Inmobiliarias critican la compra municipal de pisos para rentas bajas sin contar con el sector

Arturo Villada, delegado de esta entidad en Castilla y León, recuerda que cuando se llevó a cabo el plan de realojo del Poblado de la Esperanza, el gobierno local trabajó con las inmobiliarias para adquirir los pisos, de tal manera que las firmas, «que están dando trabajo y pagan sus impuestos en la ciudad», también lograron beneficiarse de las operaciones, aunque sea en un porcentaje reducido.

Tanto Villada como Julio de Fuentes, de Finvall, censuran que el Ayuntamiento esté plagando las calles de carteles y buzoneando la información, lo que, a su juicio, supone una intromisión en su negocio. «Hemos aguantado como hemos podido la crisis, luego nos ha tocado vender lo que nos dejaban los bancos y ahora que estábamos levantando cabeza llega el Ayuntamiento; el sector está molesto», subrayan ambos empresarios.

Los profesionales aseguran que las viviendas de segunda mano que está comprando el Ayuntamiento, con un precio máximo de 70.000 euros, son las que precisamente se están moviendo ahora en el mercado de todos los barrios de la capital. La oferta municipal, aseguran, está frustrando algunas operaciones que ellos tenían apalabradas y subiendo los precios de los pisos. La asociación reclama al Consistorio que tenga en cuenta esta situación y se muestra dispuesta a colaborar en este programa.

El concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, matiza que VIVA está utilizando técnicos propios para hacer las tasaciones y para revisar las casas que se ofrecen, en una licitación que es «pública y abierta» a todos. El edil recalca que en algunas de las operaciones de compraventa han participado empresas inmobiliarias como intermediarios y niega que el programa esté incrementando los precios. Saravia asegura que la colaboración con el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria es buena y se muestra dispuesto a tratar este asunto con los representantes del sector. Deja claro que el objetivo del equipo de gobierno es crear un parque público y niega que este plan perjudique a las empresas que operan en la ciudad.