El juez confirma que el exedil de Valladolid Antonio Gato no estaba obligado a abstenerse en la contratación de su cuñada

Óscar Puente y Antonio Gato, /H. SASTRE
Óscar Puente y Antonio Gato, / H. SASTRE

Una sentencia subraya que no participó en el proceso de selección y condena al Ayuntamiento a publicar la resolución que exime de culpa al antiguo concejal de Hacienda

El Norte
EL NORTEValladolid

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Valladolid ha estimado el recurso contencioso administrativo interpuesto por el exconcejal de Hacienda, Función Pública y Promoción Económica del Ayuntamiento de Valladolid Antonio Gato y ha anulado el acuerdo de la Junta de Gobierno de 9 de enero de 2019 por el que se declaró el incumplimiento del deber de abstención en la firma del decreto de contratación laboral temporal de su cuñada y se sancionó al exconcejal con la publicación del acuerdo en el BOP. El Juzgado condena asimismo al Ayuntamiento a publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid la parte dispositiva o fallo de la sentencia dictada.

La sentencia, tras realizar un pormenorizado relato de los hechos, analiza de forma exhaustiva en su fundamento de derecho tercero que tipo de participación o intervención tuvo el concejal en el proceso selectivo para determinar si concurría o no causa de abstención que determinara que el no hacerlo podría comprometer los requisitos impuestos por la ley vigente. Queda así probado que la iniciativa de las tres contrataciones (un economista y dos ingenieros para realizar tareas mediante contrato de obra o servicio tareas de apoyo al proceso de remunicipalización de la gestión del agua en la ciudad de Valladolid) parte de una concejalía distinta, que es la que también propone la duración prevista de los contratos, su modalidad y funciones, el perfil profesional requerido, la forma de selección de candidatos mediante oferta genérica de empleo al ECYL, la composición del Órgano de Selección y las pruebas selectivas a efectuar.

Realiza también la sentencia una valoración del proceso selectivo afirmando que fueron elegidos quienes de forma objetiva superaron las pruebas y obtuvieron mayor puntuación, respetándose siempre en todo el proceso los principios de mérito y capacidad.

Afirma asimismo que fue el órgano de selección, por unanimidad de sus miembros, el que determina quienes son los aspirantes que han superado el proceso de selección y efectúa la propuesta de contratación, proceso en el que el concejal Antonio Gato no tuvo ningún tipo de intervención ni participación.

«Su firma o ratificación fue meramente formal, sin ningún tipo de afectación al contenido de la decisión administrativa, que fue realmente tomada por el Órgano de Selección con propuesta del subdirector del Departamento de Gestión de Personal». Es una mera validación sin afectación, por lo que considera la Magistrada-Juez que , en este caso concreto, y valorando en conjunto todas las circunstancias concurrentes, el actor (concejal) «no es merecedor de una sanción por incumplimiento del deber de abstención» y que «el actor por el mero hecho de firmar la citada Resolución o Decreto, no puede considerarse que incurrió de forma objetiva en una infracción tipificada en el art 29.2.b) de la Ley de Trasparencia»

En su fundamento de derecho cuarto la sentencia establece el alcance y la naturaleza del deber de abstención de los concejales regulado en la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, resaltando como principios rectores de la misma los de integridad, honestidad, imparcialidad, objetividad, entre otros. Establece asimismo que el deber de abstención va dirigido a garantizar que no se produzca la influencia de intereses personales y/o familiares de los altos cargos mencionados en su ámbito de aplicación, así como a la satisfacción del principio constitucional de objetividad e imparcialidad.

Ninguna persona por tener un vínculo familiar con un concejal de un Ayuntamiento pueda recibir un beneficio o un trato de favor que no obtendría de no participar de esa familiaridad o que le coloque en una posición aún mínima de privilegio por encima del resto de la ciudadanía y concluye que «pero esto no afecta ni concurre en el supuesto que aquí se está dirimiendo, pues la cuñada del concejal participó en proceso objetivo y de concurrencia competitiva, superó las pruebas selectivas por sus propios méritos sin que este proceso tuviera ninguna participación ni intervención ni influencia el concejal afectado, que se limitó a ratificar con su firma la decisión tomada, en puridad hubiera sido más saludable no haber firmado, pero se considera que analizando de manera pormenorizada este caso concreto, la firma no tiene entidad suficiente como para justificar la comisión de la infracción imputada».

Antonio Gato ha manifestado su «satisfacción» por la sentencia puesto que esta recoge todos y cada uno de los argumentos que ha venido manteniendo en las muchas vicisitudes que ha tenido este asunto. «Han quedado así acreditadas en sede judicial la limpieza y transparencia del proceso de contratación que se llevó a cabo con absoluto respeto y cumplimiento de todos los principios que rigen en este tipo de procesos, así como mi honestidad, la de la persona que seleccionada (mi cuñada) y la del Órgano de Selección», subraya.

En junio de 2016 cuando sale a la luz pública este proceso, el hasta hace poco Portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid el señor Martínez Bermejo inicia una auténtica «cacería política contra mí y contra el alcalde Óscar Puente, con el objeto de desacreditarme ante la opinión pública y poner en duda mi honorabilidad, llegando a pedir mi cese en varias ocasiones». La «cacería» ha durado hasta enero de 2019 cuando la Junta de Gobierno toma el acuerdo, ahora anulado por la Justicia, de declarar mi deber de abstención y ejecutar la «pena» consistente en publicar el acuerdo en el BOP.

«A lo largo de estos años algunos medios de comunicación se han hecho eco de las múltiples incidencias de este proceso, generándose en la opinión pública cuando menos la sombra de duda sobre la limpieza del proceso y mi honestidad», resalta. «Al final el tiempo, y especialmente la Justicia, dan o quitan la razón, y ponen a cada uno en su sitio. Pero el daño ya está hecho, daño personal, a mi entorno familiar, profesional y político. Exijo por tanto una reparación pública por parte de Martínez Bermejo». «Quiero agradecer al alcalde Óscar Puente el total apoyo que me ha prestado a lo largo de todo este agotador proceso. El conocía al detalle como se había producido este y nunca tuvo duda de la limpieza y legalidad del mismo, y de mi honestidad. Únicamente ante la resolución de la Audiencia Provincial consecuencia de la querella penal interpuesta contra el por Martínez Bermejo, se vio obligado a proponer el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno», concluye.