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Lunes, 16 de marzo 2020, 14:31
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Uno de los efectos derivados de esta crisis sanitaria es la toma de conciencia del elevado número de sectores de la población que son vulnerables. Uno de ellos, crítico además por su presencia constante en la calle en un momento de cuarentena social, es el de las personas sin hogar, por lo que el Gobierno, según informó ayer la Delegación que dirige Javier Izquierdo, ha diseñado un «plan de choque» específico para este colectivo.
En Valladolid, según explican desde la Concejalía de Servicios Sociales, se trabaja habitualmente con unas 70 personas, pero hay al menos otras 40 que no acuden a los servicios «normalizados», por lo que el plan de choque podría alcanzar a más de un centenar de ciudadanos.
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Entre las medidas que se van a implementar está la entrega de un kit de alimentación e higiene a personas sin hogar, a las que además se les medirá la temperatura por si aparecieran síntomas. También se ha previsto habilitar comedores sociales en los que se entregará comida para llevar. «Los centros para personas sin hogar se reforzarán con personal sanitario y se entregarán equipos de protección a los trabajadores. Se reforzarán servicios de limpieza y desinfección», añade la Delegación. Además, se habilitarán, si es necesario, «espacios amplios para alojar, alimentar y garantizar la higiene de personas sin hogar».
Izquierdo quiso destacar la ausencia de incidentes graves en las primeras horas del estado de alarma, y ejemplificó el civismo a través de dos colectivos que se han podido sentir vilipendiados por las críticas.
El primero, el colectivo gitano, a raíz del funeral que provocó un brote importante y de la actitud de uno de los familiares que debía permanecer en aislamiento. «Los familiares de la primera víctima que ha habido, estas familias gitanas de Burgos que antes de que se decretara el estado de alarma han actuado con una ejemplaridad absoluta a la hora de desarrollar el sepelio y la recepción de familiares en el tanatorio, garantizando todas las medidas que entonces eran solo una recomendación», explicó. «Quiero ponerlo en valor como ejemplo, es una muestra de civismo».
El otro ejemplo que puso fue el de los ciudadanos de origen chino que residen en España. «Personas que tienen tiendas y han ido a las subdelegaciones a entregar mascarillas. La ciudadanía tiene que tener claro que el virus afecta a personas, no es un problema de etnias ni de nacionalidades», añadió el delegado del Gobierno.
Izquierdo anunció que en caso de incumplimiento de las obligaciones que impone el estado de alarma «habrá denuncias», aunque las sanciones se conocerán a posteriori, cuando se reanuden los plazos para recurrir, etc. Además, aclaró que serán «los jueces, y no el Gobierno», quienes decidan si alguna de las infracciones denunciadas conlleva penas de cárcel además de las correspondientes sanciones económicas.
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