La igualdad fiscal permitirá a Castilla y León dejar de competir «con la mano atada a la espalda» para atraer empresas, según Igea

Francisco Igea, se reúne con la Confederación Vallisoletana de Empresarios/Ical
Francisco Igea, se reúne con la Confederación Vallisoletana de Empresarios / Ical

La CVE pide medidas para frenar la «excesiva» presión inspectora que perjudica a las empresas locales

El Norte
EL NORTEValladolid

El candidato de Cs a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, defendió este jueves que el futuro de la 'España vacía' pasa por corregir la actual política fiscal, y hacerlo a favor de una igualdad para las empresas y los ciudadanos con independencia de dónde vivan. A su juicio, es hora de que la Comunidad deje de competir «con la mano atada a la espalda», en situación de desigualdad con autonomías como Madrid y el País Vasco, algo que han permitido PP y PSOE para vivir de «favores y del cuponazo». «Somos el único partido que defiende la igualdad fiscal», dijo. «No habrá futuro para la España vaciada si no se corrige y no somos capaces de convencer de que ya está bien de desigualdad, de que no puede haber españoles de primera y segunda, y de decir que no son los territorios los que pagan impuestos, sino lo ciudadanos».

Igea, que hoy se entrevistó con la presidenta de la Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE), Ángela de Miguel, denunció que quienes argumentan que los conciertos son buenos, mienten, porque esto genera «falsedad y desigualdad». Por ello, ante las próximas citas electorales, recordó que hay que hablar de igualdad, que es lo que hace su partido y al que convergen todos aquellos que piensan lo mismo.

Presión inspectora

Por su parte, De Miguel, quien valoró las políticas fiscales que defiende Cs, tales como la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, menor presión fiscal para las empresas y los inversores, trasladó al candidato las principales preocupaciones de la formación que preside, que pasan por el absentismo laboral, la «excesiva presión» inspectora que sufren las empresas en comparación con otros territorios, así como asuntos más de ciudad como el soterramiento del ferrocarril.

En cuanto a la presión inspectora, denunció que existe «una fuga de empresas», porque en otros lugares es inexistente. Así, explicó que, según datos del 'Informe Anual de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social' del año 2017, en Castilla y León la presión inspectora es del 50,5 %, mientras que en la Comunidad de Madrid fue del 14,4 %. Para la CVE esta actividad se realiza con fines recaudatorios, y el hecho de la existencia de nuevas normas e interpretaciones está generando confusión y malestar en las empresas que en muchos casos se ven sometidas a inspecciones que tan solo consiguen entorpecer la actividad normal de la empresa.

Por ello, la Confederación considera que la inspección debe centrar sus esfuerzos en llevar a cabo actividades que permitan detectar y combatir la economía sumergida, que según las estimaciones, se sitúa en el entorno de los 180.000 millones de euros el movimiento que genera este tipo de actividad al margen de la legislación, centrando sus esfuerzos en aquellos que realizan la totalidad de su actividad al margen del sistema, puesto que suponen un foco muy importante de competencia desleal para el tejido productivo en Valladolid.

Absentismo laboral

Por lo que respecta al absentismo laboral, la CVE propone contar a modo de experiencia piloto con la posibilidad de que las mutuas puedan dar el alta médica en procesos de ITCC para patologías traumatológicas ya que son expertas en la asistencia sanitaria de dichas patologías, así como que las mutuas recuperan, de nuevo, un seis por ciento de las cotizaciones por contingencias comunes para financiar la prestación de ITCC.

Soterramiento

En la reunión también se abordaron otros asuntos como el soterramiento, aspecto en el que la CVE apuesta por una «opción no conformista, sostenible y de futuro», que es la «depresión» de las vías, manteniendo la estación. Se trata de una solución intermedia entre la ejecución del Plan Rogers y el modelo de integración propuesto por el Ayuntamiento.

No se trata de que se haga en 2020, sino que se diseñe para ejecutarse en la segunda mitad de la siguiente década. Mientras tanto, las obras de «conexión» que se necesite hacer, deberán estar encaminadas al resultado final. La Confederación considera que no puede llenarse el recorrido de las vías con pasos subterráneos que posteriormente entorpezcan cualquier solución de deprimir las vías. «Las conexiones que hagan falta, deberán ser, en la medida de lo posible, por encima de las vías, lo que no impedirá dentro de unos años actuar sobre ellas sin alterar el paso de personas y vehículos», concluyó De Miguel.