Un juzgado de Valladolid condena a una activista proaborto asturiana por difamar a Abogados Cristianos

Manifestantes durante el juicio contra la activista proaborto. /Rodrigo Jiménez
Manifestantes durante el juicio contra la activista proaborto. / Rodrigo Jiménez

La magistrada estima la demanda por intromisión ilegítima en el honor del colectivo, al que acusó de cobrar subvenciones en detrimento de otras entidades sin ser cierto

M. J. Pascual
M. J. PASCUALValladolid

El Juzgado de Primera Instancia 14 de Valladolid ha estimado la demanda por intromisión ilegítima en el honor interpuesta por la Asociación de Abogados Cristianos contra Blanca Cañedo-Argüelles, representante de la Asociación de Clínicas Autorizadas para la Interrupción de Embarazo (Acai), además de directora de la clínica Belladona y presidenta de la Fundación Mar de Niebla, por las manifestaciones que esta realizó en una publicación digital en contra del colectivo cristiano al que acusaba de cobrar subvenciones en detrimento de otras entidades.

La magistrada considera que ha quedado acreditado que tales manifestaciones realizadas por la demandada no son ciertas y, por tanto, no están protegidas por el derecho a la libertad de información. «Constituyen una intromisión ilegítima en el derecho al honor de la Asociación actora, en cuanto que acarrean objetivamente una difamación (…) o desmerecimiento en la consideración ajena», se señala en la sentencia, que ha hecho pública este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ).

La resolución obliga a la demandada, una conocida activista de Asturias, a restablecer el derecho violado mediante la publicación de la sentencia en el diario digital demandado, dándole la misma difusión que tuvo la entrevista objeto del pleito.

La magistrada condena también a la demandada a pagar una indemnización simbólica por daño moral, cantidad que fija en un euro, lejos de los 6.000 euros que reclamaba el colectivo demandante.

Según recoge la sentencia, en la entrevista publicada, la demandada (socia de una clínica abortista) «emite una información de hechos no veraces -la parte actora no ha recibido subvenciones, ni las obtiene por cada caso que abre-» y, al mismo tiempo, emite opiniones como que «la educación sexual siempre será un problema para las mentes oscuras y peligro de los intransigentes, que están sustentadas sobre una información no veraz, que la propia demandada emite y por ello no puede estar protegida por el derecho de libertad de expresión».

En un estado democrático de Derecho, señala la magistrada, «los mecanismos de 'confrontación' no pueden pasar en ningún caso por la intromisión en el honor de aquellos que piensan y actúan de forma diferente».

La resolución recuerda que la Constitución solo reconoce y protege el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz, «de modo que si falta la veracidad –presupuesto de ese derecho– no existe ni colisión ni prevalencia de la libertad de expresión sobre el derecho al honor».

Además, añade que «la libertad de expresión, no protege el empleo de apelativos injuriosos utilizados con fines de menosprecio, y si bien la libertad de expresión ampara la crítica incluso molesta o hiriente, no ampara la expresiones injuriosas e innecesarias para el fin de la información pública en atención al cual se garantiza constitucionalmente su ejercicio».

«En un Estado social y democrático de Derecho, como el nuestro, basado en la libertad y el pluralismo, sobran expresiones insultantes, injuriantes y vejatorias, que provoquen el descrédito de quien las sufre», concluye la magistrada.

El Juzgado de Primera Instancia número 14 de Valladolid celebró el juicio el pasado 12 de febrero en la sede de Nicolás Salmerón contra Blanca Cañedo-Argüelles como consecuencia de la demanda interpuesta por la Asociación de Abogados Cristianos. Esta organización, con sede en Valladolid, demandó a Cañedo por menoscabar el honor de la asociación al decir, en una entrevista en La Voz de Asturias, el 19 de marzo de 2018, que esta «recibe una muy buena subvención por cada caso que abren», una afirmación que la parte demandante calificó de «completamente falsa» por cuanto los ingresos dependen únicamente de aportaciones privadas. La Coordinadora de Mujeres de Valladolid y representantes de varias asociaciones feministas de Asturias se concentraron esa mañana en las inmediaciones de la sede judicial vallisoletan en apoyo de la activista demandada.

La Coordinadora de Mujeres de Valladolid, convocante de la manifestación, enmarcó las acciones de Abogados Cristianos dentro de los ataques que sufren aquellas personas que se mantienen firmes en su compromiso por garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas, mientras que Abogados Cristianos recordó que su demanda contra la activista asturiana es «exclusivamente» por difamación.