ministra Dolores Delgado «se ha reducido bastante la presión» para digitalizar a toda costa los usos y costumbres en las sedes judiciales, un cambio que todo el mundo coincide en que es necesario e irreversible pero que critican todos, también jueces y fiscales, «porque se ha hecho sin contar con los interesados y con una escasa inversión en medios técnicos y humanos», señalan, si bien coinciden en que, poco a poco, la situación con la denostada plataforma Lexnet ha mejorado. Que el consumo de papel sea todavía tan importante, indican, «tiene mucho que ver con que la gente hace el trámite digital pero después no se siente segura y lo imprime», lo que también se nota en el importante trasiego de 'toner' de las impresoras en los juzgados cuyo gasto, «en lugar de disminuir, ha aumentado», puntualiza Raúl Franco, delegado del sector de Justicia de Comisiones Obreras, quien corrobora que «todavía hay mucha reticencia a ver los documentos en las pantallas» y que sigue siendo llamativo, después de tres años de aplicación del 'papel cero' «que lleguen furgonetas con palés de cajas de folios».

En el horizonte próximo, vaticina, «va a seguir así en todo el territorio Ministerio, con esas necesidades de papel y cambiando impresoras, porque en casi todos los juzgados, por si acaso, se compatibiliza el formato telemático con papel, escaneado, llamadas telefónicas para confirmar; incluso todavía se usa el fax. Hay asuntos urgentes que requieren una respuesta ya, como los de violencia de género, que no pueden estar esperando al relojito de la pantalla». El motivo es que la plataforma falla demasiado, «aunque este año en Valladolid han conseguido que no se caiga del todo, pero la lentitud es exasperante», indica el sindicalista. Así que, de momento, el objetivo de sacar adelante más trabajo en menos tiempo y, por tanto, la agilización de los procedimientos para dar una respuesta rápida al ciudadano, sigue sin cumplirse.

El decano del Colegio de Abogados de Valladolid, Javier Garicano, indica que en el último año se han producido pocos cambios en lo que se refiere al sistema Lexnet, «porque sigue siendo una aventura mandar algo a través de él y es francamente mejorable», pero reconoce que la digitalizaciòn ha venido para quedarse y «nos obliga a cambiar algunas sinergias en la manera de trabajar». Pero, aunque el 'pincho' se está imponiendo para recoger la documentación de los procedimientos, «al final acabas imprimiendo, en especial, cuando se trata de documentos trascendentes o de macrocausas inabarcables».

La informática depara no pocos problemas en la vida diaria de los juzgados, que conlleva desesperación para los funcionarios y jueces, tiempos muertos y demoras. Cuando no es en sala porque la videoconferencia o el sistema de grabación conectado a los micrófonos falla, es porque los documentos a disposición de las partes en el procedimiento desaparecen. Los problemas con 'el extravío' digital de documentación, recuerda Garicano, se pusieron de manifiesto por parte de los letrados de la defensa durante el juicio del Plan General de Ordenación Urbana en la Audiencia de Valladolid. En los discos facilitados por el juzgado, faltaban planos y otros documentos esenciales para la causa.

Hace hincapié también este letrado en las diferencias que todavía existen entre los juzgados de comunidades con las competencias transferidas y los que están en territorio Ministerio, como ocurre con Castilla y León, «donde no tenemos la posibilidad de acceder directamente al expediente judicial y no sabemos si lo que hemos mandado llega tal cual al juzgado». Siguen siendo plataformas diferentes, de forma que «un profesional de Valladolid que quiera trabajar en Santander, por ejemplo, tiene que darse de alta en su sistema». Envidia, como el resto de operadores jurídicos, «un sistema como el de Hacienda».

La decana de los procuradores de Valladolid, Cristina Goicoechea, que representa al colectivo pionero en las notificaciones electrónicas, indica que, hoy por hoy, el papel es imposible de eliminar. «Depende de la capacidad de adaptación que desarrollemos o no, pero es verdad que hay asuntos que, para tomar una resolución judicial, hay que mirar muchos documentos a la vez, cotejarlos, y la informática todavía no permite eso: A veces hace falta el papel, no por comodidad, sino por eficacia». La procuradora señala que en estos tres años «no se ha cumplido con el objetivo de rapidez ni 'papel cero', pero sí el de seguridad jurídica y de control fuera del territorio y ha mejorado la comunicación de juzgado a juzgado».

Al final, como siempre, apunta, es cuestión de presupuestos.